El hijo del obrero a la Universidad: las movilizaciones estudiantiles del 86/87

Análisis y enseñanzas de las movilizaciones estudiantiles de 1986/87 elaborado por el Comité Sectorial de Estudiantes de la UJCE.

¿Por qué en el 86?: cronología de las movilizaciones

El curso de 1986/87 aparece marcado por 3 factores que determinarán inmediatamente el inicio de un ciclo de movilizaciones que se extenderá alrededor de 5 meses, desde  noviembre-diciembre de 1986 hasta abril-mayo de 1987, primero por los institutos fundamentalmente y posteriormente por las universidades de todo el país. Los factores que desencadan la movilización podemos resumirlos en: una importante ola de manifestaciones estudiantiles en Francia inmediatamente anteriores, la entrada en vigor de la selectividad que introdujo la Ley de Reforma Universitaria del 83, la creación del Sindicato de Estudiantes a finales del curso anterior.

Efectivamente, en Francia viene debatiéndose desde octubre la aprobación de la denominada “ley Devaquet” que prevé exámenes selectivos más duros para el acceso a la universidad. En noviembre se reúnen los Estados Generales de la universidad, en los que participan los sindicatos UNEF-IF (socialista) y UNEF-SE (comunista), convocando una huelga para el 27 de noviembre que saca a casi un millón de estudiantes a la calle pidiendo la paralización de la tramitación de la ley de enseñanza superior. Las movilizaciones continuarán, llegando a su cumbre con el asesinato por disparos de la policía de un estudiante durante una manifestación en las calles de París. En diciembre el primer ministro anuncia la retirada del proyecto de ley.

La movilización francesa es relevante para el caso español tanto por el simbolismo de la “victoria” parcial obtenida, como por el hecho de que su anterioridad inmediata a la movilización en el estado español sirviera como fuente de inspiración en reivindicaciones y mecanismos de lucha, y fundamentalmente por las similitudes del contexto en que se dio y las contradicciones que generaba como posteriormente veremos: una situación general marcada por una duradera desmovilización, una creciente masificación universitaria, contradicciones entre formas de lucha en el seno del movimiento, violencia y criminalización, carácter corporativo o político de las luchas.

En segundo lugar, la movilización se inició en noviembre de 1986 a raíz del conflicto de estudiantes no admitidos en las universidades públicas. La recién introducida selectividad comenzaba a excluir a sectores del estudiantado de la universidad – 7.000 ese año sólo en Madrid – y de las carreras escogidas en primera opción. Surgieron así asambleas de “no admitidos” como fórmulas de autoorganización de los afectados que convocaron una primera movilización en Madrid el 23 de noviembre, con un importante impacto.

Finalmente, tuvo un importante peso en el éxito de las iniciales movilizaciones el impulso que dio a ellas una organización que había surgido de una escisión de las Juventudes Socialistas de Álava a finales del curso pasado, el Sindicato de Estudiantes. Las distintas expresiones espontáneas del movimiento de los estudiantes no admitidos, de aquellos que se encontraban en barracones en las periferias urbanas, de los que sufrían las tasas en BUP y FP pudieron ser fácilmente dirigidas por la única organización con vocación de “representar” al conjunto del estudiantado en una fecha conjunta. No es que el SE fuera hegemónico en los centros de estudio, parece que en muchas autonomías y en casi todas las universidades ni siquiera tenía existencia, pero era la única sigla con apriencia de organización estudiantil a nivel estatal, y por ello fácilmente pudo hacer converger al conjunto de luchas en torno a una fecha común: la movilización de enseñanzas medias del 4 de diciembre.

Dicha movilización sacó a la calle a más de medio millón de estudiantes, y rápidamente se conviertió en una serie de movilizaciones descentralizadas con formas organizativas y de coordinación diversas, a las que progresivamente van sumándose más estudiantes y organizaciones universitarias, que convergieron en una nueva movilización estatal para el 23 de enero de 1987. En ésta, la policía abre fuego real en Madrid y hay una estudiante herida de bala.

En febrero continúan las movilizaciones, pero el SE y otras organizaciones paragubernamentales alcanzan un acuerdo con el Ministerio de Educación que cesa las movilizaciones en institutos el 13 de febrero¹. Mayoritariamente en los centros de estudio se rechazó dicho acuerdo, y se convoca una nueva jornada masiva de movilizaciones para el 24 de febrero, a la que oficialmente el SE curiosamente se sumó, la cual sería la última del ciclo de medias. Las movilizaciones en universidad, iniciadas ese mes, se extenderían hasta el mes de abril, con un carácter propio como se expondrá después.

Reconversión industrial y masificación universitaria

El contexto general del 86 aparece marcado por la consolidación del nuevo bloque oligárquico surgido del pacto constitucional del 78: los restos políticos del tardofranquismo, los jóvenes demócratadas conversos del antiguo régimen que copan la administración, la burguesía financiera que se encuentra en un proceso de internacionalización, en alianza con el capital financiero europeo, paralelo a la creciente concentración del capital en pocas entidades bancarias y con una base que se desplaza hacia la actividad especulativo-inmobiliaria y del sector de la construcción.

El desarrollo de este sector oligórquico está directamente relacionado con la integración de España en la Comunidad Europea. En la división internacional del trabajo que opera el capital exportador alemán se hace enecesario debiliar el aparato productivo de la perifereia europea en alianza con las burguesías financieras nacionales, dando lugar en nuestro estado a un proceso de deslocalizaciones industriales (Reinosa, Euskalduna, etc.) y de concentración de las entidades bancarias.

A esta situación estructural acampañaba un diseño político destinado a la consolidación democrática, a la puesta de largo del pacto del 78. Así el PSOE obtuvo su mayor mayoría absoluta en el año 82, lo que permitió una desintegración de la movilización social precedente y una consolidación de los mecanismos institucionales de representación y participación, que permitó aplicar la política de reconversiones con una calma social mayor de la esperable. La guerra sucia contra el terrorismo y la exposición pública del entramado de cloacas dele stado, así como el movimiento contra la ratificación del ingreso de España en la OTAN fueron factores precedentes que contribuyeron a minar la legitimidad del gobierno. La propuesta política de PCE/UJCE ante esta situación era la de la alternativa democrática, el desarrollo y consolidación de los elementos más progresistas del pacto constitucional como vía para profundizar en la transformación socialista de la sociedad española. Para ello se apostaba por una convergencia social que, frente a la creciente corrupción de las instituciones del régimen, fomentase una base ciudadana de regeneración democrática que se concretase en lo electoral en un frente de izquierdas que cumpliese el programa constitucional.

Las relaciones sociales que dejaba este panorama eran de una consolidación de una importante tasa de paro, alrededor de 2.700.000 parados en 1986, una moderación salarial general, una creciente precariedad laboral en torno a nuevos contratos desregulados, y un empleo intensivo de innovaciones tecnológicas. Todo ello permitió un ciclo alcista en la acumulación del capital hasta los 90 basado en la contención de la inflación, la potenciación del sector servicios, la flexibilización de las relaciones laborales en torno al ciclo paro-empleos precarios, y el uso de tecnología sustitotoria de mano de obra sobrante por las reconversiones industriales.

La situación educativa se relacionaba con el modelo de estado de tardía incorporación plena al modelo de desarrollo europeo: en 1981 sólo un 60% de jóvenes de 16 años estaban cursando algún tipo de estudios (la EGB sólo preveía escolarización obligatoria hasta los 14), había un 8 % de analfabetismo, y sólo un 3% de la población poseía estudios universitarios. Por otra parte, las tasas de desempleo juvenil eran también escandalosas, en 1987 en torno al 40% de la juventud menor de 25 años estaba en el paro. Una necesidad básica para el estado era elevar los parámetros educativos, así la población escolarizada aumentó hasta el 71% en 1986 y se empezó a fomentar una político de conciertos educativos que ese año supuso un 28% del presupuesto ministerial, y elevar el número de instituciones y egresados universitarios fundamentalmente por la necesidad de ocupar los nuevos puestos laborales ligados al sector servicios, rellenar el esquema de cuadros técnicos y burócratas que surgía al hilo de la creación y desarrollo de las administraciones autonómicas – es el momento de creación de universidades públicas en base a las capitales de provincia – y también para ofrecer a la juventud un espacio en que ocupar su tiempo ante unas perspectivas de futuro nada alagüeñas.

En este sentido, comenzaba a configurarse una creciente contradicción entre cualificaciones y ocupaciones. En un momento en que la generación del denominado “baby-boom” concebía los estudios principalmente como una fuente segura de acceso al empleo, visión heredada de la realidad tardofranquista de las generaciones precedentes, la tasa de paro juvenil se consolidaba y el empleo precario se generalizaba a pesar del crecimeinto de nuestros estándares educativos y de las mejoras presupuestarias arrancadas al gobierno, dando lugar a un creciente descontento por parte de los estudiantes universitarios cuyos títulos comenzaban a perder peso en el mercado laboral pero sobre todo de los estudiantes de enseñanzas medias que vivían en su mayoría en bolsas de desempleo y marginalidad en los barrios obreros de las grandes ciudades y que veían en las reformas de la enseñanza nuevas barreras para su acceso a mayores niveles de cualificación.

Las lecciones políticas del 86/87

Una de las características del ciclo de movilizaciones que rompía con la tradición de nuestro movimiento estudiantil fue su carácter mayoritario de enseñanzas medias. Las reformas que pretendió poner en marcha el Ministerio – supresión de los exámenes de septiembre, conflicto de los no admitidos, continuación de la política de tasas en BUP y FP, endurecimeinto de la selectividad – contribuyeron a este hecho; sin embargo una clave importante de ello eran las condiciones sociales antes señaladas: para buena parte del estudiantado el sistema educativo era un mero trámite en que gastar algunos años hasta ingresar en el ciclo de empleo de poca cualificación cada vez más ligado a sectores como la construcción o el turismo. Parece lógico que la contradicción entre el panorama de un “estado del bienestar desarrollado” que se pintaba y la realidad que se vivía produjese un gran potencial movilizador en estos sectores que demandaban las políticas de ascensión social prometidas.

También hubo claramente motivos para movilizarse en la Universidad, principalmente las reivindicaciones que se arrastraban desde los primeros intentos de protesta contra la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que introducía elementos de gestión empresarial en la universidad como la figura del gestor o el Consejo Social, y sobre todo la prevista reforma de los planes de estudio por parte de unos comités de expertos que tenía como principal función efectuar una desvalorización de conocimientos de las denominadas carreras técnicas en oposición a las científicas. El movimiento específicamente universitario tomó el relevo cuando la lucha general abanderada por los institutos se desinfló, y mantuvo un carácter más corporativo tanto en sus formas de organización como en sus objetivos, que eran propios de un sector académico que aún estaba en disposición de ofrecer una importante integración laboral a quienes completaban los estudios.

Al hilo de esto, hay posiblemente una diferencia fundamental entre el 68 y el 86, y es la centralidad de la cuestión política en el seno del movimiento. Si bien las movilizaciones de 1986 estaban motivadas en último término por el desfase entre las posibilidades que debía proporcionar un estado social desarrollado y las condiciones reales de vida, e incluso algunas reivindicaciones iniciales como la supresión de la selectividad o la gratuidad del conjunto del sistema educativo (incluido el universitario) podían poner en un serio aprieto al gobierno socialista que no había planteado medidas tan “radicales” ni de lejos, lo cierto es que el movimiento llegó a alcanzar como mucho un carácter social, que contó con el apoyo puntual aunque importante de los principales sindicatos obreros en muchas movilizaciones – el consejo confederal de CCOO llegó a la votación para convocar una huelga general en marzo del 87, y la misma se perdió en el confederal por un voto – , sin ser un destacamento que supusiera un cuestionamiento real del marco político del que se dotaban los monopolios financieros.

De hecho, cuando el SE y las demás organizaciones satélite del gobierno alcanzaron un acuerdo con éste, el programa de reivindicaciones se rebajó notablemente (ni la selectividad ni la gratuidad figuraban). El acuerdo, que fue vendido como una victoria² a pesar de no contar con un apoyo explícito demasiado amplio, supuso en todo caso una notable mejora de la financiación del sistema público de educación, la gratuidad del bachillerato y la FP, la recuperación de los exámenes de septiembre, etc. pero de hecho parece que esta victoria no supuso ningún tambaleo serio del marco político heredado del 78, más bien todo lo contrario, se publicitó como su consolidación o evidencia de que las instituciones democráticas podían soportar un conflicto de fuerte calado social y además integrar parte de las reivindicaciones sindicales en su seno, reafirmando el carácter redistribuidor del estado según la teoría socialdemócrata. Más que una causa de desestabilización del régimen en los 80, el movimiento del 86/87 parece en todo caso un síntoma de los graves desajustes del capitalismo español y de sus potencialmente conflictivas relaciones sociales de producción, que devinieron en un movimiento de corte sindical por mejoras económicas que en ese momento el estado pudo integrar y garantizar, y que se extendería en lo inmediatamente posterior a las movilizaciones contra el plan de empleo juvenil y la Huelga general de diciembre de 1988.

Incluso mediática y culturalmente se intentaba escindir la movilización en dos bandos: los estudiantes responsables que se manifestaban y negociaban pacíficamente, y los maleantes que no eran realmente estudiantes e iban a las manifestaciones “a liarla” o bien porque eran camuflados de la ultraderecha. La mayoría de las veces respondía a un intento descarado de la prensa por manipular, El País recogía fotos de fascistas agrediendo a estudiantes y las hacía pasar por estudiantes violentos, etc. Sin embargo es cierto que la cuestión de la violencia era un tema de debate permanente ene l movimiento de entonces, obviamente había grupos que simplistamente interpretaban que más piedras en las calles suponía más conflictividad y apoyo social frente al gobierno, de la misma forma que otros condenaban todo hecho “violento” como proveniente de personas que realmente no eran estudiantes – el ejemplo del “Cojo manteca” fue arquetipo de esto –. Desde luego había provocadores fascistas y secretas entre los manifestantes, así como elementos del creciente lumpenproletariado que incitaban a disturbios, pero también puede que hubiera cierta conciencia expresada en formas rudimentarias fundamentalmente de aquellos sectores más marginales en el sistema social y educativo del momento, y que no se logró organizar la misma en torno a formas más avanzadas de lucha que supusieran un desafío más serio al sistema dominante.

Hubo importantes contradicciones también en la forma de organizar el propio movimiento. Puede decirse que coincidieron tres formas principales: las asambleas de centro, las coordinadores de representantes de las mismas, los sindicatos estudiantiles. La propuesta de la UJCE y los CJC pasaba por el marco de acción unitario entre las distintas patas del movimiento, y si bien esto se concretó sobre todo en la convocatoria de movilizaciones determinadas, lo cierto es que una de las condiciones del éxito del movimiento recayó en la unidad de acción con las organizaciones nacionalistas, básico en un momento en que buena parte de las competencias educativas recaían en estas autonomías.

El marco de acción unitario funcionaba más o menos, pero lo cierto es que en cuanto al progra las diversas estructuras tenían a la hora de la verdad pocos puntos en común. Así, hubo un fuerte conflicto por quién tenía la legitimidad para negociar con el ministro, ¿la coordinadora estatal, que delegaba funciones en la de Madrid, o el SE?. Al final para el gobierno fue fácil: se escogió a las organizaciones que más interesaba y se emprendió una campaña mediática de criminalización del resto de estructuras organizadas. Faltaron dinámicas unitarias en cuanto al programa y objetivos, y sobre todo faltó una base sólida a nivel estatal que pudiera impregnar de sentido político a la movilización, hacer confluir a las masivas bases movilizadas en torno a un programa común alejado de corporativismos locales que plantease el conflicto en términos políticos, y unificar las distintas herramientas de organización en una misma mesa de lucha.

Las consecuencias en lo que al movimiento estudiantil se refiere parece que fueron, por un lado, de integración en el modelo del pacto social de los elementos que contribuyeron a la victoria parcial del 87 mediante su institucionalización como representantes legitimados por el poder, y por otro, de erosión de las bases una vez acabó el ciclo mediante su atomización en núcleos dedicados al trabajo sindical local o su marginalización a través de una retórica asamblearista que apelaba a la horizontalidad y al desprecio por las conquistas parciales con un peso cada vez más minoritario.

Notas:

1. Ésta es al menos la visión recogida en Estudiantes, antiestudiantes, policía, prensa, poder, una recopilación de materiales de la época y valoraciones realizadas desde diversas posturas de tendencia autónoma y anarquista. Como curiosidad, los artífices gubernamentales del acuerdo fueron el ministro de educación Maravall y el por aquel entonces secretario de estado de educación Pérez Rubalcaba.

2. Para entender el sentido que el SE y otros sectores progubernamentales daban al movimiento, y porqué pintaron su final como una victoria, puede leerse la reflexión del entonces secretario general del SE al respecto: http://sindicatodeestudiantes.net/index.php/documentos/analisis/articulos-de-analisis/1670-a-20-anos-de-las-movilizaciones-estudiantiles-de-1986-1987-una-lucha-historica-un-triunfo-ejemplar