Obreros y estudiantes unidos y adelante: la lucha del movimiento estudiantil contra la dictadura franquista

La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura

Finales de los 60 principios de los 70, los últimos años de la dictadura franquista empezaban a tocar su final. La oligarquía española comenzaba a percatarse y preparaba ya la “reconversión democrática” para entrar en el juego institucional de los países occidentales y especialmente en la Comunidad Económica Europea. Los estudiantes en los centros de estudio preferían ser consecuentes y exigir una democratización real del sistema educativo español.

Los comunistas lo tenían muy claro en un primer momento: el objetivo fundamental era derribar la dictadura, y por tanto los distintos conflictos debían teñirse de antifranquismo, englobarse bajo el paraguas de una misma estrategia común. El carácter político del que el PCE quería impregnar el movimiento social era claro, la conquista del poder político se planteaba como premisa inexcusable para cualquier tipo de transformación social favorable a las masas trabajadoras, y por ello los movimientos tácticos y la política de alianzas debían girar en torno a esta lógica revolucionaria, entre ellos por supuesto el movimiento en defensa de la educación pública.

La lucha de los trabajadores y estudiantes universitarios suscitó un especial interés para los comunistas en aquella época. El capitalismo español venía insertándose en la lógica del desarrollo del “estado del bienestar” y sociedad de consumo propios del capitalismo occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, si bien con los retrasos propios del régimen franquista. La oligarquía, formada por una casta empresarial en alianza con el sector financiero en alza, el ejército y la Iglesia, obtenía concesiones por parte del Estado (régimen de monopolio, rentas, etc.) para mantener sus privilegios económicos. Lós avances científico-técnicos empujaron al desarrollo de capas sociales (técnicos, especialistas, científicos, etc.) encargadas de la manipulación de nuevas fuentes de valor para el aparato productivo de los estados, capas que fueron denomindas por el PCE como “fuerzas de la cultura”1.

Estas fuerzas de la cultura estaban destinadas a tener un relevante papel en la lucha de clases del momento. Por su composición, se entendía – y más tarde se demostraría – que las condiciones estructurales del capitalismo tenderían hacia su proletarización y dependencia de salarios fijos en contraposición a sus aspiaciones de ascenso social, así como a la confrontación con la composición rentista del capitalismo franquista que ponía barreras a su desarrollo económico. Los estudiantes, como subsector de la clase obrera en formación para los puestos anteriormente señalados, y la Universidad, como espacio en que operaba la división del trabajo que permitía el funcionamiento descrito, eran un actor y un espacio que se hizo de especial relevancia para los comunistas.

La lucha estudiantil contra la dictadura

La alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura2(AFTC), la unidad entre el movimiento estudiantil y la clase obrera actuando ésta como actor de vanguardia en la lucha por el derrocamiento del franquismo y la construcción socialista, fraguaría una escalada de conflictos en los centros de estudios del país al tenor de las condiciones que sufrían trabajadores y estudiantes y al impulso del PCE y las fuerzas de la izquierda. Los cierres de facultades y la presencia policial permanente en los campus, la capuchinada de Barcelona, o el asesinato de Enrique Ruano en Madrid, son ejemplos gráficos de lo que significó la lucha estudiantil contra la dictadura y su feroz represión.

Pero también son importantes los ejemplos de autoorganización y desarrollo de luchas estudiantiles concretas, en el marco en que el régimen estaba desarrollando una Ley General de Educación (1970) y planeaba una serie de reformas universitarias (el Informe Matut de 1969 es un ejemplo de ellas) que iban destinadas a garantizar que la inevitable masificación que acabaría produciéndose en las universidades fuera totalmente funcional a los intereses de la oligarquía que iba a seguir gobernando el país, con propuestas como la segregación de los titulados según su nivel de conocimientos, la selectividad, o la reducción del número de estudiantes en carreras técnicas como las ingenierías, medidas que hoy nos recuerdan bastante a la línea de mercantilización que se impone a nuestro sistema educativo. De hecho en esa época el nombramiento de los rectors ya estaba en manos del Ministerio de Educación, que lógicamente respondía a la voluntad del dictador.

En este contexto especialmente destacable fue la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes en la Universidad de Barcelona en marzo de 1966. Frente al Sindicato Universitario Español (SEU), controlado por el aparato del régimen, y las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE), creadas por los sectores tecnócratas para desviar la lucha estudiantil hacia posiciones corporativas y gremialistas, el Sindicato Democrático aparecía como una herramienta para la lucha sociopolítica. Si bien la represión franquista y los debates en el seno del movimiento provocaron que el proyecto finalizase trascurridos dos años, es un ejemplo significativo de lucha sectorial que, a la par que reivindicaba los derechos cotidianos desde la base del estudiantado, exigía una democratización tanto interna como externa de la institución universitaria que pudiera permitir el acceso de las capas populares a la misma y que traía consigo un combate implícito (y explícito) al régimen franquista. Y es que de hecho para el PCE y la UJCE apareció claro el papel revolucionario de las luchas concretas, la noción de que la denuncia diaria, concreta era la vía para que las amplias masas estudiantiles con una madurez política menor engrosaran las filas de la movilización social que en último término podía y debía devenir en movilización política que explicitase que sólo un cambio radical de las estructuras del régimen acabaría en una solución real para los problemas concretos. Una vía que giraba en torno a la cuestión de la conquista del poder y el objetivo estratégico del derribe de la dictadura.

Los comunistas coordinaron la actividad política estudiantil desde formas flexibles que se adaptaran a la realidad de cada situación para conseguir la suficiente base social en torno al firme objetivo de la lucha antifranquista. Así, los mecanismos de autoorganización para esta tarea variaron entre territorios y coyunturas en la segunda mitad de los sesenta: en las universidades con un movimiento en auge se decidió promover elecciones libres paralelas al SEU que de facto extinguieron la organización franquista y la sustituyeron por un modelo de representantes democráticos y asambleas estudiantiles (el caso de Barcelona o Madrid). En un segundo nivel se intentaría aprovechar la convocatoria oficialista del SEU para forzar desde dentro la convocatoria de elecciones libres, y en un tercero se trabajaría por ganar fuerza interna dentro del SEU para democratizarlo allá donde no hubiera capacidad para más.

La cuestión era buscar la “ruptura democrática” también en los centros de estudio. De ahí el impulso de espacios de autoorganización que pudieran plantear soluciones a los problemas concretos del estudiantado e impulsar la lucha clasista por reclamar una democratización tanto interna como en cuanto al acceso de las capas populares a la universidad, lo que se relaciona con las tareas actuales del movimiento, la creación de movimiento social por la pública en base al trabajo diario y concreto desde las estructuras permanentes y asamblearias, orientadas políticamente y coordinadas estatalmente en torno a la construcción del proceso constituyente y la ruptura con el marco oligárquico actual.

Algunos de los análisis acerca de ciertos factores que impidieron un mayor desarrollo en aquellos momentos bien nos recuerdan a algunos con que hoy nos encontramos. Si los análisis a posteriori realizados por el PCE han venido a evidenciar una falta de dirección estatal en las acciones del movimiento de entonces, no es menos cierto que uno de los principales retos que se nos plantea hoy en día gira en torno a esta cuestión, en torno a la construcción de coordinación permanente a nivel de todo el estado que pueda impregnar a las distintas luchas parciales y concretas un carácter político en la construcción de nuestro programa revolucionario.

También a nivel de profesorado era también notable la situación de miseria que imponía la dictadura. En torno al 80% de profesores en las universidades era personal contratado en régimen administrativo, con unas condiciones pésimas en comparación con sus colegas catedrátios. El movimiento de Profesores No Numerarios (así eran denominados), el cual estuvo siempre apoyado por los comunistas, se opuso firmemente a esta situación de precariedad y exigió mejoras salariales y contratación permanente en régimen laboral, reivindicaciones que en buena medida guardan vigencia hoy en día. También es destacable la posición coherente de muchos catedráticos a los que se les expulsó de la docencia por mostrar su apoyo a estas luchas y las del movimiento estudiantil.

Las lecciones políticas del movimiento antifranquista

A estas alturas ya sabemos las derrotas con que se saldó este periodo, y los compromisos que acabarían por convertirse en el paro y precariedad que vivimos actualmente. Sin embargo, el movimiento estudiantil antifranquista ha dejado lecciones políticas que nos son irrenunciables en la actualidad.

El análisis concreto del capitalismo desarrollista del último periodo de la dictadura franquista permitió al PCE analizar el potencial revolucionario de los sectores asalariados fruto del desarrollo del modelo productivo del país y del carácter estratégico de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Tomando este método materialista para la definición de la estrategia política en la actual crisis capitalista, el PCE teorizó en su conferencia política de 2012 la necesidad de una redefinición de esa alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, analizando la composición de clase que crea la actual composición periférica y parasitaria del capitalismo español, y concretamente las contradicciones que suponen para el estudiantado universitario y la juventud con títulos académicos superiores unas condiciones estructurales marcadas por el paro, la precariedad o el exilio³. La masificación universitaria y el desarrollo productivo de nuestro estado han dado lugar a una composición de clase de estos sectores que los coloca en un lugar aventajado para la lucha de clases que nos toca dar, que los configura como clase en sí por el proceso de proletarización fruto de la “reconversión de la ciencia y del trabajo cultural e intelectual como fuerza productiva directa”.

Esto cobra relevancia con respecto al análisis teórico y la lucha práctica actual. Si la estrategia fruto del análisis de la composición de clases tardofranquista se centró en la AFTC, y la consigna era el famoso “obreros y estudiantes unidos y adelante” o “el hijo del obrero a la universidad”, actualmente éstas han variado fruto del desarrollo experimentado por el capitalismo español desde entonces, con una masificación universitaria fruto de las exigencias de cuadros especializados para el aparato productivo en crecimiento, pero también con una descualificación y segregación creciente de la masa estudiantil en las universidades, y unas condiciones estructurales de paro y precariedad al servicio de una oligarquía rentista y periférica en el seno de la Unión Europea.

Por ello no es de extrañar que las consignas del movimiento hayan variado pues las relaciones sociales de producción en que éste se inserta lo han hecho también, y por ello las consignas que han capitaneado la movilización en los últimos ciclos van a explicitar la devaluación de los títulos, el endeudamiento universitario, etc: “ni escuela de élites ni fábrica de precarios”, “queremos becas y no hipotecas”, etc. Por ello el PCE se ha planteado la necesidad de “redefinir” la AFTC y por eso cundo la UJCE y el PCE hablan de un “bloque político social” que pueda suponer una alternativa política al régimen actual bajo la forma de proceso constituyente, analizan el potencial clasista de la lucha de la juventud, y concretamente de la juventud estudiantil, y su especial valor en la lucha antimonopolista y anticapitalista como subsector de la clase trabajadora (bien como clase en formación, bien en paro o bajo condiciones de precariedad) especialmente sacudido por la crisis estructural de nuestro capitalismo y el régimen político en que se sustenta.

Por otra parte el trabajo diario con las masas permitió al movimiento antifranquista despertar su conciencia revolucionaria a través de luchas concretas que necesariamente fueron orientadas estratégicamente para suponer una confontación con el poder político, la dictadura, del que se valía la oligarquía. Para esto fue imprescindible la participación directa y cotidiana entre las masas estudiantiles primeramente como infiltrados en el SEU franquista para definitivamente construir el sindicato democrático, así como la potenciación de la lucha masiva del estudiantado y la construcción de modelos de representación y participación paralelos a los del régimen orientando a la lucha hacia el antifranquismo. De la misma forma que hoy la lucha debe ser orientada hacia la creación del bloque social alternativo que siente las bases del proceso constituyente, y para ello es necesario redoblar esfuerzos por mantener el contacto directo con las condiciones reales del estudiantado mediante frentes permanentes, orientados y organizados con unas líneas y estructura a nivel estatal, que nos permita precisamente orientar la lucha estudiantil hacia la convergencia social y política en base a la movilización masiva estudiantil con mecanismos de participación y acción directas organizados en este sentido.

Y es que si en los años 60-70 las demandas estudiantiles que exigían una democratización de la enseñanza eran incompatibles con el régimen político franquista, hoy las demandas que exigen una educación pública al servicio de los trabajadores son incompatibles con un régimen que no puede institucionalizar estas posiciones sin sustanciales transformaciones en su estructura, y por ello las voces que en el pasado exigían Democracia ante un régimen obsoleto y asesino son las que vuelven a cobrar hoy toda su vigencia ante un régimen que ha vendido la soberanía del pueblo a la Troika y la oligarquía de la Unión Europea.

Notas:

1. Así teorizaba el PCE el desarrollo de este sector como uno de los más avanzados en la pirámide produtiva de entre las masas asalariadas: “Gran parte de estas fuerzas están especializadas en la manipulación de resortes parciales que, en su conjunto, forman el armazón de los modernos estados capitalistas (medios radio-difusivos y audiovisuales, planes de producción y de mercado, funcionamiento técnico del ejército, etc.). La contradicción objetiva entre su condición de asalariados y sus conocimientos y el papel de peones autómatas en que les colocan las clases capitalistas monopolistas, es el motor que impulsa, e impulsará mucho más, la lucha anticapitalista de estos sectores.” Revista Realidad, nº17, pp: 21.

2. La primera vez que se desarrolló orgánicamente esta estrategia fue en un Comité Ejecutivo del PCE en el años 67, y posteriormente en el VIII Congreso del 72 fue más ampliamente desarrollada. En el 67 los comunistas exponían al respecto: “(...)son los estudiantes quienes han conseguido abrir brechas en el pensamiento político conservador de las capas sociales de que en mayoría provienen. Estas capas, predominantemente de clases medias, que aceptaban el régimen, o cuanto menos se resignaban, ha comenzado a interrogarse; ha conocido la brutalidad policíaca en sus propias familias”.

3. Así definió el documento político de 2012 las relaciones sociales de este subsector: “(...) se experimenta una contradicción entre un desarrollo de las fuerzas productivas que ha permitido un grado de instrucción y cualificación sin comparación en nuestra historia, que choca con el inmovilismo de unas relaciones de producción arcaicas, sobre todo dentro de las instituciones políticas y del empresariado privado del país. Dentro de esta contradicción entre cualificaciones y ocupaciones, aparece una nueva realidad material y subjetiva marcada por una precariedad laboral estructural y paro masivo que, junto a la negación del derecho a la vivienda y la privatización de los servicios públicos, explican la fuerte crisis de legitimidad que tiene el sistema dentro de este sector.”