Documentos de Medio Rural. Conferencia de Medio Rural y Ecologismo de la UJCE

Documentos de Medio Rural emanados de la Conferencia de Medio Rural y Ecologismo de la UJCE, realizada en Madrid los días 26 y 27 de mayo de 2012.

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1. Introducción histórica y conceptual.

 

1.1 Introducción: la humanidad como parte del sistema socio-ecológico.

 

Desde el momento en que el ser humano pasó de “mono a hombre”, en expresión de Engels, a través de la introducción de las fuerzas productivas dentro de sus sociedades, comenzó una interrelación muy diferente con el entorno natural. Hasta entonces su supervivencia había dependido de estrategias de tipo carroñero, dentro de un ecosistema animal en el que entraba en competencia directa con otras especies. Sin embargo, una vez fue capaz de producir herramientas y extraer así fuerza de la naturaleza para su propio provecho, se produjo una lenta pero progresiva explotación del entorno, primero en forma de sociedades cazadoras-recolectoras y, tras la introducción de la agricultura, como sociedades plenamente agrarias.

 

La humanidad, por tanto, una vez se organizó socialmente comenzó a explotar el medio ambiente y a transformar el paisaje que le rodeaba, entendiendo paisaje como todo el entorno que rodea al ser humano. Sin embargo, no hay que pensar, de forma simplista, en el ser humano como un elemento externo de la naturaleza y meramente destructor, sino como una parte integrante de ella. En este sentido habría que hablar de sistemas socio-ecológicos en los que los ecosistemas naturales y los ecosistemas sociales (humanos) se integran, interrelacionan y se transforman mutuamente. Del mismo modo, no se puede pensar en el paisaje natural como un elemento inmaculado y meramente estético (como paisajes “bonitos” o paisajes “feos”), sino como paisajes en los que opera la cultura en los que la sociedad humana, por su desarrollo y la explotación del entorno, ha dejado su huella. Actualmente no tiene sentido la dicotomía entre paisajes “naturales” y paisajes “modificados”, ya que el ser humano, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, ha dejado una huella, muchas veces sutil y difícil de observar, pero presente en todos los paisajes.

 

En este sentido la contradicción ser humano-naturaleza no ha de entenderse como necesariamente antagónica, pues aunque actualmente nuestra acción sobre el medio puede verse enormemente destructiva, entendemos que esto es más producto del sistema capitalista de producción, y que existen formas de organización social que permitirían la relación dialéctica no antagónica y equilibrada del ser humano con la naturaleza (de la que además somos parte integrante).

 

Podemos relacionar esto con tres grupos de factores: por un lado aquellos que en forma inmanente median la relación hacia la naturaleza y emergen de las principales regularidades sociales de la sociedad. Al respecto Engels afirma: “las condiciones de vida que rodean al hombre; y que hasta ahora le dominaban, pasan, a partir de este instante bajo su dominio o su mundo, y el hombre, a convertirse por primera vez en señor consciente y efectivo de la naturaleza”[1].

 

Un segundo grupo de factores se vincula con las particularidades del desarrollo político y económico de una etapa concreta. Al valorar este aspecto, Engels relaciona la capacidad de interacción del hombre con la naturaleza en un contexto económico pero con plena conciencia de las causas y las consecuencias de lo que realiza: “los poderes objetivos y extraños que hasta ahora venían imperando en la historia, se colocan bajo el dominio del hombre mismo. Solo desde entonces este comienza a trazarse su historia con plena conciencia de lo que hace”.

 

Esto no elimina la cuestión de que, dentro el desarrollo dialéctico de las sociedades humanas, en el actual estadio de capitalismo imperialista, la explotación del entorno ha traspasado la frontera de lo estable. Del mismo modo que el capitalismo, como sistema, sobre-explota de forma indiscriminada a la clase desposeída a la hora de lograr la fuerza de trabajo que mueve las máquinas, también sobre-explota los recursos naturales que las alimentan. Esta doble contradicción, capital-trabajo y capital-naturaleza tiene como marco de expresión el mundo rural, que analizaremos, como dijo Marx, para transformarlo desde la óptica del socialismo y la eliminación definitiva de estas contradicciones y de la explotación en general.

 

 

1.2 Principales conceptos

 

Aunque podamos encontrar ciertos casos de grandes urbes en la Edad Antigua, como la ciudad de Roma, o el caso de Constantinopla en el Medievo, sólo desde la Revolución Industrial la ciudad se ha consolidado elemento representativo del paisaje. Incluso actualmente, tras el boom urbanístico vivido después de la II Guerra Mundial, el mundo urbano representa sólo un 20% del espacio terrestre pero en el que, paradójicamente y debido a los procesos de concentración industrial, vive más de la mitad de la población mundial. Es decir, un 80% del espacio terrestre se considera espacio rural y cerca de un 49% de la población mundial, dato que se acrecienta enormemente fuera de las grandes metrópolis y los países más urbanizados, vive en el mundo rural.

 

En cuanto a España, actualmente el sector agrícola ocupa a 707.700 personas (lo que supone un 4,1% de la Población Activa)  y es un sector caracterizado, en términos generales, por su progresivo despoblamiento, por su precariedad, por el envejecimiento de su población y su masculinización. Las y los jóvenes de menos de 25 años, que suponen en torno a un 15-20% de la población rural, son los que, al heredar estos problemas y en el actual contexto de crisis económica, sufren en mayor medida toda esta problemática. De ahí la importancia de analizar las dinámicas sociales y económicas de estos espacios y su relación con el capitalismo en su fase actual a la hora de plantear acciones políticas hacia una alternativa socialista para la juventud.

 

Es importante antes de profundizar en el análisis asentar algunos conceptos básicos. El término rural proviene del latín ruralis y se define como lo perteneciente a la vida en el campo, siendo éste lo que está fuera de la ciudad, por lo que lo rural se define en oposición a lo urbano. Como palabra generada por la aristocracia urbana, lo “rural” sustituyó al término “rústico”, y pronto transformó su significado desde “del campo” a “tosco, simplón”, matiz peyorativo que aún a día de hoy conservamos en nuestro lenguaje.

 

Lo rural se define no sólo por su carácter opuesto a lo urbano, sino por su elemento constitutivo, la tierra. La tierra tiene múltiples facetas, del mismo modo que el paisaje, pero el más importante en nuestro análisis es su carácter económico de medio de producción y su posición central dentro de las relaciones sociales de producción, pues la posesión de la tierra, aún a día de hoy, es una cuestión relevante en la conformación de una formación social. En este sentido, la tierra ha sido el medio de producción fundamental de los seres humanos a lo largo de la Historia, ya sea como cazadores y recolectores o como sistemas agropecuarios.

 

Como tal medio de producción, la tierra puede ser poseída en calidad de explotación agraria, concepto que se relaciona pero que se diferencia del de propiedad agraria, como capacidad de explotar un campo, y al concepto de parcela, referido al espacio físico de una o varias tierras. Una explotación agraria puede ser una pequeña explotación, relacionada a menudo, aunque no es estrictamente necesario, con los minifundios o pequeñas explotaciones de no más de 10 has. o una gran explotación o latifundio. Una explotación puede englobar una o varias parcelas, contiguas o no, pertenecientes al mismo propietario o a propietarios distintos, mediante explotación directa (en las que el propietario coincide con el que trabaja la tierra) o explotación indirecta a través de jornales, en régimen de arrendamiento, usufructo, aparcería, etc. Algunos tipos concretos de explotación agraria serían la explotación familiar, realizada por una unidad doméstica y la explotación comunal, un tipo de explotación fundamental en el pasado y que comprende los usos comunitarios de la tierra.

 

 

1.3 Breve historia agraria de la Península Ibérica

 

Aunque las raíces de muchos de los desarrollos del mundo rural en la Península Ibérica habría que rastrearlos más atrás en el tiempo, por motivos de brevedad se expondrán los principales desarrollos a partir de la Edad Media y, sobre todo, a partir de la consolidación de los primeros reinos en la Península Ibérica, lo que en la terminología marxista se llama el modo de producción feudal.

 

El latifundismo fue el resultante de los repartos realizados a favor de la nobleza en los territorios conquistados a partir del Siglo XIII, y se vio favorecida por la desamortización civil y eclesiástica realizada en el Siglo XIX en condiciones tales que se favoreció el aparcamiento de las tierras en manos de un reducido grupo de propietarios absentistas. Sin embargo, aunque el sistema de repoblaciones se convirtió en una forma de acumulación de tierras y de concentración en pocas manos de la tierra, en los territorios asentados  sin capacidad de expansión territorial, localizados sobre todo en el norte (Galiza, Asturies, etc.), se mantuvo un sistema de explotación agraria en pequeña propiedad que creará quebraderos de cabeza para el propio feudalismo, en un intento de homogeneización de los sistemas de producción, ya que aseguraba la continuidad de la explotación de una misma familia, dando las condiciones de creación de una pequeña burguesía rural. Precisamente el potencial expansivo (y por tanto económico) de ciertos Reinos (en concreto Castilla), frente al modelo de explotación del Norte, convertirá a este en la estructura político-económica hegemónica durante todo el modo de explotación feudal.

 

La progresiva imposición de la nobleza medieval sobre el mundo rural se generó a través de varios elementos: el control sobre la tierra y los productos de la tierra a través del cobro de rentas, la imposición de un marco jurídico-institucional que permitió esta apropiación de la renta y la expansión del control económico a nuevas tierras a través de la conquista de territorios en manos musulmanas, y la repoblación de territorios, que muchas veces consistía en la imposición política y económica de la nobleza sobre los terrenos ya habitados y cultivados por las comunidades locales. Aunque con muchos matices, la relación de propiedad más extendida era la explotación familiar sobre la que recaían rentas señoriales que las distintas familias campesinas debían pagar. Uno de los elementos más característicos del feudalismo castellano fue la creación de la Mesta a partir de la organización de los distintos sectores de la trashumancia castellana que generó una nobleza ganadera muy poderosa entre los siglos XIII y XVII.

 

La extensión de este sistema de explotación de tipo feudal fue el eje del mundo rural hasta el siglo XVIII. La progresiva conquista de los distintos reinos musulmanes incorporó más tierras y mano de obra rural bajo el control de la nobleza que extendía sus privilegios señoriales a medida que se iba articulando bajo un mismo sistema político que tuvo su punto de inflexión con la unificación dinástica bajo los Reyes Católicos. Uno de los problemas agrarios del Siglo XVIII era que la tierra la poseía un gran valor de cambio y de posición social, pero el valor de uso que tenía era escaso. A finales de siglo, un 70% de la tierra suponía bienes amortizados o de manos muertas.

 

Esta imposición nobiliar sobre el campesinado no se hizo sin algunos conatos de resistencia campesina, como los Irmandiños en Galicia (caso este instigado por la nobleza autóctona que estaba siendo desplazada por la castellana), los Payeses de Cataluña o los Comuneros de Castilla.

 

Todavía en el siglo XVIII el feudalismo era hegemónico en la economía agraria española. El domino de la nobleza y el clero sobre las propiedades agrarias había reforzado durante el XVIII el carácter tradicional de la agricultura española. Mientras los grandes propietarios monopolizaban la producción y el comercio, el campesinado organizaba la producción para atender a la subsistencia de la familia. Este modelo de monocultivo agrario fue contestado con la revolución de las comunidades de Castilla, cuya derrota en 1521 impuso por siglos un modelo de venta de materias primas para que fueran manufacturadas en otros sitios. La lenta introducción del liberalismo en España a partir de las Cortes de Cádiz (1810-1814) y el desarrollo de una, todavía incipiente, burguesía terrateniente a lo largo del siglo XIX tuvieron como un ámbito de actuación principal el mundo agrario. Es en este momento en el que se produce lo que podemos llamar una pequeña “revolución agraria liberal” cuyo objetivo principal fue la sustitución del tipo de propiedad que caracterizaba el modo de producción feudal.

 

La burguesía, que lentamente aumentaba sus cuotas de poder, y aliada con algunos sectores de la intelectualidad burguesa del momento, logró introducir algunos cambios de importancia en las relaciones sociales de producción, como la supresión del mayorazgo (en un proceso que se alargará desde finales de la monarquía absolutista hasta ya entrado el siglo XIX), la supresión de los señoríos jurisdiccionales (a lo largo del primer tercio del siglo) y la supresión de ciertas prácticas comunales agraria en contra de las comunidades locales y campesinas. Sin embargo, lo más significativo de este período fueron los procesos de desamortización llevados a cabo por Mendizábal (1836) y por Madoz (1855), que consistían en la expropiación forzosa y mediante subasta pública de las tierras que hasta ese momento no se podían enajenar y que pertenecían a las llamadas “manos muertas”, fundamentalmente la Iglesia Católica, sectores de la nobleza tradicional y las que pertenecían a los Concejos locales. Estas desamortizaciones no fueron concebidas como una reforma agraria, es decir, como medidas que afectasen a la estructura de la propiedad de la tierra. Esto solo fue una solución a los problemas de la Hacienda del Estado y de la financiación de la Guerra. En este sentido el proceso de desamortización, supuso el enriquecimiento de los sectores sociales más pudientes poseedores de títulos de deuda, y el empobrecimiento del campesinado que hasta entonces había usufructuado las tierras eclesiásticas y municipales gratuitamente o con contratos que les permitiera subsistir; ahora iban a tener que soportar arrendamientos al alza o jornales a la baja. Además la eliminación de estos terrenos comunales estuvo ligada al desarrollo del caciquismo. Estos hechos han marcado y lastrado el sistema de propiedad de la tierra y las relaciones sociales en el mundo rural hasta la Segunda República.

 

Por otro lado, la puesta en marcha de estos pequeños cambios en las relaciones sociales de producción, unida a un lento pero progresivo desarrollo de las fuerzas productivas, aceleró el proceso de concentración de tierras que se había iniciado a lo largo de la Edad Media socavando las pequeñas explotaciones tradicionales. A consecuencia de estos procesos se produce una significativa expansión agraria con la ampliación de la superficie cultivada, un incremento de la producción y el desarrollo de procesos de especialización productiva, sobre todo de cereal, aceite y vino además de cítricos y carne de vacuno, orientados hacia la exportación. Además aparecieron las rentas en dinero como última expresión de las rentas feudales del suelo, lo que supuso una reestructuración y transformación de la actividad campesina ante las nuevas relaciones monetario-mercantiles, dando paso posteriormente a las rentas capitalistas.

 

En cuanto a las diversidades regionales, cabe señalar las diferentes consecuencias que tuvieron estas medidas y que explican algunos desarrollos posteriores hasta el día de hoy. En Galicia la desamortización canalizó capitales de la burguesía urbana mercantil hacia la compra de foros para recibir una renta de la tierra; sin embargo, las relaciones sociales precapitalistas provocaron la continuación de sistemas agrarios basados en la pequeña propiedad y en economías de subsistencia con importancia de la ganadería para la exportación. En las dos Castillas, el fin de la Mesta (1836) debido a la supresión gremial, dentro de un proceso de desmantelamiento de la infraestructura feudal y sus relaciones sociales de producción provocó la pérdida del ganado trashumante, convirtiendo los pastos en tierras de labor con el consiguiente aumento de la producción de cereal para la exportación. Al derrotar la revolución de las Comunidades de Castilla en 1521, Carlos V estaba optando por la exportación de lana en lugar de su manufactura para Castilla en los siglos sucesivos.

 

La acumulación de capital que permite la exportación de productos en Cataluña y Euskadi permite la introducción de la industria que se irá consolidando a finales del XIX, frente a intentos previos en Málaga, Cádiz y Huelva. Así pues, se llega al acuerdo de dejar las zonas del norte (con menor tierra, una propiedad minifundista y tradicionalmente dedicadas al cultivo del maíz y la patata) para una producción industrial, mucho más rentable, frente a las zonas del sur, con propiedades mucho más eficientes para la producción de cereales, más rentables en este momento. Por tanto, la burguesía rural acepta que el sur mantenga su carácter rural, evitando cualquier intento de industrialización.

 

En Andalucía la desamortización provocó el desarrollo de las antiguas relaciones sociales de producción mediante la introducción de nuevos latifundios que debido a la utilización de mano de obra barata generó una alta rentabilidad para los terratenientes y la escasa burguesía urbana. Finalmente, en el País Valenciano y Cataluña la burguesía vivió un momento de prosperidad basado en la exportación a Francia de paños, cítricos y vino.

 

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX finalizó este proceso de expansión para dar lugar a uno de recesión y crisis agraria a partir de 1914. La situación del campesinado cambió más bien poco con el inicio del siglo XX. Para este momento la agricultura española se encuentra dividida entre un sector capitalizado, intensivo y exportador, formado por la vid, los cítricos y los frutos secos, y un sector tradicional, extensivo, no capitalizado, deficitario e importador, basado en el cereal. Las desigualdades sociales se acusaron; el 70% de la población vivía de las explotaciones agrarias y el 50% de la riqueza nacional procedía de la tierra, pero los intentos liberales fracasaron, ya que el 60% de las tierras seguían perteneciendo al clero y a la nobleza y se generó una masa muy precaria de cerca de dos millones de jornaleros y jornaleras. La progresiva expansión del capitalismo industrial por Europa llevó a fuertes crisis de sobreproducción por la creciente importancia de las importaciones extranjeras que provocó un descenso de la demanda de trabajo en el campo.

 

Frente a la burguesía industrial inglesa o la francesa que habían logrado unas relaciones sociales de producción mucho más liberalizadas y, por tanto, la capacidad de inversión del excedente agrario en la industria, la burguesía peninsular, salvo en los casos del País Vasco y Cataluña, no fue capaz de articular una economía capitalista que permitiera el trasvase del campo a la ciudad, lo que unido a la falta de modernización de las explotaciones agrarias provocó el empeoramiento progresivo de las condiciones en el campo. Este fue el contexto propicio para el inicio de los movimientos sociales campesinos, articulados, a principios del siglo XX, fundamentalmente en torno al catolicismo (sobre todo en el interior peninsular), el anarquismo y, en menor medida, al socialismo.

 

Por otro lado, en estos momentos se inicia la explotación industrial de las minas de carbón en el norte peninsular y de oro y plata en la zona de Sierra Morena, Murcia y el sur de Extremadura, aunque la falta de capital y de conocimientos técnicos lo mantuvo en niveles relativamente bajos.

 

En el primer tercio del siglo XX el panorama del mundo rural en la Península no sufrió grandes cambios y siguió basándose en una economía de corte proteccionista con la existencia de una zona agraria interior dedicada al cultivo extensivo con bajos rendimientos, dirigida al mercado interno y una zona periférica más industrializada. Este fue el panorama general hasta la llegada de la Segunda República, momento en el que se aprobaron varios decretos a favor del campesinado y del reparto de tierras, así como un plan hidrológico para extender los regadíos. Durante el Bienio progresista (1931-1933) se constituyó una Comisión Técnica para elaborar las bases de la Ley de Reforma Agraria, cuya puesta en marcha, gestionada por el Instituto de Reforma Agraria entregó parte de la tierra a los campesinos que la cosechaban. Sin embargo, la lentitud de su desarrollo, y la definitiva parálisis del proceso una vez llegó la derecha católica al poder en 1933, fue una de las excusas que dieron los golpistas para auto-justificar su golpe de Estado. Esta situación de paralización, de hecho, provocó el levantamiento de numerosos grupos organizados de campesinos que se sintieron engañados por la promesa de repartos de tierras, provocándose en muchos casos fallidos levantamientos campesinos.

 

Los terratenientes fueron importantes instigadores del golpe de estado apoyando al bando fascista, ya que temían una revolución en los campos que les quitara sus propiedades. La victoria del fascismo no les hizo esperar y se devolvieron a los antiguos dueños las tierras expropiadas y se procedió a la anulación de todo lo desarrollado durante el gobierno democrático de la II República.

 

El triunfo del Frente Popular y la sublevación fascista contra este, posibilitó la entrada del PCE en el gobierno. Siendo Ministro de Agricultura Vicente Uribe, se pone en marcha la reforma agraria más avanzada hasta entonces. En octubre de 1936, las tierras de los terratenientes fascistas son expropiadas y dadas en usufructo a los campesinos que las trabajaban. Los campesinos podían trabajar la tierra de forma individualizada o en régimen de cooperativa, a elección de los campesinos. 5.400.000 hectáreas fueron expropiadas y entregadas a los campesinos para que las trabajaran, esto suponía el 70% de la superficie cultivable de la zona republicana. Esta reforma suponía la solución más satisfactoria y más justa a la cuestión campesina, sólo las armas enviadas por el fascismo internacional fueron capaces de poner fin a tal avance.

 

Durante los primeros momentos del franquismo el campo se estancó bajo la imposición de una férrea economía de corte autárquico. Los bajos precios de “la tasa”, oficialmente impuestos por el régimen, así como el rígido control a que se sometieron la comercialización y el consumo de granos, en parte disuadieron a algunas y algunos cultivadores de seguir produciendo, con lo que las inversiones y la producción disminuyeron, ahogando más las duras condiciones de la posguerra. Precisamente, la oposición a "la tasa" fue un elemento central en la estrategia de guerrilla antifranquista de posguerra para atraerse al campesinado. La guerrilla fue un fenómeno eminentemente rural y con un papel central de los comunistas.

 

Sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la disputa por la hegemonía mundial etre los EE.UU y la URSS llevó a España a un nuevo papel internacional, como aliada de los Estados Unidos y los países capitalistas europeos, por su fuerte anticomunismo. Esto propició la salida de la autarquía, la liberalización progresiva de la economía y la inversión de capitales extranjeros, lo que modificaría la política económica a partir de los años 50 y 60, y el cambio de políticas agrarias del franquismo, que impulsaron la expansión agraria, la colonización de nuevas zonas de cultivo y la reactivación de la minería. Las grandes propiedades se beneficiaron de este momento gracias al “control” impuesto en el campo por los aparatos del Estado, la abundancia de mano de obra barata y la liberalización progresiva de los precios.

 

Pero el estancamiento de las fuerzas productivas provocado por el aún férreo control económico del franquismo generó una importante crisis en el campo. Fue en este contexto en el que se desarrolló el Plan de estabilización de 1959, un plan económico de unificación de los múltiples cambios existentes, elevación de los tipos de descuento, medidas de control del gasto público y la entrada en el FMI, la OECE y el banco internacional de Reconstitución y fomento. Las consecuencias fueron la marcha masiva hacia los suburbios de las ciudades industriales y la emigración a Europa Occidental en un proceso de abandono del campo del que nunca se recuperará; entre 1960 y 1970 la población activa agraria pasó de 4,82 millones de personas a 3,6 millones y seguiría descendiendo a esa velocidad. La escasez de mano de obra en el campo provocada por la fuerte emigración llevó a su mecanización forzosa en los últimos años del franquismo, que no evitaron un fuerte estancamiento tras la crisis del petróleo de 1973.

 

La llegada de la democracia burguesa supuso la liberalización total de la economía, un mayor dominio económico y político por parte de los monopolios, lo que llevaría a la conformación de España como país imperialista y su integración en otras estructuras como la Unión Europea (UE). En lo agrario este período se caracteriza por varios aspectos interrelacionados: la liberalización de los precios y salarios agrarios, la lenta e inacabada industrialización del campo, la progresiva destrucción de las pequeñas y medianas propiedades, apoyo económico a los grandes terratenientes aún dejando las tierras sin cultivar, etc. Aspectos que serán analizados en otras partes de estos documentos. Sin embargo, el aspecto central ha sido la integración en la Unión Europea a partir de la entrada de España en 1986  que llevó a la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) de forma inmediata y que ha determinado la estructuración económica y social en el mundo rural de la Península Ibérica.

 

Entre los procesos de liberalización de la agricultura encontramos la eliminación en los 80 del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), organismo estatal que protegía al agricultor de los movimientos especulativos del mercado. El SENPA fijaba un precio de garantía para productos como el trigo y otros cereales, por lo que si el agricultor no lograba vender el producto en cuestión por encima de ese precio tenía la opción de vendérselo al estado, el cual lo almacenaba en silos distribuidos por todo el país, podría decirse que era un análogo al sueldo mínimo de las relaciones laborales. Además era una herramienta contra el aumento de precios de productos elaborados a partir de los cereales como el pan entre otros, ya que podía sacar al mercado el trigo almacenado bajando así los precios.

 

 

2. Introducción sobre la situación actual. Análisis general

 

El medio rural y semi-rural no escapa a la lógica del capitalismo y su tendencia a la concentración y centralización de capitales y medios de producción. La situación de monoproducción que representan los principales sectores productivos del medio rural (agricultura, ganadería, sector forestal, agroalimentario, pesquero, turístico y energético), acentúa aún más la precaria situación de la juventud, la clase trabajadora y las capas populares de estas zonas.

 

A pesar de las diferencias de base económica y socio-clasistas de las diferentes zonas se constata la tendencia al traslado de la soberanía de los pueblos (alimentaria -agrícola, ganadera, pesquera, etc...,  y energética –minería y renovables-) a los monopolios europeos, principalmente franceses, alemanes y británicos. Monopolización que se ve reforzada por las leyes y medidas impuestas para la construcción del polo imperialista europeo (UE).

 

Esta estrategia para acelerar la propia lógica del sistema se evidencia en la importancia del sector agropecuario en el mundo rural. Por un lado se constata la pervivencia y desarrollo del latifundio y subvenciones mediante la PAC (y otras medidas) a grandes propiedades y empresas del sector agroalimentario. Las y los grandes beneficiarios de la PAC en España la constituyen tan solo 300 de estos receptores. En las zonas de pequeña propiedad, se percibe una dura lucha entre estos sectores no monopolizados y los monopolizados, tendiendo a la destrucción del pequeño y mediano campesinado con el mismo objetivo, la concentración de la tierra en menos propietarios y propietarias. En el caso de la soberanía energética el proceso es similar, y busca un traslado de la soberanía energética a las grandes transnacionales del sector.

 

Estos monopolios imponen políticas de precios y controlan la producción y distribución de los alimentos y la energía, no en base a necesidades sociales y medioambientales sino en base a sus intereses. Esta lógica está destruyendo la soberanía, el medioambiente y los modos de vida del medio rural, obligando a la juventud que vive en el mundo rural a la emigración y a buscar empleo en otros sectores ocupacionales fuera del campo. El modo de producción capitalista destruye fuerzas productivas.

 

 

2.1 La política Agraria Común (PAC).

 

La PAC es la primera política unitaria de la Unión Europea (desde 1962), y hoy en día supone el 40% del presupuesto total. Surgió en la Europa de la Postguerra con el objetivo de incrementar la productividad agraria y garantizar el autoabastecimiento de la Comunidad Económica Europea (CEE). Para ello estableció tres principios básicos: un mercado único agrario, preferencia comunitaria para las producciones de la CEE y solidaridad financiera entre estados de la CEE. El organismo que gestionaba hasta el año 2000 la financiación era el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).

 

A partir de los años 80 se cumplió el objetivo de hacer a la UE autosuficiente en agricultura y ganadería, debido al aumento de explotaciones y producción, surgiendo el problema de la sobreproducción; así se convierte en una potencia exportadora gracias a las subvenciones y al mismo tiempo importadora, en ambos casos por debajo de los costes de producción. Este hecho junto a los aranceles comunitarios (impuestos a la importación y eliminados en la comunidad bajo pena de sanción) está arruinando la agricultura campesina en los países de origen y destino (dumping). Todas las posteriores reformas de la PAC se han hecho según los criterios de la OMC.

 

A partir de la Agenda 2000 (1997) se dividió la ayuda en dos pilares. El primero (80%) en base por un lado a la ayuda directa, que favorece sin duda a las explotaciones de mayores dimensiones y a las agriculturas continentales (cereales, lácteos, carne de vacuno) frente a las explotaciones pequeñas y a las agriculturas mediterráneas (aceite de oliva, frutas, hortalizas, vino, tabaco), y por otro en base a las  garantías de precio (regulación del mercado). Y el segundo pilar (20%) que subvenciona el abandono de tierras y el cambio de actividad, y en menor medida intenta compatibilizar la actividad agraria con el medio ambiente. Si bien, tras 12 años de aplicación y una cantidad ingente de recursos utilizados no ha solucionado los problemas estructurales del modelo productivo.

 

La nueva reforma de la PAC enmarcada dentro del Objetivo Estratégico “Europa 2020”,  supondrá la destrucción del ya escaso futuro de las y los pequeños agricultores y ganaderos y por ende de las y los jóvenes que podrían optar a seguir trabajando en el campo. Siempre con el objetivo de trasladar la soberanía alimentaria a los grandes productores y exportadores agrarios (concentrados en los países que lideran la construcción del bloque imperialista Europeo, principalmente Francia y Alemania), consolidando un pequeño grupo de unas 300 explotaciones monopolizadas y de terratenientes que son los que controlan gran parte de la producción y subvenciones en España. Las medidas y consecuencias principales de esta nueva revisión de la PAC serán las siguientes:

 

● Un fomento del monocultivo, que prima la cantidad por sobre la diversidad -poniendo freno a la diversificación , lo que supone la desaparición de las variedades de cultivo locales-autóctonas y por lo tanto, la pérdida de biodiversidad- y la planificación de la agricultura en función de las necesidades, incrementando la inseguridad alimentaria y con múltiples consecuencias negativas para el medio ambiente.

 

● El 16% de los mayores perceptores de las ayudas directas de la PAC en España recibieron el 75% del total. La media de las ayudas recibidas es de 5.642€/explotación, mientras que algunas empresas como Freixenet, Mercadona, García Carrión o las grandes fortunas de terratenientes reciben millones. Este elemento seguirá profundizándose y con él, la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos.

 

● Supedita la producción agrícola, no al consumo local sino al comercio internacional, con la pérdida de soberanía alimentaria y un innecesario gasto energético en el transporte. El qué se produce y cuanto se produce no  se hace en función de las necesidades alimentarias sino de los intereses económicos de los monopolios. La mercantilización agropecuaria se profundizará. Además, aumentará  el coste ecológico al ser necesario transportar la producción agrícola largas distancias hasta los lugares de consumo.

 

● No aborda el problema de los precios que perciben las y los agricultores, con lo que los monopolios y los intermediarios son los que establecen los precios, lo que continuará con la concentración de la propiedad y la destrucción de miles de unidades agropecuarias en el Estado Español que venden por debajo de los costes de producción.

 

● Al estar la PAC al servicio de los monopolios, la nueva reforma no aborda el problema de las rentas que perciben las y los agricultores y ganaderos y ganaderas (un 50% por debajo de los de la media de la UE).

 

● Los países que dominan la UE y sus monopolios, controlan los bancos de semillas, los productos fitosanitarios y la distribución. Persiguen un traslado de la renta final agraria a sus países desde los periféricos, entre los que se encuentra España.

 

● Propugna el desacople total (desvinculación de las ayudas a la producción y sin obligar a producir ni a declarar la producción), lo que repercutirá en el mayor abandono del campo, pues se fomenta el abandono de la actividad y el desmantelamiento de las unidades productivas. Pero por otra parte se requiere que las tierras estén disponibles, con lo cual también favorecerá la especulación, es decir que estén a disposición para cuando los mercados lo demanden y no las necesidades de las personas.

 

● Se recortan el 10% las ayudas directas a las personas que laboran en el sector agropecuario para trasladarlo al segundo pilar, denominado “política de desarrollo rural”. Muchas de estas ayudas caerán en empresas en las que algunos de los y las agricultoras trabajen (con trabajos precarios), o en el turismo rural. Sin embargo, los ingresos y empleos  creados en los centros de turismo rural son muchos menos de los que se perdieron en la economía rural. Los principales beneficiarios serán especuladores y cadenas de turismo rural. Actualmente la legislación permite a un terrateniente acumular derechos de cobro de ayudas en detrimento de los pequeños agricultores, generando un entorno especulativo que se acentuará con la reforma.

 

● Se producirá un aumento lineal del 1% anual de las cuotas lecheras, lo que perjudicará a los y las pequeñas ganaderas, ya que países con excedente, inundan nuestro mercado con sus productos a bajo precio, lo que obligará a cerrar cientos de explotaciones lecheras al tener que vender por debajo del coste de producción. El aumento de las cuotas lácteas de un 2% anual impuesto por la UE, producirá un aumento de la oferta, en consecuencia una caída de precios. Esto supone la eliminación de los pequeños y medianos productores, ya que no pueden producir más por menos dinero. De esta forma dejarán el mercado lácteo sólo a los grandes productores, ya que esta previsto en un futuro (2015) eliminar estas cuotas, para entonces, el poder de mercado de las grandes productoras impedirán la entrada de pequeños y medianos productores lácteos.

 

● Se eliminarán los mecanismos que existen para proteger la producción autóctona en concepto de derechos de importación.

 

Con estas reformas se aumenta la tasa de ganancia de la gran industria alimentaria a costa de la obtención de materias primas más baratas, en detrimento de las cooperativas de pequeños agricultores y las y los  consumidores. Esta PAC deja ver la clara orientación en contra de la juventud rural y los pequeños y medianos agricultores y agricultoras.

 

 

2.2 Soberanía alimentaria.

 

En los años 50 se produce un hito mundial que va a cambiar la concepción de la agricultura a nivel mundial, esto es la llamada Revolución Verde, que consistió en el desarrollo y la utilización de manera masiva de los agroquímicos como los pesticidas, fertilizantes, etc. Se da un cambio en la forma de producción gracias a la introducción de este tipo de químicos, pasando de un modelo de extracción extensivo a una producción intensiva con el consecuente aumento de la cantidad de alimentos. El aumento de producción de alimentos que trajo la revolución verde prometía acabar con el hambre en el mundo, nada más alejado de la realidad.

 

La consecuencia para el campesinado fue desastrosa. Se comienzan a potenciar las grandes zonas de cultivo intensivo, formadas por grandes explotaciones de tierra, que desbancan a la agricultura tradicional que no puede competir con estos grandes productores. Se produce también un choque ecológico con la agricultura tradicional ya que no se respetan los ciclos de producción de la tierra, unido a una pérdida de biodiversidad de los cultivos.

 

Pero la consecuencia más dramática de este proceso es la pérdida de derechos del campesinado, con especial agudeza en los países de la periferia, ya que el centro imperialista ha fijado sus extensiones de tierra en estos países del sur. Las consecuencias de la globalización y la sustracción alimentaria han sido el desplazamiento de comunidades agrarias para hacer grandes campos de cultivo, pérdida de las tierras del campesinado y la creación de grandes extensiones de monocultivos intensivos destinados a la alimentación de ganado para el consumo en países del centro imperialista.

 

En la base de este problema del reparto de tierra están muchos de los conflictos actuales, como es el caso de Colombia, donde el campesinado fue desplazado de sus tierras para implantar grandes campos de producción de palma, que es de donde se extrae el aceite vegetal de palma, uno de los aceites más utilizados para la fabricación de bollería industrial; este aceite de palma es de peor calidad que otros aceites para consumo humano, pero es muchísimo más rentable para el capital tanto por la materia prima como por la mano de obra, ya que estas explotaciones de aceite de palma se hacen en países de la periferia para mayor rentabilidad de las multinacionales, además de utilizarse para la producción de biodiesel que, bajo un discurso progresista respecto del medioambiente, se ocultan los conflictos ocasionados por la obtención de este recurso. O el caso de Guatemala, donde se reprime y asesina a comunidades indígenas para implantar una producción a gran escala de caña de azúcar destinada a la extracción de etanol impidiendo los proyectos agrarios comunitarios que fomenten la soberanía alimentaria y la economía de subsistencia.

 

Otro de los problemas que estamos viendo también en esta época de crisis es el de las hambrunas, como actualmente existe en el Cuerno de África. Este no es un problema de falta de alimentos, sino de distribución, y es que el capitalismo en su fase imperialista ha introducido en el mercado de valores la especulación con los productos de primera necesidad, por lo que se dan situaciones de retención de cosechas para encarecer su precio, además de que la mayoría de la producción de alimentos va destinada al consumo de la ganadería intensiva. Por otro lado, algunas políticas pretendidamente verdes en los países ricos han conllevado consecuencias catastróficas. La apuesta por los biocombustibles a finales de la primera década del s. XXI (principalmente EEUU y UE), provocó que el precio de alimentos básicos se duplicase en el mercado mundial y se orientase gran parte de esta producción para cubrir la demanda energética. Como resultado, se produjo una crisis alimentaria que aumentó la mortalidad ya elevada por estas causas.

 

Es en 1959 cuando se empieza a desarrollar este modelo en España con el llamado Plan de Estabilización. Pasamos de ser un país mayoritariamente campesino a introducir granjas intensivas de ganado, deprimiendo nuestra agricultura tradicional y fomentando la introducción de cereal importado para alimentar el ganado de las granjas. Se produjo también un cambio en el patrón alimentario, cambiando nuestra base de cereal y legumbre por la cárnica (para que se produzca un kilo de carne el animal debe de consumir cinco kilos de cereal).

 

Para conseguir la soberanía alimentaria hay que controlar las tierras, pero habrá que cambiar los hábitos alimenticios por la insostenibilidad de este modelo. A día de hoy, la soberanía alimentaria en el Estado español pasa, entre otras cuestiones de importancia, por la reducción del consumo de carne en favor de un aumento de la dieta vegetal, ya que aumenta la productividad del terrazgo y aporta una dieta más saludable para el ser humano, que en los últimos años se centra en el alto consumo de "comida basura", mediante la cual los capitalistas obtienen un mayor margen de beneficio.

 

Este proceso de destrucción del sector agrícola se agudiza con la entrada en la Unión Europea, que ha desplazado el sector agrícola por la construcción y el turismo. Se desmantela el campo y las pequeñas explotaciones, mientras que se priman las grandes extensiones de tierra. Se han ido quitando las ayudas a las cooperativas y la política Agraria Común (PAC) sólo ha favorecido los grandes latifundios, a través de las ayudas por hectáreas de terreno. Esto favorece que la tierra esté en manos de la burguesía, de los grandes terratenientes, dificultado el acceso a la tierra a los pequeños agricultores y se ponga en peligro la soberanía alimentaria de las poblaciones.

 

Ante esta ofensiva neoliberal en los años 90 comienzan a organizarse las y los campesinos de la periferia para luchar contra los métodos capitalistas. Así se crea la organización Vía Campesina, que en su lucha contra el neoliberalismo plantea el concepto de soberanía alimentaria (enunciado en el plano internacional en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996). La idea que subyace en la soberanía alimentaria es que cada pueblo, cada región tiene derecho a organizar su propia política agraria, su propia producción de alimentos, de cara a asegurar sus necesidades alimentarias básicas, sobre la base del respeto a la naturaleza, respetando sus ciclos naturales, con criterios sostenibles, de justicia social y de trabajo digno. La soberanía alimentaria implica la protección del mercado domestico contra  los productos excedentes que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costes de producción). La alimentación es un derecho humano fundamental y una necesidad básica, todas las personas tienen derecho a acceder a los alimentos. La soberanía alimentaria debe ser un derecho de los pueblos, tanto en la producción como en el consumo.

 

Actualmente esta es la organización que está llevando a cabo políticas de agricultura y consumo alternativas, estando dentro de ellas países como Venezuela o Cuba, planteando una alternativa agraria sostenible y que lucha por los derechos de las personas a tener acceso a los alimentos. Vía Campesina defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza. Comprende en torno a 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo.

 

La salida para que se pueda garantizar una soberanía alimentaria y una alimentación digna para toda la población pasa por la colectivización de la tierra y la nacionalización de las empresas de provisión de los insumos agrarios, así como de la distribución de los productos, además de una planificación y una adecuada coordinación entre la industria y el campo para garantizar un abastecimiento de alimentos a la población y unos ingresos dignos para los campesinos. Esto no excluye que se pueda potenciar la creación de huertos ecológicos y grupos de consumo que permitan llevar a la práctica una alternativa de producción y consumo englobada dentro de la agroecología, y que se vincule a estructuras de participación y acción colectivas a corto plazo, los grupos de consumo consiguen relaciones más directas y humanas entre las personas productoras de y consumidoras, eliminando a su vez las intermediarias. De esta forma se pueden potenciar unas condiciones de trabajo y de vida dignas para las personas que producen, evitar la especulación y asegurar una calidad mayor en los alimentos que consumimos libres de tóxicos y transgénicos. En el socialismo auxiliaran a las estructuras agrícolas colectivas permitiendo una mayor eficiencia en determinadas materias de producción.

 

A continuación vamos a analizar los diferentes cultivos que existen así como sus problemáticas:

 

·         Cultivos herbáceos de secano: Cereales (cebada, trigo, avena, centeno, maíz en secano en los litorales atlánticos), leguminosas (vezas y los yeros, judías secas…) y oleaginosas (girasol). Muy abundantes en: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja… En las zonas de interior. Más que para alimentación humana, la mayoría de su destino es la alimentación animal. Su precio varía mucho según la situación internacional, precio del petróleo y la especulación. Un ejemplo de ello es que las cosechas de trigo se venden en la bolsa de Chicago antes de ser recolectadas, ejemplo de cómo el sistema capitalista evoluciona para “hacer el negocio” con los productos de primera necesidad alimenticia. Sus variaciones de precio afectan a la ganadería,  por ser el principal sustento de la ganadería intensiva estabulada.

 

·         Cultivos herbáceos de regadío: Cereales (maíz, arroz), Legumbres… Típicos en las zonas cerealistas tradicionales, donde ha habido una transformación de modernización de regadío. En el caso del arroz: Delta del Ebro, Comunidad Valenciana, Calasparra… Destinados tanto a alimentación humana como a piensos. Aquí hay que señalar la aparición del maíz transgénico, cuyo cultivo fue aprobado por la UE en el 98; además de ser nocivos para la salud, los transgénicos dañan el ecosistema y la biodiversidad, haciendo a las y los agricultores más dependientes del mercado de insumos y del petróleo, dejando la alimentación en manos de empresas capitalistas cuyos fines no son más que el beneficio propio. Todos estos cultivos se producen en regadíos, debido a las políticas Europeas de competitividad, en zonas donde estos cultivos no deberían producirse por su gran demanda de agua, dejando a las pequeñas explotaciones en manos de terratenientes que controlan las comunidades de regantes, poniendo los precios a su antojo.

 

·         El olivo y la vid: el cultivo de la vid y el del olivo merecen mención aparte debido a su importancia en el sector agrícola español. España se encuentra en la tercera posición como productora de vino a nivel mundial, a pesar de ser el país que cuenta con más superficie vitícola (14,5%), destacándose la fuerte implantación en la comunidad de Castilla-La Mancha, que produce casi la mitad de todo el vino producido en España. El sector vitivinícola se encuentra estancado debido al descenso en el consumo a nivel global y a la caída de los precios, aunque tanto la producción como las exportaciones han crecido ligeramente, mientras que el consumo interno disminuyó. Otro subsector de la vid, como es la producción de uva pasa, especialmente en la provincia de Málaga, se encuentra minusvalorado por la falta de ayudas públicas para su difusión y comercialización, tanto a nivel estatal como internacional, a pesar de ser un producto de máxima calidad y fama mundial, producido mayoritariamente por cooperativas de pequeños agricultores. Hay que hacer mención además en el caso del sector vitivinícola del daño que ha producido una Política de Ayudas nefasta, desastrosa y contradictoria. Mientras que la administración paga a los pequeños agricultores por arrancar sus viñas al mismo tiempo paga a grandes terratenientes por aumentar su producción y transformar su explotación de secano a regadío. En definitiva, no se reduce la producción de un cultivo excedentario, sino que esta pasa de pequeñas explotaciones a grandes terratenientes, y todo sufragado por la administración en beneficio de estos últimos. Por otra parte, el cultivo del olivo, que se da sobre todo en regiones al sur del Estado (principalmente en Andalucía) se encuentra en una situación parecida a la de la vid, es decir, aumentando su producción y por lo tanto haciendo crecer las exportaciones de aceite de oliva. Sin embargo, el sector del olivo se encuentra ahora en una situación difícil debido a los acuerdos de la UE con Marruecos que liberalizan el paso del aceite marroquí y cuyas consecuencias pueden ser desastrosas para las y los productores de aceitunas. Aun así en los sectores de Jaén, Córdoba y partes de Granada, encontramos la mayor producción mundial de aceite, y por tanto enormes esfuerzos productivos a este sector. Podemos destacar que además de las dificultades que se dan en plano de competencia directa con otros países productores (Italia y la ya mencionada Marruecos), la mecanización en el campo es escasa, la calidad del aceite variable según la región, además de la labor  mercantilizadora de las cooperativas agrícolas, que se han convertido en cuna de una nueva burguesía rural que dirigen sus esfuerzos a la maximización del beneficio y subida de precios del aceite frente a una producción colectiva, control de la producción' y reparto equitativo de los frutos del trabajo. Añadida a esta situación, vemos como se han vertido esfuerzos para la "mercantilización" de los nexos de conexión de las áreas rurales de las provincias olivareras, con la introducción de vastas zonas comerciales, que están conectadas directamente con esta burguesía rural, beneficiada además por las ayudas europeas.

 

·         Hortofrutícolas: Murcia, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana donde más. Dependiendo de la zona, en regadío o en secano, estas últimas teniendo bajas  producciones, hay una gran oferta lo que aprovechan las y los intermediarios y mercados para pagar a más bajo coste que el de producción estos productos, sobretodo los frutícolas. En el caso de las hortícolas, la producción bajo plástico ha supuesto sobre todo en la provincia almeriense, con el gran impulso económico, a costa de un coste medioambiental innegable.

 

·         Los pastos, forrajes y forestal: Cornisa Cantábrica, Pirineos y zonas montañosas del resto del Estado. Uso alternado con las explotaciones ganaderas extensivas. En la zona de Galicia se constituye como sector primario, fundamental el forestal más desregularizados a nivel estatal por la falta de un Plan de aprovechamiento multifuncional de los montes y dada la situación. Asturies se constituye también como un referente en la producción forestal produciendo entre las 700 y las 900.000 toneladas de madera suponiendo un importante nicho de empleo. Este es uno de los sectores más desregularizados a nivel estatal dada la situación de minifundismo total incluso llegando a exponerse a que montes privados tengas varios titulares como propietarios o por el contrario aparezcan áreas forestales de titularidad indeterminada. Sumando estas circunstancias a la improvisación que históricamente se utilizó para gestionar el sector forestal en Galicia provocan que los montes y bosques estén tan desorganizados que hagan imposible su gestión eficiente desde un punto de vista ecológico, económico y social. Estas circunstancias junto con la figura del monte en propiedad común o gestionado por mancomunidades locales menores, así como una ley de montes no clara y que implica la existencia de obstáculos para la asociación de propietarios en mancomunidades, encaminada a una mejor gestión de los recursos forestales, lleva a que dos gigantes de la industria de la transformación maderera como son, ENCE y FINSA Financiera maderera, S.A. impongan precios al cubicaje de la madera al ser talada. Esto está provocando la utilización de todo el territorio forestal productivo como un medio especulador, gestionado con empresas satélites y a su vez éstas con subcontratas que disponen de trabajadoras y trabajadores sin ningún tipo de convenio regulador. Otro de los problemas del monte es la utilización de monocultivos, plantas invasoras y la destrucción del entorno biológico-forestal por la rotura del equilibrio del ecosistema al introducir estas especies de alto rendimiento maderero, tales como el eucalipto que deteriora el paisaje y ha sido calificado como “un cáncer para la flora y fauna de un hábitat”, también provoca la aparición de plagas que destruyen especies autóctonas a las cuales resisten los cultivos industriales por la manipulación genética. Estas especies se han demostrado poco rentables trás la primera corta y tienen alternativas altamente rentables y sostenibles como la plantación de manzanos, cerezos madereros o nogales americanos.

 

·         Transgénicos: Los cultivos transgénicos son aquellos en que se usan plantas genéticamente modificadas para  aguantar condiciones climáticas más extremas (sequías, heladas, etc.), para producir naturalmente plaguicidas o para aumentar su productividad. España es el mayor productor de Organismos Modificados Genéticamente de la Unión Europea, además de permitir la experimentación a campo abierto; la región con mayor presencia de estos cultivos es Aragón, donde se produce alrededor de un tercio de los OMG de España. Estos cultivos, aparte de que no se ha demostrado aún su inocuidad hacia el ser humano y otras especies animales, contaminan cultivos naturales a través de la polinización, y alteran negativamente los ecosistemas y las cadenas tróficas. Se suelen diseñar para aumentar la productividad y favorecer así la tendencia hacia el monocultivo y las grandes explotaciones agrícolas nefastas para el medioambiente y las economías rurales; eso cuando no se diseñan directamente contra natura de forma perversa para que, por ejemplo, las semillas mueran artificialmente tras la primera cosecha, obligando a los agricultores a comprar semillas cada año (como hizo la empresa Monsanto en la India). Además, los cultivos transgénicos son innecesarios en tanto que toda plaga o inclemencia climática tiene remedios naturales, y en tanto que el aumento de productividad que producen se alcanzaría igual y mejor cambiando el modelo agrícola siguiendo las líneas que apunta este documento.

 

·         Cultivos Industriales: Sobre todo remolacha azucarera y algodón. Este último fue desapareciendo con las ayudas de la PAC a su cultivo. En el caso de la remolacha azucarera, sobre todo cultivada en Castilla y León,  es un sector importante en donde la monopolización y las políticas europeas al servicio de las multinacionales, han destruido fuerzas productivas sin tener en cuenta las necesidades alimenticias, pues en el Estado Español se produce menos azúcar que la que se consume (la cuota es de 498.480 toneladas  y el consumo interno de casi cuatro veces, más de 1,4 millones). La OMC ha promovido en 2006 una reforma que pretende reducir en un 50% la producción de azúcar y la concentración de la producción en pocos países y manos, con los costes medioambientales y humanos que esto supone. A pesar del “incentivo” del abandono, los precios que perciben no han dejado de bajar. Pasando de 48,19 euros en el año 2006 a menos de 26 para la campaña de 2010/2011. En España y en Castilla y León, este sector está dominado por la empresa Ebro Puleva, que posee casi en exclusiva el monopolio de la producción de azúcar, y por ende del establecimiento de los precios.

 

·         Agricultura ecológica: Su aparición fue lenta hasta 1995, año a partir del cual las Comunidades Autónomas empiezan a subvencionar a este tipo de producciones. Hoy la agricultura ecológica certificada está asentada en el territorio español, cubriendo un 5% de la superficie cultivada y con crecimientos anuales de dos cifras, suponiendo una alternativa importante para miles de pequeñas explotaciones agrarias5^[2]. Por ausencia de sensibilización del mercado interior y el alto precio para el consumidor, la mayoría se destina al exterior, a mercados Europeos, donde los productos son mejor pagados que los convencionales y también ligado a la falta de lugares para colocar el producto a nivel tanto local como estatal.  Hay que señalar la aparición de iniciativas particulares y asociaciones de consumo que absorben pequeños volúmenes de producto. Las ventajas” hasta el punto “La agricultura ecológica y de proximidad, en la que los productos se distribuyen en canales cortos, no sólo produce alimentos más sanos respetando el medioambiente, sino que es también la plasmación de un modelo alternativo al capitalista: la preocupación mediambiental, el enfoque ecológico, la preocupación social y la eficiencia energética.

 

·         Agrocombustibles: entran dentro del marco general Europeo para fortalecer la agricultura para las grandes empresas en contra de productores y consumidoras/es. Son numerosas ya las plantas de transformación de alimentos en combustible. Este sector no sólo no potencia la economía rural, pues los puestos de trabajo que origina son escasos en comparación con los que destruye en el sector primario. Un elemento central es el incremento del coste de los alimentos, además favorece  la tendencia hacia el monocultivo y a las grandes explotaciones agrícolas nefastas para el medioambiente. La ley obliga a que los combustibles contengan un 7% de biodiesel como mínimo. También señalan que el uso de biocombustibles industriales ya está teniendo un impacto desastroso sobre el mundo en desarrollo porque las multinacionales han adquirido terrenos a gran escala. En todos los países en vías de desarrollo, las empresas de la UE ya han adquirido o están en negociaciones para adquirir al menos 5 millones de hectáreas. Esto tiene como consecuencia el desplazamiento de personas, a las que no se les ha consultado ni se les compensa. La población rural es la más afectados ya que está perdiendo sus medios de subsistencia y gasta más tiempo en ir más lejos para llevar a cabo tareas domésticas como la recogida de leña. También conlleva promesas rotas sobre los salarios y las oportunidades de empleo y, lo que es más grave, escasez de alimentos para la población local y desplazada.

 

 

2.3 Grandes extensiones de tierra.

 

Hay regiones en las que nos encontramos que la tierra se reparte principalmente en grandes latifundios (Andalucía y Extremadura principalmente), debido a la conformación histórica de la estructura de la propiedad, a la lógica del propio sistema y al impulso dado por las múltiples reformas que ha ido sufriendo la PAC. Ante esta situación de concentración de la propiedad, las subvenciones de la PAC refuerzan el mantenimiento de la misma, ya que se dan subvenciones para la explotación de los terrenos agrícolas por hectáreas y no por productividad, lo que lleva a que las pequeñas parcelas de tierra, dejan de ser rentables a las y los pequeños propietarios. Estas subvenciones no dan abasto para el laboreo de las mismas, y la producción, con los precios cada vez más devaluados, no permite la subsistencia de las pequeñas propiedades, que se ven obligadas a la venta de sus pequeñas parcelas a los grandes terratenientes, dejando a estos pequeños propietarios las opciones de trabajar para el terrateniente o el abandono del medio rural y buscar trabajo en las ciudades. Un ejemplo concreto de esta situación es Andalucía, donde el 50% de la tierra se encuentra en manos del 2% de las y los propietarios.

 

Principales terratenientes del Estado español:

 

Ducado de Medinaceli	79,147 hectáreas
Ducado de Peñaranda	51,016 hectáreas
Ducado de Villahermosa	47,016 hectáreas
Ducado de Alba	34,455 hectáreas
Marquesado de la Romana	29,097 hectáreas
Marquésado de Comillas	23,720 hectáreas
Ducado de Fernán-Núñez	17,733 hectáreas
Ducado de Arión	17,667 hectáreas
Ducado de Infantado	17,171 hectáreas
Condado de Romanones	15,132 hectáreas
Condado de Torres-Arias	13,645 hectáreas
Condado de Sástago	12,629 hectáreas
Marquésado de Mirabel	12,570 hectáreas
Ducado de Lerma	11,879 hectáreas

 

Si a esto le añadimos la cada vez, más marcada mecanización de las cosechas, nos hallamos con una bajada considerable de la mano de obra agraria da como resultado que en torno al 30% de la población se encuentre en situación de desempleo, lo que supone estar 10 puntos por encima de la media estatal, y que los escasos puestos de trabajo que se generan, se concentren en pequeños periodos de tiempo, que coinciden con la recolecta de los principales tipos de cultivos, vid, y olivo, desde septiembre hasta enero.

 

Esta situación pone de relevancia la importancia en estas comunidades autónomas del subsidio agrario por desempleo así como del antiguo PER (Plan de Empleo Rural)  renombrado, a partir de 1996 a consecuencia del AEPSA como Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). El subsidio es una ayuda de 420€ mensuales durante 6 meses. A la jornalera o jornalero se le exige un mínimo de 35 días trabajados firmados por el dueño de alguna explotación (o Ayuntamiento) para poder beneficiarse del mismo.

 

El PER, por tanto, sólo es una ayuda, para que los jornaleros de estas zonas puedan subsistir durante el tiempo en que las tierras no producen nada, pero no genera puestos de trabajo.

 

Pasamos a analizar la realidad del campo en estas dos regiones ya citadas, donde las pequeñas propiedades existentes, son labradas y trabajadas en la mayoría de los casos por las familias propietarias,  pequeños agricultores tradicionales, que siguen manteniéndolas, la mano de obra va disminuyendo, ya que estas pequeñas proporciones, sólo dan unos 4 meses máximo de trabajo asalariado en todo el año, y para una sola persona. Ahora, es cada vez más difícil encontrar trabajo en este sector, ya que la producción se está mecanizando, como puede verse en el caso de las cosechas, en las que una o un solo jornalero, puede desarrollar, el mismo trabajo para el que antes se necesitaban al menos 3. Como los grandes latifundios reciben subvenciones que no exigen el desarrollo de cultivos, ni generar puestos de trabajo ni productividad, la mecanización se abre paso.

 

Si a la mecanización, le sumamos la reducción del salario y un déficit importante de acceso a servicios básicos como sanidad y educación” comprendemos el flujo, comprendemos los flujos de migración de los y las jóvenes habitantes de estas zonas a las zonas urbanas.

 

Desde la UJCE debemos centrar nuestro discurso y nuestra acción política en el reparto y la justa distribución de las tierras, ya que se puede producir más y mejor, y crear puestos de trabajo mediante la expropiación a los terratenientes. En esta condición de reparto de la riqueza, el PER dejaría de tener sentido, al haber eliminado la lacra de la temporalidad en el campo. Desaparecido el PER libraríamos a las y los jornaleros del peso de tener que vivir con un dinero que se cobra para acallar las voces y paliar la conciencia de clase, ya que sus beneficiarios, se centran en obtener las peonadas necesarias y en tener a los terratenientes complacidos para que te firmen dichos jornales, para que el gobierno pueda alienarte por una pequeña cantidad de dinero.

 

En base a lo anterior podemos comprender cómo los subsidios se convierten en un mecanismo perverso, pues por una parte se convierten en uno de los pocos recursos de los que disponen los y las trabajadoras agrarias para subsistir, pero a la vez implican una fuerte medida de presión que dificulta la organización de estos y estas trabajadoras en la defensa de sus derechos laborales. Por ello, debemos defender la consecución del trabajo digno y del reconocimiento efectivo del derecho a trabajar para estas personas, y sin negar su derecho a recibir una compensación económica digna cuando éste no puede ser ejercido, criticar de forma estructural el carácter perverso de los subsidios. Más aún si tenemos en cuenta que con la inclusión en el régimen general de las y los trabajadores agrarios, seguramente en un futuro cercano nos encontremos con la supresión definitiva de este subsidio, y sin que haya tierras disponibles para su labor.

 

 

2.4 Pequeñas propiedades.

 

Las explotaciones de reducida dimensión (territorial y económicamente) son las más  numerosas. La mayoría son de tamaño medio (de 10 a 50 hectáreas) o pequeño (inferiores a 10 hectáreas), y están gestionadas por familias, a veces con el apoyo de trabajadores temporales en épocas puntuales del año. De ellas depende en buena medida el futuro del medio rural.  Explotaciones con más de 50 hectáreas sólo representan el 6% del total[3]. En los últimos tiempos, las políticas oficiales de la PAC han promovido la concentración de tierras, el abandono de la extensiva y la desaparición de secanos. Los efectos de estas políticas demuestran que si están sirviendo a los objetivos que se han propuesto (no a los que dicen servir), el mayor control que ejercen las grandes empresas hacen que los costes de producción sean insostenibles para las y los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Los suministros agrícolas, los precios de los fertilizantes, pesticidas, piensos y semillas, (controlados por multinacionales), el combustible y la maquinaria agrícola no han dejado de subir, mientras que en el lado opuesto los precios percibidos por los y las agricultoras y ganaderas no ha hecho más que bajar. Todo esto ligado al injusto y socialmente ineficiente reparto de las ayudas tiene mucho que ver con esta situación. No es sólo la falta de recursos, sino el uso que se hace de ellos. Cuando España ingresó en la U.E en 1986 tenía un 15% de población agraria, a finales del tercer trimestre de 2011 estaba en un 4,1%[4].

 

Entre estos años también se produjo la desaparición de algunas cooperativas agrícolas locales y se fomentaron las empresas privadas, a día de hoy esto se traduce en una masificación de tecnología (como tractores) que no obedece a las necesidades reales del campo (a día de hoy en España hay tantos tractores como para labrar tres veces su superficie).

 

A partir del año 1997, con la entrada de la Agenda 2000, basada en los principios de la reforma del 92, se insistía en un sector agrícola más competitivo y orientado al mercado, se apoya una mayor intensificación de la agricultura, generando mayor dependencia y endeudamiento de las explotaciones, ocasionando que muchas de las explotaciones pequeñas, que generaban empleo familiar y economías locales desaparecieran. La crisis de las explotaciones familiares no puede estar desligada del sistema capitalista, en cuyos esquemas estos modelos de explotación no tienen cabida, conduciendo a que las explotaciones familiares se encuentren permanentemente frente a la necesidad de transformación, adaptación y cambio. Las que no pueden integrarse en el nuevo sistema de producción, mucho más intensivo y capitalizado, están abocadas a la desaparición. Entre los años 1999 y 2003, desaparecieron 147.000 explotaciones familiares[5], provocando la despoblación de las zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de los servicios públicos esenciales.

 

Los secanos tradicionales para ser competitivos se han pasado al regadío con estas ayudas, haciendo que la agricultura consuma el 60% del agua y el 3% de la energía, y genere el 11% de las emisiones de gases y el 93% de las de amonio[6].

 

Los informes que realizan los organismos ministeriales o la Comisión Nacional de Competencia, sirven únicamente para contemplar el ascenso de los precios, pero no interviene para reducirlos y garantizar unos precios que garanticen un nivel de vida suficiente a las y los agricultores y ganaderos. El precio que reciben las y los agricultores por sus productos no es ni seguro ni justo, ya que siempre suele ser el último en cobrar lo que sobra de las cadenas de intermediarios. Por este motivo se dan situaciones tremendas en las que se llega a multiplicar un 700 %, 800 % o hasta incluso un 2.000 % el precio de venta al público respecto al precio que cobra la y el agricultor. La diferencia negativa entre los precios que perciben la agricultora y el agricultor por sus productos y los que deben pagar por los insumos (fertilizantes, semillas, etc.), controlados por grandes multinacionales y muy dependientes del precio del petróleo debido a la alta tecnificación a la que durante años se ha visto forzada la pequeña explotación, hace que muchas de ellas no sean rentables debido a los bajos precios que reciben por sus productos. Esto provoca que grandes empresas se dediquen a la compra de tierra por considerarlo un valor seguro, para hacer grandes producciones que benefician a los grandes distribuidores. Lo que recibe el campesino por su trabajo y el precio final de su producto, constituye una plusvalía similar a la que genera el obrero. Esta situación supone una doble injusticia, por un lado el campesino recibe mucho menos del valor que genera, y por otra parte el consumidor paga una cantidad muy por encima de los costes.

 

Las distribuidoras que controlan el mercado agroalimentario han ido poco a poco monopolizando los sistemas de consumo e impulsando la creación  de grandes explotaciones en las cuales obtienen bajos precios por los productos, lo que ahoga económicamente a las pequeñas explotaciones, y sin olvidarnos que con la ayuda de las políticas Europeas. Mientras, en los países tecnológicamente avanzados se reduce el número de productoras y productores y se les aumentan las exigencias de producción, la producción de alimentos de las grandes cadenas se deslocalizan a países con materia prima, menos impuestos y con mano de obra más barata y menos protegida.

 

Esta situación se agrava debido a la limitación de uso de pesticidas peligrosos que sí están permitidos en otros países, lo cual motiva que los agricultores españoles no compitan en las mismas condiciones que los marroquíes u otros países exportadores que no están bajo legislación europea. No podemos olvidar en este análisis lo que conlleva la nueva proposición no de Ley sobre el acuerdo de liberalización de productos agrícolas con Marruecos, que tendrá efectos muy perjudiciales para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Un acuerdo basado en la competencia desleal, que sólo beneficiará a las multinacionales europeas de la alimentación y que agrava las condiciones de explotación que padecen las y los agricultores marroquíes y el dumping social que supone liberalizar para hacer competir vía precio a las pequeñas explotaciones agrícolas con las multinacionales en suelo marroquí.

 

 

2.5 Minifundio

 

Distribución del terreno agrícola y forestal típica del norte de la Península. Son explotaciones familiares normalmente orientadas al auto consumo, de precario nivel técnico, y con una economía complementada con otro tipo de trabajos. Suelen estar menospreciados ya que es imposible para las empresas especuladoras de producción de alimentos hacerse con el control de estas tierras, situación que es debida al alto número de propietarios que ocupan pequeñas extensiones de terreno, sobreparcelación, esto no es cierto ya que si entendemos estas micro explotaciones como herramientas para avanzar hacia la soberanía alimentaria y de intervención en la microeconomía local podrían servir para alcanzar una estabilidad alimentaria en zonas en las que se da esta situación, de este modo podríamos decir que la explotación puede tener un tamaño reducido, pero viable. Otra salida para esta distribución del terreno cultivable es la cooperación parcelaria frente a la concentración parcelaria y esto quiere decir la elaboración de contratos que posibiliten en un intervalo de tiempo razonable desde el punto de vista productivo, superar la barrera de la sobreparcelación, consiguiendo así que un amplio número de trabajadoras y trabajadores agrarios o forestales pudiesen organizar sus cultivos en múltiples parcelas con una infraestructura técnica común, así como integrados en un plan estratégico de cultivos y priorizando entre ellos o ellas las relaciones económicas solidarias, lo que propiciaría que la mayoría de micropropietarios o micropropietarias  acudan a este sistema de cooperación como una salida laboral viable, siempre desde criterios de economía local y social.

 

 

2.6 Ganadería.

 

La Ganadería se encuentra en un proceso de destrucción de las pequeñas explotaciones que aumenta a pasos agigantados en la medida en que el proceso de monopolización avanza. Entre 2009 y 1989 desaparecieron un gran porcentaje de explotaciones: de porcinos el 42,0%, de aves el 36,9%, de  caprinos el 46.1%, de bovinos el 40.1 % y el de ovinos un 17,0%[7]. No obstante se produjo un aumento en el número medio de cabezas por explotación en todas las especies de ganado, notándose que el descenso de la producción no ha sido tan significativo. El sector porcino, bovino y ovino (extensivo de pastos) y de las aves, en el proceso de concentración de las explotaciones pecuarias en grandes granjas de ganado estabulado avanza mientras descienden el número total de explotaciones, lo que significa que las y los pequeños productores han abandonado el sector. Las causas de esta situación son las políticas de precios que les imponen la industria agroalimentaria y las grandes superficies, teniendo que vender bajo costes. Muchas empresas, transnacionales y vinculadas a la fabricación de piensos compuestos, fomentan y aprovechan la crisis de las pequeñas y medianas explotaciones familiares para convertirse en propietarias absolutas de los medios de producción y del producto final, imponiendo contratos de arrendamiento de servicios a los antiguos ganaderos y ganaderas independientes, limitándose estos a aportar las  instalaciones y la mano de obra, perdiendo la capacidad de decisión sobre su explotación y sobre las características y destino de la producción. En estas condiciones, la pequeña producción se convierte de hecho en un mero asalariado de la industria transformadora. La integradora puede generar beneficios en muy poco tiempo,  no necesita  acometer inversiones cuantiosas en infraestructuras e instalaciones, reduce los gastos al mínimo, no cotiza en la Seguridad Social, elimina los posibles conflictos laborales y las huelgas, concentra gran poder económico y controla los precios, producciones y mercados. Por  el contrario, para  el productor o productora su única opción es integrarse o desaparecer. A cambio de soslayar riesgos y de continuar en la actividad, cede su capacidad de gestión y autonomía y su influencia en el balance oferta-demanda. Se convierte así en una simple asalariada o asalariado de las empresas integradoras. En zonas como Asturies, la disminución del pastoreo ha provocado la proliferación de los incendios en los montes debido a la consolidación del monte bajo y los arbustos que antes eran neutralizados por la cabaña ganadera de montaña (ganado caprino, bovino y equino).

 

La explotación familiar aparece así sometida a los intereses del beneficio y de la acumulación del capital del sistema socioeconómico global.

 

No hay que olvidar que las empresas de piensos, especulan y controlan el precio de los productos, ya no sólo quedando a la merced del precio de los cereales, si no fijando precios propios. Los grandes lobbys, sobretodo el de la soya transgénica, presionan a Europa para que mediante la PAC las explotaciones dejen los sistemas extensivos de producción (Se dejara de subvencionar) y pasen al intensivo, pasando a ser dependientes de este producto.   Entre 2007 y 2008, los precios de los cereales se dispararon y como consecuencia cerraron más de 34.000 explotaciones en toda España[8].

 

En el caso del vacuno de leche,  con la sobreproducción de la leche en Europa, las cuotas lácteas hacen que todos los años todos los años los ganaderos y ganaderas se ven obligadas a tirar litros y litros de leche, por contra desde Europa, se exige una mayor tecnificación y por lo tanto aumentar la producción. El gran beneficiario de ello son los intermediarios e intermediarias, que a una mayor oferta, pueden poner un precio por debajo de costes de producción.

 

Las ganaderas y ganaderos que no puedan adaptarse a estas nuevas condiciones de tecnificación y sanitarias, tendrán que cerrar sus explotaciones o bien apostar por una especialización y sostenibilidad del producto ganadero como por ejemplo en Asturies donde se mantiene una actividad ganadera relacionada con especies endémicas de la región con un buen mercado (oveja xalda, gochu asturcelta o ternera asturiana). Existe una reducción del 10% anual del número de explotaciones lecheras a medida que sigue cayendo el precio en origen de la leche[9]. En una década se han pasado de 140.000 explotaciones ganaderas a menos de 30.000[10].

 

En el Estado español también encontramos, dentro de la actividad ganadera, grandes extensiones de tierra dedicadas a la cría de toros. La finalidad de estas tierras es obtener toros y novillos de  gran envergadura física que puedan ser utilizados para las corridas, las plazas, espectáculos festivos, etc. Todas las hectáreas dedicadas a esta cría ponen de evidencia la prioridad de la sociedad capitalista de utilizar terreno cultivable para el cuidado y cría de animales con finalidades lúdicas, fundamentadas en el maltrato y la tortura.

 

Se hace imprescindible una reflexión profunda sobre el actual sistema de producción intensiva, la propia arbitrariedad de la legislación en materia de bienestar animal, y la ausencia de legislación transversal, que haga cumplir la normativa de bienestar animal, de forma objetiva, y asegurando que su aplicación se lleva a cabo de igual forma en cualquier sector económico donde se utilicen especies animales, impidiendo que prácticas como la tortura animal, se materialicen en el sistema productivo.

 

 

2.7 Zonas Mineras.

 

La juventud de las cuencas mineras vive principalmente en núcleos de carácter semi-rural  con una economía basada en la minería del carbón. La destrucción de la minería del carbón, ofrece unas difíciles condiciones vida y trabajo a la juventud (altas tasas de paro, precariedad y emigración juvenil) y nulas expectativas de futuro debido a la erronéa y desastrosa reinversión de los Fondos Europeos para la reindustrialización de las zonas mineras.

 

Las principales cuencas por orden de producción son León y Palencia en Castilla y León (de propiedad privada), Asturies (con minería pública, HUNOSA –propiedad de las SEPI- y privada) y Teruel en Aragón (privada, propiedad de ENDESA). HUNOSA, a pesar de su carácter público se gestiona como una empresa privada, por lo que las características son similares a las otras cuencas.

 

Actualmente el mix energético está compuesto por carbón, centrales de ciclo combinado, eólica, hidráulica, nuclear y otras, las cuales van fluctuando su proporción en función de la coyuntura económica. La destrucción de la minería responde a una estrategia de la UE y los monopolios energéticos (petroleras, gasísticas y eléctricas) para trasladar la soberanía energética (control de los recursos energéticos) a las multinacionales. Estas dictan la energía que se produce y consume, sin responder a una estrategia planificada en base a las necesidades reales y atendiendo a criterios sociales y medioambientales. El cierre de las explotaciones se ha justificado en base a modas ideológicas como la “rentabilidad”, pero de las empresas y no de las comarcas y países; y a su carácter contaminante, pero el mix energético sigue necesitando y consume carbón, pero de importación, demostrado por la reapertura de minas en Europa o el aumento de la importación de este mineral.

 

Los mecanismos empleados para el desmantelamiento de un sector tan combativo han sido diversos. Las prejubilaciones, además de destruir empleo, han sido utilizadas para desmovilizar y destruir la conciencia colectiva, buscando la prejubilación individual. El colchón social de las prejubilaciones unido a la permisividad con el consumo y tráfico de drogas han servido para controlar a la juventud, a la vez que esconden una fractura generacional en la clase. La corrupción política y la cooptación de dirigentes sindicales han llevado a la apatía y la resignación a las cuencas. También se ha producido una fractura con la clase obrera de otras zonas por los derechos conseguidos tras años de lucha y las subvenciones. Además, se produce en algunas de estas cuencas la importación de carbones extranjeros, más baratos, lo que lleva a acumular grandes cantidades de carbón nativo en algunas centrales.

 

Para garantizar la paz social, mientras se destruye el sector y no se reindustrializan las comarcas, se ha utilizado un férreo control político, económico e ideológico mediante el binomio empresario (principalmente Victorino Alonso, presidente de Carbounión) y el PSOE, sin excluir al resto de partidos cómplices del sistema capitalista. Este dúo controla y reparte los escasos puestos de trabajo, con actitudes caciquiles y dando carta de legalidad a lo que su socio necesite. La inexistencia de alternativas de empleo permite precarizar las condiciones laborales y los despropósitos medioambientales, juntando intereses contra la nacionalización del sector estratégico. Esta maraña caciquil permite la proliferación de las explotaciones a cielo abierto, que destruyen el medio ambiente y reducen los puestos de interior, mientras aumentan los beneficios del empresario.

 

Los planes del carbón son parches que no hacen más que ahondar en el declive de las comarcas, siguiendo la política de la UE de subvencionar para liquidar. Estos son sistemáticamente incumplidos en materia de evolución de plantillas (prejubilaciones y contratación), de producción y de reindustrialización efectiva, incumpliendo además las eléctricas los Decretos de consumo de carbón autóctono. Las condiciones laborales siguen una precarización creciente, traducida en largas jornadas, subcontratación, categorías no reconocidas, sueldos de miseria, etc. Este incremento de la sobreexplotación unido a la inestabilidad laboral (por el miedo a EREs, despidos o el fin del sector) redundan en una alta siniestralidad laboral

 

Los fondos MINER, para la reindustrialización de las cuencas, son dilapidados y utilizados como fondos ordinarios, incumpliendo su papel reindustrializador y propiciando el enriquecimiento de algunas y algunos políticos y empresarias y empresarios privados. Se carece de un Plan Estratégico que, partiendo de la preservación de la de industria minera y asumiendo la necesidad de la iniciativa pública, persiga la creación de un fuerte tejido productivo industrial que garantice el futuro y la soberanía energética. Para ello es fundamental la nacionalización del sector energético. La UE y sus monopolios pretenden cerrar en 2018, ahondando en la destrucción del empleo, la soberanía y el futuro de la juventud.

 

Con los fondos se ha potenciado sobre todo el sector turístico creando costosos museos y otras prestaciones de tipo efímero con un mantenimiento que,  muchas veces,  supera los presupuestos de los entes regionales, del mismo modo creando una ocupación hotelera que no llega a su nivel básico de eficiencia y propiciando un callejón sin salida a la ocupación estable. Se debe potenciar la extracción del mineral o bien restablecer las instalaciones en otros usos de producción como, por ejemplo, los cultivos sombríos de vegetales u hongos, conducidos por cooperativas en los pueblos afectados que sí aportarían cierta tranquilidad y desprecarización del empleo del mundo rural.

 

Caso paradigmático para entender estos procesos de desarticulación del sector minero sería el de la Sierra Minera de La Unión, en Murcia, entre los años 80 y 93, donde la multinacional vendió a un cacique local las minas con el consentimiento del gobierno de turno (el PSOE, cuyo Ministro de Industria fue después gerente de la multinacional en concreto). El cierre fue escalonado, liquidando las explotaciones en 6 años, una a una, utilizando excusas como la baja productividad, rentabilidad, etcétera, hasta que la clausura fue total. El terreno no se regeneró, provocando el mayor desastre ecológico de la Península que es la Bahía de Portmán, y los habitantes de la zona se vieron obligados a emigrar, o a buscar empleo en los sectores precarios de los servicios y las subcontratas de la construcción.

 

Otra forma de minería es la Cantera de Áridos, muy extendida en la península, actualmente sigue funcionando ya que con el boom de la construción tuvo un fuerte auge. Aunque actualmente su actividad haya bajado progresivamente sigue siendo una industria minera/extractiva a cielo abierto muy común en España. A diferencia de otras minas, no suele ser el único sector económico de la zona donde se asienta, pero si un motor importante ya que fábricas de cerámica, ladrillos, cemento y otros derivados suelen estar asentadas en sus cercanías.

 

Un caso especial a ser tratado es el de la extracción de Uranio, que ha vivido un repunte en los últimos años, Empresas extranjeras y la empresa pública ENUSA, han iniciado la extracción en sociedades mixtas del combustible nuclear para centrales nucleares. Aunque este tipo de minería existía desde los años cincuenta, donde la extracción del mineral causó cientos de enfermedades en los mineros por las deficientes o nulas medidas de seguridad, en la actualidad es una minería que resulta económica, ya que el Uranio es un metal radiactivo que no se da tan asiduamente como pudiera ser el carbón o el petróleo. España dispone de importantes reservas en las dos Castillas, Madrid, Extremadura y Andalucía, lo que nos ha convertido en objetivo de empresas multinacionales de la energía nuclear para extraer el mineral que alimente sus centrales. Este tipo de extracción es peligrosa por los desechos radiactivos que produce, si no se realiza con altas medias de seguridad podría afectar a las poblaciones rurales cercanas, ya que los lugares con mayores reservas son las zonas españolas con mayor predominancia rural.

 

 

2.8 Pesca

 

Las mayores zonas pesqueras se encuentran en el Golfo de Cádiz, Canarias y Cantábrico-Noroeste, sobre todo en Galiza, donde la mayoría de las zonas rurales son pesqueras. La mayor parte de la flota pesquera del resto del Estado ha desaparecido, debido sobre todo a la esquilmación de los caladeros, la masificación urbanística en la costa y la contaminación del mar, en especial en la zona mediterránea. Así, vamos a analizar los diferentes tipos de pesca que existen: 

 

- Pesca de Altura: se realiza en caladeros fuera de las aguas del territorio estatal, lo que hace que este tipo de pesca sea gestionada por grandes corporaciones transnacionales que practican una política imperialista de apropiación de recursos de otros países, esquilmándolos, destruyendo las economías locales y en el caso de que exista oposición (como en Somalia), militarizando la zona. Para ello utilizan los mecanismos del estado imperialista, en este caso español, para garantizar su expolio con mejores garantías. Además los trabajadores y trabajadoras en ocasiones identifican su subjetividad de clase con la de la empresa, asumiendo esta política imperialista de saqueo, por la necesidad de mantener el puesto de trabajo. Empleos que por el aislamiento dificultan la capacidad de organización y reivincación de los y las trabajadoras. Además y, dado los medios utilizados para la elaboración de los productos finales dentro de la embarcación nodriza o embarcación de abastecimiento, y a que estas embarcaciones constituyen autenticas metrópolis flotantes que generan ingentes cantidades de residuos producidos en la elaboración del producto final los cuales son desechados sin tratamiento alguno directamente al mar.

 

- Pesca de bajura: En serio retroceso a favor de la pesca de altura. En este caso la explotación corre a cargo de pequeñas empresas con muy pocas trabajadoras y trabajadores en plantilla muchos son autónomas o autónomos, lo que provoca que la representación de las y los trabajadores en estas empresas sea prácticamente nula negociando las condiciones de contratación a título personal entre trabajadora y trabajador y empresario/empresaria. La pesca artesanal tiende a desaparecer, cada vez son más escasos los pequeños barcos gestionados de forma autónoma o colectiva, los métodos tradicionales de pesca se encuentran en vías de extinción. Los principales motivos de su desaparición se encuentran en la imposición de cuotas y calendarios de capturas por la Unión Europea, los altos precios del combustible, el agotamiento de los caladeros más cercanos a la costa, así como por la excesiva competitividad en los precios.

 

Una forma de extracción a medio camino entre las dos anteriores sería la almadraba en las zonas de Cádiz y Huelva. La almadraba supone una forma tradicional de captura del atún rojo y otros túnidos que requiere, por su complejidad, de una abundante mano de obra. Las abusivas condiciones laborales (se llegan a encadenar jornadas de 14 horas) la estacionalidad de las campañas y el acoso de las autoridades europeas (del que escapan los atuneros que faenan en costas somalíes) hacen de los almadraberos un colectivo especialmente precario.

 

La evolución tecnológica del sector primario se ha trasladado en la pesca mediante el fomento de la acuicultura. Dentro de este sector se distinguen dos grandes tipos:

 

- Acuicultura intensiva: Que requiere una infraestructura industrial cerca del litoral, estas condiciones materiales necesarias para su desarrollo provoca que esté en manos de inversión capitalista con el consecuente deterioro del entorno, además de que la calidad del producto es inferior y se pueden producir mayores cantidades, por lo que la oferta sube, la demanda baja y los precios también por lo que se hace una competencia desleal a los mariscadores y mariscadoras que se juegan la vida cada día en las rocas y acantilados.

 

- Acuicultura extensiva o tradicional: Típica del marisqueo en la que se habilitan zonas del litoral para el cultivo de moluscos y bivalvos mayoritariamente, siendo en gran parte trabajadoras y trabajadores autónomos los que constituidos en asociaciones gestionan los campos de cultivo. Estas asociaciones se tienen que enfrentar constantemente a problemas derivados del furtivismo y de la contaminación, que provocan un creciente descenso en sus capturas. Sobre este tema no podemos caer en el discurso criminalizador del marisqueo furtivo, ya que en la mayoría de los casos se trata de pequeñas extracciones que buscan complementar los ingresos de algunas economías familiares muy precarizadas. Por otro lado, encontramos una acuicultura a medio camino entre la extensiva y la intensiva que es el cultivo en bateas pendulares de marisco. Este modelo de acuicultura requiere mayor infraestructura que la anterior lo que provoca la inversión de  la pequeña burguesía en esta infraestructura, formándose pequeñas empresas gestionadas de forma similar a las de pesca de bajura, y organizándose en cofradías que defienden sus intereses y que son utilizadas con frecuencia como agencias de negociación y contratación entre las y los trabajadores y las y los empresarios.

 

Uno de los problemas que se arrastran desde hace años en lo referente a la pesca en Cádiz y Canarias es el acuerdo pesquero que se estableció con Marruecos. La Unión Europea pactó con Marruecos en 2006 el pago de 36 millones de euros anuales a cambio de disponer de 119 licencias para pescar en aguas marroquíes, 100 de las cuales pertenecen a barcos españoles, la mayoría andaluces y de la islas Canarias. En la actualidad, la mayoría del Consejo Europeo, es decir, la mayoría de los Estados miembros, -entre ellos España-, y la Comisión Europea, han intentado prorrogar el Acuerdo de Pesca Unión Europea Marruecos, a sabiendas de que algunos gobiernos, una parte importante del Parlamento Europeo, el pueblo saharaui y todas las ONGs de ayuda a la cooperación, denunciaron que tal acuerdo, que incluye las aguas del Sahara Occidental, del territorio no autónomo pendiente de descolonización, que ese acuerdo vulnera el Derecho internacional pues Marruecos no tiene jurisdicción alguna sobre un territorio que no le pertenece. Un asunto sobre el que no tenemos que tener ningún tipo de dudas las y los jóvenes comunistas es la rescisión del acuerdo de pesca de la UE con Marruecos. Desde una posición solidaria con el pueblo saharaui no podemos tolerar un acuerdo que esquilma sus caladeros y que viene a resultar en la práctica un soborno a la monarquía marroquí.

 

 

3. La juventud y el medio rural.

 

3.1 La juventud en el medio rural y semi-rural: introducción y características generales.

 

Las condiciones de vida de la juventud en el medio rural y semi-rural en el último medio siglo ha estado condicionada fundamentalmente por la el abandono de una sociedad esencialmente rural y cerrada, marcada por la relativamente tardía preponderancia de las lógicas capitalistas en España, con la consiguiente supremacía de los espacios urbanos sobre los rurales.

 

Esta dinámica tiene su manifestación más evidente en la paulatina despoblación del medio rural, que se evidencia en el decrecimiento poblacional de muchos municipios, así como la total despoblación de otros tantos municipios, especialmente en las regiones del norte del Estado español y las zonas montañosas del interior, sobre todo a partir del año 98 con la reforma de la ley del suelo se produce un éxodo rural de los jóvenes hacia la ciudad como consecuencia de los monopolios de la tierra y el auge del la economía basada en el ladrillo y el turismo.

 

Pero la preponderancia de las lógicas urbanas impuestas por el capitalismo tiene otras muchas manifestaciones: mayores dificultades en el acceso a la educación, una escasa oferta laboral para quienes han tenido la oportunidad de acceder a estudios superiores, una escasa o nula oferta cultural y de ocio para la juventud, y un sinfín de dificultades que invitan a la juventud a marcharse con escasas posibilidades de retorno, o resignarse a las escasas posibilidades profesionales y personales del ámbito rural, despreciado y olvidado por las lógicas capitalistas.

 

 

3.2 La situación de los servicios públicos en el medio rural.

 

Las condiciones generales de vida de la juventud en el medio rural son aún más precarias que las del medio urbano, a causa de la falta de servicios públicos de calidad, que no son ajenos a los procesos de privatización y mercantilización característicos del modelo capitalista.

 

- La asistencia sanitaria se caracteriza por la escasez de centros y equipamientos, farmacias, y médicos de cabeceras; en ámbitos específicos como la sexualidad, esta situación afecta concretamente a la juventud, como ocurre por ejemplo con los casos de embarazo no deseado, por falta de acceso a métodos de anticoncepción.

 

- La precarización y privatización de buena parte del sector del transporte en España tiene mayor repercusión en los ámbitos rurales, donde la mayor despoblación quiere decir menor rentabilidad para las empresas privadas. Junto a esto, los altos precios de las líneas de trenes, el cierre de líneas ferroviarias y de autobuses o la disminución en su oferta, elitizan todavía más el transporte. Otro de los elementos es el estado de la red de carreteras (en muchos casos descuidadas y peligrosas), que es un impedimento también para el desarrollo de cualquier actividad económica.

 

- La desigualdad en el acceso a las Tecnologías de Información y Telecomunicación entre medio rural y urbano es evidente, con la consiguiente brecha informática. Precisamente la población del mundo rural, que más necesita por ejemplo relacionarse con la Administración de forma telemática o realizar cursos de formación online, es quien dispone de peores servicios.

 

- Las infraestructuras destinadas al ocio y la cultura se limitan a las ciudades más grandes, lo que, ligado a la problemática del transporte, impide de facto que la población rural pueda disfrutar de ellas. Además el acceso a estos servicios está sujeto en muchos casos a precios abusivos. Se fomenta con esto un ocio basado en el consumo de drogas, en los bares y en las efemérides religiosas.

 

- Otra carencia relevante es la de servicios de bomberos.

 

 

3.3 La juventud obrera, campesina y estudiantil en el medio rural.

 

3.3.1 La juventud trabajadora.

 

Las lógicas del capitalismo ponen a la juventud rural y semi-rural, en la mayoría de los casos, ante la disyuntiva entre tener que emigrar para poder desarrollarse personal y profesionalmente, o permanecer en la localidad de origen ejerciendo profesiones en su mayoría muy poco cualificadas y poco remuneradas, con una escasa presencia de industrias vinculadas al desarrollo de las materias primas.

 

Las dificultades laborales que padece la juventud –temporalidad, bajos salarios, etc.- se acentúan en el medio rural, y muy especialmente en el actual contexto de crisis capitalista, ya que el colapso del modelo de desarrollo basado en el ladrillo y en la monoproducción industrial en que una comarca entera depende de una única empresa o actividad económica, ha generado amplísimas bolsas de desempleados y desempleadas, un ejército industrial de reserva que no puede ser absorbido por el trabajo en el campo, generando situaciones de  ausencia de derechos laborales comparables a las que se daban en este ámbito tiempo atrás.

 

Gran parte de responsabilidad de la situación que viven hoy en día los jóvenes del ámbito rural y semi-rural la tienen las políticas de reconversión y desindustrialización llevadas a cabo en el Estado en los últimos años de la dictadura franquista y en mayor medida desde principios de los años 80, y que estaban encuadradas en la introducción de España en los marcos de la Comunidad Económica Europea. Estas medidas acabaron con el tejido productivo español y como reflejo de esto tenemos que entre 1970 y 2009 el peso de la industria pasó de representar un 34% del PIB a un 19%, mientras que el peso del sector servicios creció del 46 al 72%. Como consecuencia, gran parte de la industria que sobrevivió a ese descalabro concentró su actividad en los núcleos urbanos o en su periferia, privando de futuro laboral a gran parte de las y los jóvenes del medio rural.

 

Hay que tener en cuenta para analizar la situación de la juventud en el medio rural, que desde 1970, el sector primario en España ha pasado de representar el 12% del PIB a un 2.8% en 2008. Este descenso en la importancia de este sector en la economía, también se ve reflejado en el hecho de que la actividad agraria solo represente el 3.9% de los empleos del total de los sectores. El mundo rural ha sufrido una fuerte desagrarización y una progresiva tercerización, siendo esto más patente en el sector de la juventud. Así, observamos que en 1984 un 53% de la juventud rural (36% hombres jóvenes y 17% mujeres jóvenes) trabajaban vinculados al sector agrario y que hoy a descendido a tan solo el 6% de jóvenes del mundo rural que tienen una ocupación agraria. Esto se ha producido por la poca efectividad de la PAC en materia de ayudas a la juventud agricultora o ganadera y por la aparición de mayores oportunidades de empleo en otros sectores, como el sector servicios, sobre todo en la explosión de la construcción.

 

Así, muchos de los y las jóvenes que podían encontrar trabajo en las pequeñas fábricas, bodegas, conserveras… de los alrededores de su población o en las localidades cabeceras de comarca, han tenido que emigrar a las grandes ciudades o entrar a trabajar en un sector servicios en franca decadencia dentro de estos municipios. La supuesta alternativa ofrecida por las instituciones, como ha sido y es el fomento del turismo rural, aun habiendo facilitado el desarrollo del sector, se ha demostrado poco efectiva a la hora de crear puestos de trabajo estables y de calidad en el campo. Estos han sido modelos desequilibrados en muchos casos, sin atender a la sostenibilidad del medio y conllevando la degradación del medio natural. Al igual que en la costa, es otra forma de urbanismo salvaje.

 

Las consecuencias de todas estas políticas, junto con los efectos del desplome del ladrillo –que tenía su reflejo en el campo en la construcción de naves industriales, almacenes, etc-, es un paro estructural entre el conjunto de la juventud del Estado que afecta de manera muy especial a los jóvenes del ámbito rural, llegando a ser de más del 60% en algunos puntos de nuestra geografía, siendo especialmente sangrante en regiones como Andalucía o Canarias.

 

Una alternativa para la creación de puestos de trabajos para los jóvenes es la renovación, reconstrucción y conservación del patrimonio cultural de las zonas rurales. Con la presencia del capitalismo más feroz en las zonas rurales, están desapareciendo las Casas de Oficios y Escuelas Talleres, debido a que trabajos municipales relacionados con el patrimonio cultural que antes hacían este tipo de instituciones, ahora están dejándolos en manos de empresas privadas que son las que reciben las subvenciones. Deben recogerse aquí aquellas experiencias positivas relacionadas con la movilización de los recursos humanos (jóvenes y mayores) y la recuperación en toda su amplitud del patrimonio construido y cultural. Los llamados intangibles están en las raíces mismas de la diversidad de las identidades rurales y pueden abrir caminos para la mejora de las actividades y la integración social. En este sentido, la labor llevada a cabo por las Escuelas-Taller y Casas de Oficios en el medio rural a lo largo de las últimas décadas ha de considerarse relevante por su carácter de bisagra intergeneracional en la formación y por la capacidad de inclusión social de los jóvenes en el tejido productivo, acompañada de una mirada renovadora y revitalizadora.

 

3.3.2 La juventud estudiantil.

 

La educación en el medio rural depende de la cantidad de alumnos que puede acceder a ella así como a la demografía. Alrededor de un 20% de la población del Estado Español vive en el mundo rural, y además menos de un tercio son jóvenes. Menor es el número de población escolarizable. Con estas cifras la educación parte con una desventaja, y es que son múltiples los análisis por hacer y muchas las diferentes coyunturas dependiendo del contexto y la población. Pero de forma global podemos afirmar que, en contextos de crisis, es en el conjunto del mundo rural donde vemos que los recortes presupuestarios y los ataques a los servicios públicos inciden más en la ya de por sí situación más precaria del sistema educativo y esto agudiza los problemas estructurales y diferencias con respecto a la ciudad

 

Para entender con mejor precisión como es la educación habría que distinguir entre mundo rural y mundo semi-rural. En el mundo semi-rural la población y la educación está más garantizada ya que estas poblaciones tienen suficiente población como para asegurar unos servicios públicos no tan deficientes.

 

En el mundo rural la población está más dispersa y el número de habitantes por kilómetro cuadrado desciende hasta niveles que hacen más complejo y caro abordar el cómo se dota a las poblaciones de los servicios básicos y entre ellos el de la educación.

 

En el mundo rural la geografía también condiciona la calidad de la educación, y en concreto la capacidad de acceder a ella; esto se aprecia en los transportes. En las zonas semi-rurales hay transporte garantizado, muchos de estos servicios o son públicos o están subvencionados por los diferentes gobiernos autonómicos mientras que en las zonas rurales las diferentes maneras de transportes escolares se diversifica, desde autobuses, taxis, desplazamientos en coches privados o aprovechando los viajes que otras personas de la misma localidad hacen a la localidad donde se encuentra el centro educativo. Todo ello demuestra la necesidad de mejorar el transporte escolar en estas zonas, ya que no hay transporte subvencionado en todas las comunidades en la Enseñanza secundaria no obligatoria (bachillerato).

 

La educación en el mundo rural y semi-rural ha sido modificada a lo largo de la historia por variadas leyes que ha configurado el panorama actual de la educación rural. Para comprender la actual situación de la educación rural habría que retrotraernos en el tiempo. Antes de la Ley General de Educación de 1970 la educación rural era sumamente precaria, un importante número del alumnado no acababa la educación más básica en aquel tiempo obligatoria hasta los catorce años. Esta ley intentó cortar el problema del gran abandono del alumnado antes de los catorce años, motivado por la situación de muchas familias en el mundo rural. Además, se suavizaron algunos  de los aspectos del nacional-catolicismo que reproducía la misma. Con la disminución de alumnado se habían producido concentraciones escolares y centros-hogar. Provocó el abandono de muchos centros y motivó un movimiento de lucha de progenitores y profesorado durante los años ochenta para salvaguardar los pequeños centros.

 

Con la llegada del PSOE al gobierno se promulgó el Real Decreto de Educación Compensatoria de 1983 que pretendía extender la educación a sitios marginales ya que muchas zonas rurales habían sido bastante ignoradas hasta la fecha. Sin embargo, en ese mismo año, se cierran todas las escuelas que no superen los 240 alumnos, llevando a cabo una política de concentración estudiantil a través de los centros comarcales.

 

En 1986 se constituyeron los Colegios Rurales Agrupados (C.R.A.) formados por varias localidades que trabajan conjuntamente como una sola unidad, rotando de profesoras y profesores para impartir su docencia en cada una de las localidades que la forman. No en todas las Comunidades Autónomas se conocen como C.R.A. Durante los primeros momentos no estuvieron dotados de suficientes recursos y se tuvieron que añadir servicios adicionales años más tarde. Los C.R.A. recogieron los puntos positivos de los centros comarcales y las concentraciones.

 

Los principios sociales por los que se establecían los C.R.A., eran evitar el transporte escolar, que los pueblos no se quedasen sin niñas ni niños prematuramente, por lo tanto estas localidades “tenían más vida” e impulsaban el asentamiento de matrimonios jóvenes que de otras formas acabarían emigrando a las ciudades para escolarizar a sus hijas e hijos. También surgen las Zonas de Actuación Educativa Preferente, los Servicios de Apoyo Escolar y los Centros de Recursos así como los CRIET´s.

 

Con la LOGSE, en los C.R.A. se intentaba ofrecer plazas a todo el alumnado de entre tres y seis años,  se intentó que hubiera profesorado más especializado de lo que hasta ese momento habían rotado por los colegios. Además se intentó establecer mecanismos compensatorios a la docencia que ahora están desapareciendo (itinerancias) con el fin de que la educación no se viera perjudicada por el aislamiento. Sin embargo, todo este conjunto de medidas y leyes no han atajado los problemas más graves que siempre ha habido.

 

La Educación de 0 a 3 años también se imparte en el mundo rural, esta es de difícil acceso ya que al no ser una educación obligatoria el Estado no vela porque se extienda por todo el medio. Para entender bien los problemas en el mundo rural hay que tener muy presente la demografía. Hay poblaciones donde los centros para la educación de 0 a 3 años están consolidados, en otros es posible acceder tras las luchas de las madres y padres a  escuelas mixtas entre educación de 3 a 6 años con educación de 0 a 3 años. Algunas de las iniciativas existentes para cubrir las necesidades en este tramo educativo están desapareciendo actualmente por los drásticos recortes presupuestarios.

 

La Educación de 3 a 6 años o Infantil no está consolidada en todas las partes del estado, en el mundo semi-rural está prácticamente garantizada al igual que el profesorado. En el mundo rural depende de la población escolarizable, en muchas ocasiones es una educación mixta que se solapa con la educación primaria y con las guarderías, haciendo de las Escuelas rurales verdaderos centros mixtos con alumnado de diferentes edades y niveles académicos y por tanto con dificultades para que el profesorado adapte su trabajo hacia la formación de calidad. Además, se desatienden otras cuestiones importantes como el problema lingüístico, al no asegurar el proceso educativo en la lengua materna de los y las niñas en el mundo rural.

 

La Educación Primaria está consolidada en aquellos municipios donde la población estudiantil es superior a cinco personas, por lo tanto en el mundo rural como en el semi-rural es posible acceder a ella, no sin dificultades. Estas dificultades se dan en cuanto al transporte, al profesorado y a la dotación de servicios adecuados. 

 

Entre los problemas podríamos destacar el transporte que es deficitario en muchos lugares del Estado poniéndose en peligro por tales deficiencias al alumnado, que buscan salidas alternativas cuando hay ausencia de transporte público, recurriendo a todo tipo de transportes privados. El profesorado se enfrenta a problemas como la inexperiencia, ya que muchos de las y los profesores rurales suelen ser jóvenes que buscan puntos para volver a la ciudad en un medio o corto plazo.

 

Además se enfrentan a muchas alumnas y alumnos de distintos cursos en una misma clase, lo que supone adaptar las metodologías de una manera muy distinta a como se haría en clases con una ratio muy superior y además del mismo curso académico. Esto supone una disminución en la calidad de la educación, disminuyendo la atención individualizada que pueda darse a los alumnos. Entendemos que lo problemático de esta situación no es necesariamente el hecho de que alumnos de diferentes edades compartan un mismo aula, sino que el profesorado, así como otros recursos educativos, son insuficientes o no cuentan con los conocimientos adecuados para cumplir con su labor educativa, aspectos todos ellos que debemos reivindicar para garantizar una educación de calidad también para las personas de zonas rurales. Otro problema es la precariedad de la educación en cuanto a que no se encuentran especialistas para todas las asignaturas, teniendo que variar los horarios y los ritmos habituales de los programas estipulados. Positivamente se puede hablar de la menor ratio por clase que facilita una atención más personalizada, así como un diálogo más directo con los padres y un acercamiento mayor a la naturaleza como medio didáctico.

 

En cuanto a la Educación Secundaria puede darse incompleta o completa dependiendo de los centros. En el mundo rural la educación secundaria es muy escasa, hay pocos institutos y generalmente solo cubren ESO o hasta la mitad de la ESO, mientras que en el mundo semi-rural se cubre completamente la enseñanza secundaria postobligatoria, incluyendo bachillerato, situándose estos centros en las cabeceras de comarca. Se suele producir aquí un fracaso escolar por motivos de falta de apoyo al alumnado con problemas de aprendizaje o por la necesidad o ánimo de ayudar a sus familias en las tareas laborales del mundo rural, y por una falta de motivación en un alumnado sin apenas expectativas. A nivel general se tiende a inclinar al alumnado hacia estudios de FP y a aquellas con más dificultades hacia PCPI. Este hecho se agrava además en el caso de los bachilleratos de artes, obligado al estudiante a desplazarse incluso hasta la capital de provincia.

 

Además de todas las causas anteriores, las y los jóvenes del medio rural tienen, a la hora del acceso a estudios superiores, la dificultad añadida del desplazamiento hacia las capitales de provincia o región. La falta de alojamiento a precios populares y el aumento de las tasas, hacen que se produzca un mayor porcentaje de abandono que en el medio urbano. Las salidas laborales también suponen un problema, ya que no hay centros para su formación ni posibilidades de encontrar un trabajo donde se sienta y sea útil. En la mayoría de los casos ayudan a la economía familiar, donde realiza todos los aspectos de su vida. La juventud que sufre cualquier tipo de diversidad funcional psíquica en el mundo rural no dispone, normalmente, de ninguna atención especializado para su educación.

 

No podemos olvidarnos de las últimas medidas anunciadas por el ministro de educación, planteadas para recortar y privatizar la educación pública. Medidas como el aumentar ratios de alumnos por aula y la propuesta de implantar una sola modalidad de bachillerato en algunos centros, provocará el cierre de muchas escuelas rurales y con ello el desplazamiento de alumnos y profesores, quedando como único beneficiario la Enseñanza privada-concertada ya que le resultará más barato realizar su oferta. Los cambios en la universidad también afectarán de modo muy negativo al mundo rural. Los recortes en las becas de movilidad provocarán que muchos alumnos de la enseñanza rural no puedan acceder al sistema universitario por la imposibilidad de costear transportes y alojamientos en las ciudades donde se ubican las universidades. Esto crea desigualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano, haciendo aún más precario el primero. 

 

 

3.4 La situación de la mujer y la juventud LGTBi en el medio rural.

 

Actualmente habitan unos 4 millones de mujeres en el medio rural y semi-rural (10% del total de la población estatal), pero el número de mujeres jóvenes no es proporcional, descendiendo cada año su número. Así el número de mujeres cae en función del tamaño del municipio y el porcentaje baja aún más en el tramo juvenil. En general podemos constatar que se articula de forma diferente en las zonas rurales y semi-rurales, en las que el empleo y las oportunidades son más accesibles a los hombres y el patriarcado suele afectar de forma especial por la moral de origen católico y el control social y familiar.

 

El acceso al empleo por parte de las mujeres jóvenes es nulo o muy dificultoso. A esto se añaden las altas tasas de precariedad laboral y temporalidad (en torno al 90%), que se complementan con una amplia extensión de la economía sumergida. Las mujeres trabajan principalmente como empleadas de hogar, ayuda a domicilio o como elemento “auxiliar” ligadas a la economía familiar (sin cotizar al régimen agrario). Trabajos temporales, intermitentes, mal pagados, feminizados o invisibilizados. La precarización aquí es más fuerte en el caso de las mujeres, a lo que hay que añadir el trabajo doméstico y de cuidados, ya de por sí invisibilizado y masivamente feminizado. El cierre de numerosas explotaciones conserveras, donde el trabajo era mayoritariamente femenino, ha incidido de manera significativa en el aumento del paro femenino en áreas rurales.

 

Como trabajadoras, las mujeres rurales no tienen un reconocimiento de sus derechos sociales y laborales. Son trabajadoras invisibles del sector pesquero, ganadero y agrario al estar relegadas a un papel secundario. Las mujeres rurales dedicadas a la producción agropecuaria siguen considerándose como “ayuda familiar” o “colaboradoras” del “cabeza de familia” y propietario de la explotación. La propiedad de la tierra es principalmente masculina, y las mujeres siguen consideradas como un elemento auxiliar, pese a desarrollar un importante trabajo la mayoría no cotizan al régimen agrario, que en muchas zonas del estado ya ha desaparecido. Ello se materializa de manera evidente en el hecho de que solo una de cada cinco explotaciones está dirigida por una mujer.

 

Las mujeres rurales se enfrentan a la falta de reconocimiento de derechos laborales, trabajo sumergido, reticencias a la contratación para trabajos cualificados, lo que hace que muchas mujeres jóvenes rurales se vean, ante la falta de expectativas, obligadas a abandonar su medio rural. A pesar de ello, más de un tercio de los trabajadores agrícolas son mujeres. Ante esta situación merecen especial mención las Asociaciones de Mujeres Campesinas/Rurales que vienen luchando desde los 80-90 por lograr la plena igualdad en este campo y luchar por sus derechos.

 

La PAC (y la reforma en marcha) mantienen una orientación patriarcal. El segundo pilar (con incidencia en los servicios y el turismo rural), tiene por objetivo fomentar nuevos empleos como  ingreso complementario para los hogares rurales y está dirigido fundamentalmente a las mujeres. Esta medida continúa relegando a la mujer a un papel secundario en el proceso de producción, como elemento auxiliar y no en igualdad de condiciones. Además de detraer las ayudas del pilar fundamental, la producción agropecuaria.

 

Existe una correlación inversa entre el número de mujeres jóvenes que se dedican en exclusiva a las labores domésticas y el tamaño del municipio en el que viven. Las mujeres son las que se encargan en gran medida de la reposición de la fuerza de trabajo; la escasez de servicios públicos, unida a la herencia patriarcal que asume como únicas responsables de los cuidados a las mujeres, obliga a éstas al cuidado de las personas dependientes. Un trabajo en su mayoría invisiblizado, no remunerado o dentro de la economía sumergida. Así el 87% de cuidadores de dependientes en el mundo rural son mujeres, las cuales lo hacen casi en exclusiva, sin ayudas, lo que redunda en que el 44% sufra depresión. Un efecto de la violencia del sistema y la opresión que el patriarcado ocasiona sobre la mujer en el medio rural.

 

Las condiciones vitales y laborales a las que se enfrenta la mujer en el medio rural hacen que se perpetúe el control familiar, una mayor presión social que mantiene modelos y estilos de vida más tradicionales, y la imposibilidad para alcanzar una vida autónoma. Esto condiciona el modelo de pareja elegido por los y las jóvenes de este entorno. Las jóvenes del medio rural se ven obligadas y manifiestan en mayor medida que los jóvenes, su deseo de emigrar. Esto se traduce en una masculinización y envejecimiento creciente del medio rural, que a su vez agrava el problema del despoblamiento del medio rural. Uno de los principales condicionantes de la merma de las condiciones laborales y vitales de las mujeres es la gran importancia que aún tiene la iglesia católica. Esta, sigue manteniendo una gran base social y la palabra del párroco marca en gran medida el pensamiento de la comunidad.

 

En octubre del 2011, promovida por el gobierno el PSOE, el parlamento aprobó la Ley 35/2011, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.  En lo concreto, la Ley crea la explotación agraria de titularidad compartida como unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja de hecho, para la gestión conjunta de la explotación agraria. Con la ley los rendimientos generados por la explotación se repartían  al 50% entre ambas personas titulares de la explotación, estableciéndose el mismo reparto para las ayudas económicas.

 

Asimismo, se establecía el reconocimiento del derecho a la compensación económica: aquellas mujeres que habiendo participado de manera efectiva y regular no reciban pago o contraprestación alguna por el trabajo realizado, y no hayan constituido con su pareja una titularidad compartida, tendrán derecho a una compensación económica tanto en los supuestos de transmisión de la explotación como de extinción del matrimonio.

 

Esta ley fue aplaudida por la mayoría de organizaciones y sindicatos de agricultores y agricultoras, y por las asociaciones de mujeres rurales.

 

A día de hoy es difícil realizar una evaluación de los efectos reales de la Ley (la propia ley establece que se realizará un informe de evaluación, pero no fija periodo ni fecha para el mismo), por lo que se hace complicado establecer una valoración acertada de la misma (cuántas mujeres se han beneficiado de la misma, qué ha supuesto en el cambio de modelo de la propiedad agrícola, etcétera). Lo que sí que podemos plantearnos es lo que supone la ley desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, y sobre todo, desde el punto de vista de su fortalecimiento como sujetos de derecho.

 

La ley reconoce la titularidad compartida para matrimonios y parejas de hecho, partiendo de la idea de que las mujeres desarrollan trabajo agrícola como “ayuda”, y que éste no se les reconoce desde el punto de vista del derecho laboral, con todas las consecuencias que esto conlleva. La primera crítica que podemos realizar es que la ley parte de este mismo principio, y no de un principio de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el mundo rural, al margen de que sean o no parejas de otros. Es decir, articula derechos a partir de que la mujer comparte trabajo con su pareja, y no en tanto que sujeto de derechos mismo. Además tenemos que tener en cuenta que la presión patriarcal a al que se ve sometida la mujer que dificultaría el acceso real a este derecho, debido a que es una profesión masculinizada y machista, lo que dificulta que los hombres acepten esto de buen grado.

 

Por otro lado, establece una serie de compensaciones económicas para aquellas mujeres que trabajen y que no hayan optado por la titularidad compartida. En este sentido, se entiende que la ley abre la puerta para el reconocimiento del derecho, pero no termina de cerrarla. En lugar de establecer unos mecanismos para la inclusión de las mujeres en el Sistema Especial Agrario, articula estas salidas que en muchos casos pueden actuar como trampas.

 

Por último, destaca su carácter “voluntario”, lo que también deja la puerta abierta para que en muchos casos, el papel de la mujer como “ayudante” en el trabajo agrícola siga manteniéndose. Es decir, la ley, por forma y contenido, continúa relegando a la mujer a un papel secundario en el proceso de producción, como elemento auxiliar y no en igualdad de condiciones.

 

La juventud LGTB que vive en medios rurales no sólo sufre unas precarias condiciones socioeconómicas, sino que debe soportar la exclusión social derivada de la intolerancia respecto a su identidad y orientación sexual. Igual que en entorno urbano la homosexualidad femenina es más "invisible", en el mundo rural la homosexualidad femenina está marcadamente oculta.

 

El mayor control social y la moralidad de origen católico hacen que las y los jóvenes LGTB en los núcleos rurales y semi-rurales se vean forzados a vivir su condición sexual entre el secreto y la ocultación. El medio rural muestra de forma más acusada la construcción de la sexualidad en torno a la heterosexualidad y el género enmarcado en la dicotomía hombre-mujer y masculino-femenino. Esto, unido a que el tamaño de los núcleos poblacionales es menor, hace de la libertad sexual algo aún más lejano para las personas LGTB.

 

La escasa educación para la diversidad, unida a la ausencia de referencias sobre las que construir su identidad, contribuye a dificultar la visibilidad y normalización de identidades y orientaciones sexuales alternativas. La mayoría de las y los jóvenes LGTB sufren la marginación e incomprensión por parte de las poblaciones rurales, incluso entre los y las propios jóvenes. Si bien entre la juventud estas tendencias se están modificando levemente, existe una disociación entre las opiniones más abiertas a la tolerancia y las prácticas. Esto lleva a que el grado de aislamiento o marginación, incluidas agresiones (psíquicas, físicas y verbales) aumenten en las zonas rurales y semi-rurales con respecto a las poblaciones urbanas. Al igual que las mujeres jóvenes, el colectivo LGTB, muestra unos mayores deseos de emigrar a zonas urbanas en las que pueda visibilizar su afectividad y sexualidad con mayor libertad.

 

 

3.5 La juventud migrante en el medio rural.

 

La diferencia objetiva entre la población migrante residente en las zonas urbanas y zonas rurales es prácticamente inexistente (8,4% en zonas rurales y 9,2% en urbanas, según datos extraídos del programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014),  aunque efectivamente se constata una mayor presencia de emigrantes extranjeros en los municipios urbanos, su presencia es también importante en las localidades rurales. La distribución segmentada hace que se observe un incremento del porcentaje en las áreas semi-rurales y en aquellas áreas rurales más desarrolladas económicamente, producto de la necesidad de mano de obra barata para las producciones agrícolas intensivas y al desarrollo de los sectores secundario y terciario principalmente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las cifras oficiales del Padrón Municipal nunca han sido muy exactas. Si tenemos en cuenta que el empadronamiento era necesario para la prestación de servicios sociales que con políticas xenófobas aprobadas en la crisis del capitalismo se están negando, más conscientes de ello tenemos que ser al planificar nuestra intervención.

 

El éxodo rural también podemos definirlo como un factor importante ya que debido al mismo, que es protagonizado principalmente por la juventud, existe una oferta de empleo principalmente en aquellos puestos de trabajo en peores condiciones, que son cubiertas por la población inmigrante, al carecer ésta de protección social alguna y estar en una situación de mayor necesidad económica. El "racismo laboral" se está convirtiendo en uno de los problemas más grandes en el mundo rural, debido al recelo que crea la supuesta división entre la clase obrera nativa y extranjera, aun siendo la situación de la segunda mucho más precaria.

 

Atendiendo a la distribución por sexos de la población extranjera, se observa que las diferencias entre hombres y mujeres en los municipios rurales son superiores a las registradas en los municipios urbanos. En concreto, las diferencias entre inmigrantes varones y mujeres en el medio rural es de más de 12 puntos porcentuales, frente a los cerca de 6 registrados en los municipios urbanos. Esto hecho es lógico si se piensa que el medio urbano presenta una oferta laboral más amplia, tanto cualitativa como cuantitativamente. Además de ser susceptibles de ofrecer un mayor número de puestos de trabajo, los municipios urbanos pueden ofrecer un abanico más amplio de puestos de trabajo, que permite la ocupación de mujeres inmigrantes, siempre más desfavorecidas por la oferta de empleo que los varones. La situación laboral de las mujeres inmigrantes con respecto a la de los hombres también está en una relación de desigualdad, no sólo de sueldos sino también en la precariedad de sus trabajos, debido a que por ejemplo la diferencia más significativa entre hombres y  mujeres se encuentra en el trabajo ocasional sin contrato, pues en efecto, en esta  situación se encuentra casi un 50% más de mujeres que de hombres.

 

Las conclusiones que podemos obtener es que tal y como recogen nuestros documentos del IX Congreso con la división xenófoba de la fuerza de trabajo, el capitalismo refuerza su posición ante la fractura de la clase trabajadora, creando un sentimiento de inseguridad y miedo respaldado en el “efecto llamada” y culpabilizando a las personas migrantes de problemas como el paro y la delincuencia (…) focalizando la problemática social generada por la introducción de mano de obra súper precaria, que desplaza a la del origen autóctono sobre la persona inmigrante. Es, sin embargo, la clase capitalista la responsable de su contratación, dado que así aumenta su plusvalía. Este discurso además se refuerza por el despoblamiento de las zonas rurales, que provoca una reacción xenófoba por parte de quienes ven que la población juvenil autóctona se marcha a las zonas urbanas mientras que los puestos de trabajo son ocupados por la juventud inmigrante, que además crean un “choque cultural” para la población autóctona que ve peligrar sus tradiciones o valores culturales clásicos y crea un caldo de cultivo propicio para el discurso xenófobo. Por tanto, la población inmigrante ocupa el campo laboral que debido al éxodo rural y al desarrollo económico intensivo, explotador y sin derechos deja libre la juventud del medio rural, con lo cual, es ese mismo desarrollo, el intensivo y en condiciones laborales indignas, el que la UJCE tiene que trabajar por erradicar, para ofrecer en contraposición un desarrollo equilibrado, respetuoso con el entorno y con los derechos laborales, que sea fuente de trabajo digno y un proyecto de futuro para la juventud rural y migrante. Además, la precariedad no incentiva la formación laboral ni estimula el arraigo social, por lo que es un lastre no sólo para quienes la sufren individualmente, sino también para el desarrollo social de las zonas rurales.

 

Se traduce en las zonas rurales en agresiones xenófobas, tales como las sucedidas en los pueblos El Ejido, Salt y Vic, que a su vez sirven como propaganda para los medios de comunicación más reaccionarios. Los partidos fascistas de nuevo cuño han comenzado a utilizar como táctica para lograr implantación en las sociedad la búsqueda de espacios político-electorales en las zonas rurales e intermedias, donde existen más facilidades para lograr representantes en los Ayuntamientos que en las grandes ciudades, que es donde concentran gran parte de su militancia.

 

 

3.6 Ocio, deporte y cultura en el medio rural, situación en que se encuentra la juventud.

 

En el medio rural con respecto al medio urbano existe una menor oferta cultural y de ocio, especialmente en aquellos municipios más pequeños.

 

Muchos son los municipios que no cuentan con bibliotecas permanentes, centros de cultura, programas de desarrollo de la cultura para la juventud, a través de la música, el cine o el teatro, y cuando se dan, en demasiadas ocasiones es gestionado por entidades ajenas a la juventud. Esto produce una reacción de insatisfacción sobre la oferta cultural y de ocio del medio rural, y en muchas de estas ocasiones la juventud se ve obligada a trasladarse a capitales de comarca o provincia para poder disfrutar de alguno de estos servicios, en muchos casos ofrecidos como un bien de consumo, mercantilizado, y de difícil acceso para una o un joven estudiante o trabajador, como pudiera ser el cine. Es además, un motivo de éxodo rural por parte de la juventud, al no sentirse ésta atraída por lo que ofrece su población natal y recurrir a las zonas urbanizadas para acceder a más oportunidades de ocio, cultura, deporte y tiempo libre.

 

No podemos olvidar el patrimonio histórico-cultural existente en el medio rural, cuyo mantenimiento supone una de las necesidades para recuperar las señas de identidad del medio. Este valor, que tradicionalmente ha sido poco utilizado, a consecuencia de  la apuesta por un ocio muy mercantilizado y focalizado en las capitales, y por un turismo depredador que genera un gran negocio a través de especulación urbanística  y el alto consumo, y que está situado en las zonas urbanas y alrededores del mar, lo que en muchas ocasiones pone en peligro -cuando no atenta directamente- a la cultura de ese medio cuando es rural, hasta puntos que la desvirtúa y oculta.

 

Una de las necesidades que tiene la juventud del medio rural es por tanto la existencia de medios para desarrollar programas y actividades culturales y de ocio no mercantilizadas, de acceso universal, junto a herramientas y disponibilidades para disfrutar del deporte, ya sea éste individual o colectivo, o de ocio u orientado a necesidades de los diferentes sectores de la población. Es por tanto, una realidad sobre la que las y los comunistas podemos intervenir, trabajando por el asociacionismo cultural, poniendo en marcha proyectos y actividades.

 

Es capital que sepamos desarrollar estratégicamente una actividad cultural, básicamente alrededor de dos ejes. Primero el desarrollo del ocio alternativo, frente a un ocio institucional, ajeno a la cultura popular y juvenil, y vendido al control del sistema. Es importante que aumentemos nuestra capacidad de intervención y de creación de espacios culturales juveniles que aglutinen las reivindicaciones de un ocio no mercantilizado y creativo. Así pues, sería interesante el desarrollo de las "Casas de la Juventud", como vía legal para un empuje para abrir brecha en el ocio, conjuntamente con el desarrollo de Centros Sociales (okupados o no) que dinamicen el tejido social juvenil de los barrios y de los pueblos. Inspirándonos en la labor de las "Casas del Pueblo" de inicios del siglo XX, tenemos que saber alejarnos de la subcultura por sí misma, y dar un impulso a la creación cultural y reivindicativa, contra una domesticación de la juventud obrera y jornalera. Con este trabajo, además de satisfacer una necesidad de la juventud, nos permite visualizarnos, tomar contacto con la juventud de un modo amplio, inculcar cultura política mediante la cultura. Supone en muchos casos una herramienta prioritaria y fundamental para articular un movimiento juvenil organizado y concienciado, no sólo con la cultura, sino también, con la política, con su entorno y sus realidades.

 

 

4. La realidad político-social en el medio rural.

 

4.1 Radiografía partidaria, sindical y social del medio rural.

 

El objetivo de este epígrafe es obtener una visión general del contexto político-sindical y social en medio rural, de cara a planificar más adecuadamente la estrategia política y de intervención de la organización.

 

4.1.1. Consideraciones generales:

 

La juventud del medio rural mantiene tasas de afiliación a asociaciones  culturales, profesionales, sindicales, juveniles, deportivas,… más altas que la juventud del medio urbano o semi-rural.

 

Porcentaje de afiliados a asociaciones juveniles de todo tipo:

 

-         Zonas netamente rurales (< 2.000 habitantes) (27%)

-         Zonas intermedias (< 10.000 habitantes) (25%)

-         Zonas urbanas (> 10.000 habitantes) (18,5%)

 

En el medio rural la afiliación de la juventud se da mayoritariamente en organizaciones culturales, deportivas, recreativas o profesionales, así como pequeñas y medianas cooperativas de producción y distribución (especialmente agropecuarias o cofradías de pesca a nivel local).

 

Mientras que en las zonas urbanas o semi-rurales la clasificación  suele ser más amplia (políticas, sociales, estudiantiles, juveniles…). Con el déficit de Servicios Sociales en el mundo rural la información sobre servicios sociales, ayudas o subvenciones a las que tiene derecho esta población no siempre llega a quien más la necesita. No existe, de manera permanente, una masa crítica que ejerza presión sobre las instituciones para lograr un mayor bienestar de la población, ni tampoco un agente social que haga de intermediario y ponga en contacto las necesidades rurales y los servicios de las administraciones.

 

Atendiendo a las necesidades del análisis que nos ocupa, resulta especialmente relevante la alta tasa de afiliación de pequeños propietarios del medio rural y semi-rural, especialmente jóvenes a agrupaciones profesionales, como por ejemplo COAG, UPA o ASAJA,  que son en el medio agrario las organizaciones burguesas y pequeñoburguesas más relevantes. Obviamente, la mayor parte de estas  organizaciones mantienen un marcado carácter burgués.

 

4.1.2. Composición de clase en el mundo rural

 

El núcleo principal de las masas trabajadoras campesinas, desde el punto de vista de la lucha revolucionaria, es el constituido por el proletariado agrícola en los sectores agropecuario, pesquero, mineral y forestal. Aunque la clase obrera en el campo sufrió un periodo de rápido descenso numérico en las últimas décadas, detrás de esa suavización del descenso se encuentra el cambio de la situación del proletariado agrícola que ha pasado de ser el bracero eventual que caracterizó la agricultura de latifundio durante tantos años, a convertirse en un trabajador con cierta estabilidad y grado de especialización: tractorista, etc.

 

Aunque este proceso de sustitución no se ha dado de una forma total, resulta evidente que ha habido un importante cambio en la configuración del proletariado agrícola al pasar el bracero tradicional a desempeñar un papel secundario. Tanto respecto al trabajador de tipo moderno como al bracero eventual tradicional, la política de los comunistas está clara: se trata de elevar su conciencia política para ponerlo a la altura de la misión histórica que le corresponde, y de constituir la organización de vanguardia, el partido, y la organización de clase, de forma muy similar al proceso de formación de dichas organizaciones en el seno de la clase obrera industrial.

 

En lo que sí es relevante el efecto de las transformaciones de la situación del proletariado agrícola, es en la variación de las perspectivas finales que se plantea. Hoy, resulta claro que la idea del reparto de las grandes explotaciones agrarias va desapareciendo según avanza la mecanización y se aproxima la situación de los obreros agrícolas en el proceso de trabajo a la de los obreros industriales, (estables, empleando maquinaria, incrementándose la división del trabajo, etc.). Así por ejemplo, la idea del reparto que tanta importancia tenía en la conciencia de los proletarios del campo hace unas décadas, hoy ha perdido casi toda relevancia siendo más atractiva la idea de la explotación colectiva de la tierra.

 

Si por la claridad del carácter revolucionario de sus intereses, el primer lugar lo ocupa el proletariado agrícola, el segundo le corresponde, sin duda alguna, al grupo de los campesinos más precarios, al que podemos llamar semi-proletariado agrícola.

 

Este semi-proletariado está constituido por aquellos campesinos, propietarios o arrendatarios, que explotan una cantidad muy reducida de tierra, por lo que se ven obligados a trabajar durante parte del tiempo en empresas capitalistas agrarias e industriales (lo que se llama agricultura a tiempo parcial), o que si no lo hacen sobreviven de lo que sacan de su tierra. Estos tienen un nivel de vida inferior al del proletariado y normalmente se ven obligados a realizar un trabajo muy duro y prolongado para poder sobrevivir. Particularmente difícil dentro de este grupo social es la situación de los arrendatarios y aparceros, puesto que de la escasa cosecha que obtienen han de separar la parte que corresponde al dueño de la tierra.

 

El capitalismo sólo puede ofrecer a los semi-proletarios agrícolas la explotación más dura y las más miserables condiciones de vida. Por esto, el semi-proletariado constituye el más seguro aliado de la clase obrera y uno de los principales componentes del bloque revolucionario en el medio rural. El socialismo supondrá para ellos la posibilidad de reagrupar sus pequeñas propiedades en granjas colectivas y de encontrar en la industria instalada en las zonas agrarias una salida para la mano de obra sobrante sin tener que pasar por el duro calvario de la emigración (como históricamente ha ocurrido).

 

El tercer lugar, por su proximidad a la clase obrera, a sus intereses, lo ocupa el grupo de los pequeños campesinos formado por aquellos que disponen, en propiedad o en arriendo, de una hacienda reducida que le permite subsistir, trabajando duramente y sin empleo de mano de obra asalariada, pero que no le proporciona un excedente anual por encima de lo que consume. Se encuentran en una situación que resulta difícilmente sostenible porque se han de enfrentar con el alza de los costos de la maquinaria, de los abonos e insecticidas y de los distintos productos de consumo que adquieren, mientras que la subida de los precios agrarios favorece en primer término a intermediarios y grandes propietarios. Además, se enfrentan permanentemente con el peligro de una mala cosecha que los deje endeudados por mucho tiempo, continuamente sangrados por los intereses de los préstamos solicitados.

 

El capitalismo liquida lentamente a este grupo social que se va viendo obligado a abandonar la tierra para buscar otra forma de ganarse la vida, pero en la medida en que permanece cultivándola constituye un grupo vacilante, puesto que tiene un excesivo apego a la propiedad privada, y porque debido a su dispersión, su relativamente menor nivel de cultura política, etc. tiene menores experiencias de lucha y comprende con mayor dificultad la falta de perspectivas de su situación bajo el capitalismo. Sin embargo, sus intereses son objetivamente revolucionarios, por lo que puede llegar a ser parte integrante del bloque revolucionario a condición de que se realice en él una cuidadosa tarea de educación política. La supresión de los arrendamientos, la liquidación de los monopolios comerciales que los expolian, el crédito barato, la transformación de las cooperativas capitalistas en las que se ha visto obligado a entrar, la suavización de los impuestos injustos que sufre en muchas ocasiones, etc. es lo que el poder proletario ofrecerá de inmediato a este grupo social. A medio plazo, la formación de explotaciones agrarias colectivas contará con todo el apoyo del poder estatal revolucionario.

 

Estos tres grupos sociales que componen el bloque revolucionario en el campo, constituyen la gran mayoría de la población agraria, y como se ha visto, para ninguno de ellos ofrece el capitalismo otra salida que sufrir la más dura explotación. Entre todos ellos y los campesinos ricos y medios (burguesía rural) hay que establecer una clara diferenciación, que viene dada por el hecho de que el carácter revolucionario de los intereses de los primeros, no es compartido por los últimos. Por otra parte, el hecho cierto del atraso político relativo de semi-proletarios y pequeños campesinos no puede justificar en ningún caso el abandono de las tareas de organización y movilización de estos grupos, sino tan sólo ser índice de las dificultades que es necesario vencer.

 

El grupo de los campesinos medios se encuentra en una situación particularmente compleja en la formación social española. Esto ocurre, no sólo por la gran diversidad de casos concretos que quedan englobados dentro del campesinado medio, pero que se diferencian por el tipo de explotación a la que se dedican, la zona en que están, etc. sino también (y sobre todo) por el doble carácter de su situación considerada en general.

 

Un aspecto de su situación viene caracterizado por el hecho de que el trabajo del propio campesino y de sus familiares es el fundamental dentro de su hacienda, por la dificultad que tiene la mayoría del campesinado medio para enfrentarse con los costes crecientes, por la expoliación de que es objeto por los monopolios comerciales, etc. Todo esto lo acerca hacia los pequeños campesinos, los semi-proletarios y obreros agrícolas.

 

El otro aspecto de su situación viene dado por el hecho de que emplea una cantidad apreciable de trabajo asalariado (aunque menor que el trabajo propio), porque se favorece, en el caso de algunos cultivos, de los "precios políticos" de garantía que ofrece la UE para aumentar las sobreganancias de los grandes burgueses agrarios y conseguir el apoyo de campesinos medios y ricos de algunas zonas; porque tiene algunas posibilidades de convertirse en campesino rico, sobre todo en los casos de aquellos que producen bienes cuya demanda es creciente, etc.

 

Consecuencia de este doble carácter del campesinado medio, es que no se le pueda considerar aliado del proletariado, puesto que tiende a oscilar entre éste y la burguesía. Sin embargo, su neutralización política no ofrece gran dificultad. Su enfrentamiento a los monopolios comerciales, su necesidad de crédito barato, las dificultades que tiene cada día en mayor medida para soportar la subida de los costos de producción, etc. garantizan esta posibilidad. Por otra parte, parece que en los últimos tiempos su situación empeora con mayor rapidez, como lo demuestra el hecho de que disminuya el número de explotaciones de tamaño comprendido entre 20 y 50 has., que en la mayor parte de los casos corresponden al campesinado medio.

 

En relación con el empeoramiento de su situación, se acrecienta el papel de los campesinos medios en los enfrentamientos con los intermediarios comerciales y las industrias alimenticias que reciben el nombre de "guerras agrarias". Esto abre la posibilidad de que su neutralización, e incluso su apoyo, se puedan obtener (al menos de forma parcial) en la actual etapa de la lucha de clases de la formación social española.

 

Los campesinos ricos son los patronos capitalistas en la agricultura cuyo carácter burgués viene determinado por la importancia del trabajo asalariado en sus haciendas, que tiende a superar el trabajo propio y de los familiares. Gracias a ello, y a disponer de mejores y más abundantes medios de producción, consiguen obtener un excedente apreciable por encima de su consumo personal y así ahorrar e invertir en la mejora de su hacienda. Los campesinos ricos constituyen el sector más numeroso dentro de las capas burguesas, enemigas directas y decididas del proletariado revolucionario, siendo un útil vehículo para la transmisión de la ideología burguesa de respeto a la propiedad privada a la mayoría de la población rural trabajadora y explotada (con la que el campesinado rico se relaciona por su modo de vida y su trabajo personal manual en su hacienda), especialmente a quienes están más cercanos a ellos, los campesinos medios.

 

Pero, dentro de esta caracterización general, podemos advertir ciertas tendencias en el desarrollo de la agricultura capitalista en general, y particularmente de la agricultura capitalista en la formación social española, que hacen prever ciertos cambios en la situación de los campesinos ricos. Efectivamente, el ritmo de concentración de la propiedad y de transformación de la agricultura en rama de la industria es más rápido si consideramos al conjunto del sector, que si tenemos en cuenta solamente la transformación de los campesinos ricos en grandes burgueses agrarios. Esto va a plantear a medio plazo, serias dificultades a un grupo considerable de campesinos ricos que no podrán competir con las explotaciones capitalistas agrarias más modernas, sino a base de prescindir totalmente del trabajo asalariado e incrementar el trabajo propio utilizando para ello medios mecánicos, pero empleándolos por debajo de los umbrales de rentabilidad capitalista.

 

La necesidad de introducir estas mejoras técnicas se tragará sus ahorros y los hará depender cada vez más de los créditos que les proporcione el capital financiero, y asimismo los colocará cada vez más en una posición subyugada por los monopolios comerciales. Especialmente grave será este proceso en los casos de quienes se dedican a cultivos que plantean serias dificultades para su mecanización, como pueden ser la vid, el olivo y los frutajes, o de aquellos cuya demanda es claramente regresiva, como el trigo y la mayor parte de las legumbres.

 

De esta tendencia que hoy, en la formación social española sólo comienza a apuntarse, no es posible extraer aun conclusiones políticas decisivas. Baste decir al respecto que se abre la posibilidad de neutralizar a algunos sectores del campesinado rico, pero que hacer esto realidad presentará indudables dificultades.

 

4.1.3 Organizaciones “profesionales” en el medio rural.

 

Obviaremos en nuestro análisis otras organizaciones menores y o locales, y valoraremos someramente las agrupaciones profesionales mayoritarias de ámbito estatal entre las y los medianos y pequeños agricultores y ganaderos

 

- COAG: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Es una de las organizaciones  mayoritarias de pequeños y medianos autónomos del ámbito agrario en el conjunto del estado. La

COAG se fundó en 1977. Desde entonces sus objetivos son básicamente los mismos, adaptados a la realidad actual: Una agricultura sostenible con políticas agrarias que pongan freno al actual proceso de disminución de activos agrarios y fijen la población en el medio rural. La garantía de rentas familiares como la clave que deben contemplar los costes económicos, ecológicos y sociales de la producción y una apuesta por las cooperativas agrarias como estructuras económicas naturales. Apuesta por la potenciación de actividades socioeconómicas diversas, la equiparación de los servicios con los del medio urbano, el mantenimiento de la identidad cultural y la creación de espacio para el ocio y la cultura. La COAG está afiliada internacionalmente a la coordinadora Europea Vía Campesina.

 

- UPA: Unión de Pequeños Agricultores. Organización profesional de pequeños propietarios del sector agrario y ganadero, vinculada orgánicamente a la UGT. Pretende representar a las y los pequeños productores autónomos que auto-gestionan sus cultivos comerciando con mayoristas o introduciéndolos en el mercado por cuenta ajena. La representación mayoritaria de este sindicato se centra en el sector ganadero

 

- ASAJA: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Pequeñas/os  y medianos propietarias/os del sector agrario, vinculada originalmente con UCD y AP. Aunque en la práctica esta organización represanta los intereses de la patronal y los terratenientes.

 

4.1.4 Organizaciones sindicales en el medio rural.

 

En el ámbito agrario:

 

Tanto UGT como CCOO, centran su actividad en la industria agroalimentaria (medianas y grandes empresas, no tanto en las trabajadoras y trabajadores de la producción primaria.

 

De este modo, el trabajo de CCOO en el ámbito laboral agrario se determina a través de la Federación Agroalimentaria del sindicato. La correlación de fuerzas sindicales viene determinada por los sectores en los que se centra cada central sindical, de este modo, CCOO es la fuerza mayoritaria en la industria agroalimentaria de transformación, conservera y mayoristas (46% de los delegados sindicales). Y tiene casi nula implantación entre los trabajadores del campo (jornaleras y jornaleros), de la Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla - La Mancha, Castilla y León, etc.

 

Sindicatos minoritarios:

 

- SAT: Sindicato Andaluz de Trabajadores, heredero directo del SOC (Sindicato Obreros del Campo). Políticamente vinculado a la organización política marxista CUT-BAI, integrada como partido en IU Andalucía. Sindicato muy combativo y de clase, sin embargo su implantación  territorial y sectorial es muy desigual y precaria (su militancia se inserta mayoritariamente en localidades rurales de las provincias de Sevilla y Cádiz).

 

- Sindicato Labrego Galego: Centrado en defender la soberanía alimentaria de todos los propietarios de terrenos agrícolas en Galiza, en este camino representa principalmente a la pequeña producción autónoma y trabajadoras y trabajadores del campo autónomos, no teniendo especial incidencia en grandes empresas agroalimentarias. Defiende el cooperativismo aglutinando a gran parte del sector agrícola alternativo (orgánico o biointensivo).

 

- CGT: Ha ganado una mínima implantación en el sector en los últimos años en grandes empresas. Principalmente a través de escisiones y expulsiones de los sindicatos mayoritarios.

 

En el ámbito de la minería:

 

Por otro lado, las y los trabajadores de la minería se integran en la Federación de Industria de CCOO. Las federaciones de UGT y CCOO de este ámbito son una de las más importantes e influyentes de los sindicatos mayoritarios. Por su parte, la Unión General de Trabajadores, mantiene junto a CCOO una amplia mayoría sindical e implantación en las cuencas mineras. 

 

En las zonas mineras de Castilla y León y Asturies mantiene cierta influencia el sindicato USO (Unión Sindical Obrera), así como en algunas cuencas mineras de Asturies el sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierdas).

 

Ganadería:

 

Al igual que en todos los sectores primarios las principales centrales sindicales centran su atención en la industria de transformación y no en la industria de la producción a excepción del referente de la UGT en el sector agro-ganadero (Uniones Agrarias- UPA).

 

Como sucede en otros sectores característicos del mundo rural aparecen aquí productoras y productores ganaderos a título autónomo como medio de producción de materias primas para la propia vida cotidiana y el comercio de los excedentes (economía de subsistencia).

 

- CCOO: Centra su trabajo en la industria de la transformación cárnica o de derivados del ganado por su carácter más industrial dado que el sindicato está más adaptado, descuidando por completo pequeños grupos de ganaderos o trabajadores autónomos del sector. Esto la coloca equilibrada con las otras dos centrales sindicales (UPA, CIG) en la representación del sector ganadero.

 

- UGT-UPA: Aproximadamente con un número de representantes similar al de CCOO en el sector en el agroalimentario en el  conjunto del estado.

 

- CIG: En este caso el sindicato nacionalista gallego goza de cierta influencia, y un discurso chovinista de profundo calado entre las y los ganaderos debido a los intereses de la pequeña burguesía gallega que invierte en el sector, lo que les sitúa en algunos casos concretos a las centrales sindicales mayoritarias.

 

- Sindicato Labrego Galego: En su línea de autogestión, soberanía alimentaria y ecológica, atiende fundamentalmente a la pequeña “eco-ganadería” y proyectos alternativos de ganadería que preserven especies amenazadas por los intereses de aumento de producción de las grandes corporaciones del sector. Estrategia que no repercute en la obtención de gran número de representantes sindicales aunque sí que goza cada vez de mayor popularidad a nivel territorial en el medio rural de Galiza.

 

En el sector pesquero:

 

En este sector al igual que en  todos los anteriores los sindicatos centran sus esfuerzos en trabajar en grandes corporaciones lo que provoca que todo el sector de la pesca y de la acuicultura no cuente con representación sindical real. Patronos y trabajadores del mar  generalmente están adscritos a las cofradías de pescadores o asociaciones de pequeña producción acuícola.

 

Prueba de la escasa relevancia que otorgan al sector, las trabajadoras y trabajadores del sector pesquero conforman el Sector del Mar, adscrito a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

 

- CCOO: Gran presencia en el sector conservero teniendo representación y mayoría en gran número de medianas y grandes empresas, pero desatendiendo a las y los productores de materias primas.

 

- UGT: Comparte plenamente la estrategia en el sector con CCOO, dejando la puerta abierta a sindicatos nacionalistas o minoritarios de rama.

 

- CIG: Sindicato políticamente vinculado al BNG. Mantiene una considerable implantación en el sector pesquero gallego. Situándose como primera o segunda fuerza sindical dependiendo de las zonas.

 

Movimientos sociales: La mayoría de movimientos sociales de ámbito metropolitano mantienen una implantación nula o muy baja en  el medio rural debido a los múltiples factores que ya hemos analizado. Aquí estarían incluidas plataformas o asambleas surgidas para denunciar o intentar parar determinadas medidas que afectan a la población o el territorio, muchas con reivindicaciones legítimas de defensa de sus medios de existencia o de las condiciones de desventaja en las cuales se encuentra el mundo rural.

 

 

4.2 Estrategia política y tareas de intervención Político-social.

 

La crisis actual del capitalismo repercute en la crisis agraria de la formación social española elevando los costes de producción por encima de los precios, de tal forma que sólo los grandes empresarios agrícolas pueden resistirlo, puesto que ellos pueden racionalizar la producción de forma que se absorba la mayor parte de las elevaciones de los costes, mientras que los trabajadores del campo ven su situación cada vez más difícil. Además, ya no encuentran la salida sencilla, aunque dolorosa de la emigración. Ni el resto de países capitalistas europeos, ni la industria española ofrecen nuevos puestos de trabajo, por tanto los campesinos arruinados se verán obligados a continuar en sus tierras, a trabajar más y más horas para poder subsistir.

 

La única salida que les queda a pequeños y medianos campesinos junto al proletariado agrícola, es unirse a los trabajadores de la ciudad dirigidos por el proletariado industrial y derribar la dominación burguesa en la ciudad y en el campo. Ni las reformas parciales ni el reparto de las grandes propiedades son ya solución para la cuestión agraria tal como se plantea en estos momentos, sólo la salida socialista corresponde con los intereses del proletariado agrícola y de las restantes masas trabajadoras campesinas. Pero, por otra parte, para que el proletariado pueda desempeñar el papel dirigente de este bloque revolucionario y solucionar la crisis agraria, es necesario que rompa con el reformismo de todo tipo, pasando a desempeñar el papel que como clase verdaderamente revolucionaria le corresponde.

 

El enemigo principal de la clase obrera y del pueblo trabajador en el campo está constituido por la burguesía agraria y la comercial, especialmente la monopolista. Respecto a ellas la clase obrera procederá sin ninguna vacilación, expropiando de forma inmediata y total (y por supuesto sin indemnización alguna) las tierras de todos los burgueses agrarios para constituir el monopolio estatal del comercio agrario interior. De esta forma se librará a los obreros agrícolas y a los semi-proletarios de la explotación directa que sufren trabajando en estas haciendas, a un sector importante de pequeños campesinos y campesinos medios de los arrendamientos, y a todos los campesinos de los préstamos usurarios; de la expoliación a que le someten los monopolios comerciales, etc. En general, los comunistas impulsaremos la explotación comunitaria, aunque se admite como posibilidad que, en algún caso, sobre todo en zonas de predominio del pequeño campesinado, algunas haciendas de los burgueses agrarios puedan ser repartidas entre los campesinos cuando esto pueda servir para que se llegue a la colectivización en las mejores condiciones de conciencia y organización de éstos.

 

En las zonas en que la gran propiedad agraria va ligada, de una u otra forma, a ciertas prácticas caciquiles que suponen un ejercicio primado del poder político, los capitalistas agrarios no sólo serán expropiados, sino que se tomará contra ellos las medidas represivas adecuadas.

 

La resolución definitiva de la cuestión agraria sólo podrá venir cuando el poder estatal proletario, una vez que haya aplastado la resistencia de los explotadores, reorganice la sociedad a todo sus niveles: económico, jurídico-político e ideológico, suprimiendo las diferencias entre campo y ciudad, entre trabajo manual y trabado intelectual, entre funciones de dirección y de ejecución. Sólo en el marco de estas nuevas condiciones sociales será posible hacer desaparecer a la aldea atrasaba que hoy se contrapone a la ciudad moderna, y terminar con cualquier ilusión referente a las "ventajas" de la pequeña propiedad familiar agraria.

Mientras tanto, será necesario realizar un gran esfuerzo de educación política de las masas campesinas a través de procesos de lucha concretos en los que se han de poner en primer plano los aspectos revolucionarios de los intereses de los trabajadores del campo, tanto de los que son asalariados como de los que son “propietarios".

 

4.2.1 Tareas de intervención en la juventud estudiantil.

 

En el mundo rural podríamos destacar dos grupos sociales como principales movilizadores en las luchas educativas. En primer lugar el papel clave de las madres y  padres en el mundo rural y el estudiantado. Los progenitores tienen una función básica, que es garantizar las condiciones básicas de  los centros. En las zonas rurales padres y madres se mueven para abrir o reabrir escuelas y garantizar la educación de sus hijas e hijos así como evitar cierres de colegios, y no son pocas las luchas libradas por los progenitores en este sentido.

 

En el mundo semi-rural la figura de los progenitores queda más desdibujada, y el alumnado ganaría importancia como agente movilizador. Es prioritario crear asociaciones estudiantiles en los institutos, pero eso depende de si es medio rural o semi-rural. En el medio semi-rural que sí que tiene una mayor población permite la conformación de estas asociaciones que además aglutinan a alumnas y alumnos de las localidades de los alrededores. Es importante saber analizar en que contextos un discurso "sindical" puede ser efectivo. La situación de muchos institutos puede crear las condiciones efectivas para dar un salto cualitativo y abrir la cuestión profunda de la mercantilización de la educación. La no existencia de aulas suficientes para el alumnado, el propio estado del edificio, o de las instalaciones puede convertirse en un eje de movilización central en el medio rural a nivel educativo. Hay que añadir, que la reivindicación de representatividad del alumnado, y de su empoderamiento a nivel de centro puede ser otro eje de intervención, debido al ninguneo mayoritario por parte de los docentes ante la posibilidad, aunque limitada, de crear poder estudiantil en institutos en el mundo rural. Ya creadas las asociaciones estudiantiles, debe ser tarea de éstas el crear lazos de unión y cercanía con el AMPA del centro para así combatir mejor los déficits de calidad que puedan darse. Por otro lado en las localidades rurales es más factible crear asociaciones culturales desde las que se pueda formar a la juventud en los problemas de la juventud estudiantil. También se fomentará la participación en cualquier tipo de movimiento que plantee reivindicaciones afines a las nuestras, siempre que sea posible.

 

Además las asociaciones culturales dentro de colegios e institutos pueden ser una herramienta magnifica como formación en la actividad política. La necesidad de abrir amplios debates sobre la situación de una juventud movilizada y combativa, frente a "temas ajenos" de las ciudades, pueden abrir la problemática de cuál es el papel y la actitud de la juventud en su propio medio. No hay que olvidar que precisamente la juventud estudiantil en el medio rural es la que más se ve afectada por el éxodo rural, ya que muchos desean salir de su ambiente para abrir miras y posibilidades. Hay que propicia que esta juventud, combativa y con inquietudes sea capaz de ver la posibilidad de crear un frente de lucha y la posibilidad del desarrollo de sus propias inquietudes en su propia localidad.

 

4.2.2 Tareas de intervención en la juventud obrera.

 

Partiendo del análisis de las diferentes realidades que nos encontramos entre el medio rural y el semi-rural estructuraremos diferentes tipos de intervención. Aún así hay una característica común entre la juventud trabajadora en el mundo rural, la del paro estructural que se da allí. También hemos analizado la desvinculación de la nueva generación con las luchas y concepciones tradicionales del trabajo en el campo, ya que su trabajo ha estado ligado fundamentalmente a la construcción.

 

Es necesario cuantificar el número de militantes en las zonas rurales y semi-rurales, características, trabajo político que realizan, y tras dicho mapeo, la Organización Sectorial de Obreras/os (OSO) con la intención de planificar campañas específicas.

 

Nuestra propuesta de intervención es:

 

Zonas Semi-rurales donde tenemos colectivo:

 

                - Campañas de formación sobre la situación de la juventud rural, tenemos una gran oportunidad de ideologizar a todas esas personas que no estaban vinculadas a la realidad del trabajo en el sector primario.

 

                - Sumarnos a las luchas concretas obreras que se den el pueblo, luchas por cierres de la poca industria que queda, por reivindicaciones de mejoras de las condiciones laborales, etc.

               

                - Lucha contra la privatización de servicios, o contra la construcción de servicios públicos de carácter privado (centros culturales, deportivos…)

 

                - Elaboración con periodicidad de informes estructurados por parte de los colectivos de zonas semi-rurales de las problemáticas concretas de sus ámbitos de actuación con el fin de establecer líneas concretas de actuación además de ampliar así el conocimiento sobre estas zonas.

 

                - Potenciar la creación de cooperativas de producción y de consumo como alternativa al monocultivo industrial y al caciquismo.

 

 

Zonas Semi-rurales donde no tenemos colectivo:

 

                - La Intervención en las zonas donde no tenemos colectivos tiene que estar basadas en campañas de agitación propaganda para darnos a conocer. Tenemos que ser estratégicos a la hora de utilizar la campaña correcta, acercándonos a las zonas donde la juventud este asociada (sean asociaciones deportivas, culturales…), e intentando ligar las reivindicaciones culturales o de ocio, con luchas políticas.

 

                - Trabajo con el PCE e IU, donde esté, de cara a conocer las problemáticas de los pueblos y organizar a la juventud más combativa.

 

 

Zonas rurales:

 

En nuestra organización no tenemos (o hay muy pocos) colectivos en zonas rurales. El trabajo de intervención en este ámbito es más complicado, ya que no podemos llegar a modo de “paracaidista” allí. La estrategia de intervención en este ámbito pasa por intervenir en las cabezas de comarcas, donde se agrupa casi toda la juventud de las zonas rurales (son las zonas donde estudian, están los lugares de ocio…). A través de la intervención en estos lugares, el objetivo es que se hagan campañas para llegar a la juventud rural que realiza parte de su vida en la comarca. Así podremos llegar a esas zonas rurales y la intervención deberá ir orientada en un primer momento a organizar a la juventud (ya sea en asociaciones culturales, deportivas…) y a través de esa primera forma de organización ir aumentando el nivel de politización y reivindicación hacía las luchas obreras propiamente dichas.

 

4.2.3 La estrategia comunicativa y de agit-prop.

 

Una de las mayores dificultades de intervención que encontramos en las zonas rurales es que nuestras campañas y diseños no llegan a la juventud. Mostramos una realidad, un discurso y una estética que está alejada de la que ellas y ellos viven diariamente, por lo que se complica mucho más nuestro trabajo de intervención en estas zonas en cuanto a la propaganda y la agitación.

 

Para ello debemos de plantear una estrategia de comunicación diferente, que se adapte a cada realidad y a cada medio mediante el cual intervenimos.

 

El primer elemento que se analiza es la imagen que mostramos para identificar una problemática; si desde el feminismo se analizó que la imagen de la organización estaba masculinizada, en esta conferencia analizamos que la imagen de la organización esta "urbanizada". Los trabajos que mostramos en la propaganda, los diseños, y en general en la imagen corporativa, son los elementos que deberíamos ir adaptando. Es decir, profundizar en una imagen inclusiva que atienda a la diversidad del Estado.

 

Precisamente para atender a esta diversidad, es de vital importancia, que cada región/nación no sólo desarrolle las campañas unitarias, sino que también las adapte "comunicativamente" a sus ámbitos concretos de actuación.

 

La profundización de nuestro trabajo en redes sociales y a través de internet no debe hacernos olvidar las dificultades comunicativas y de accesibilidad a la red que se mantiene en algunas zonas rurales del estado.

 

Como decíamos en el XI Congreso "Si bien los objetivos de nuestra organización son eminentemente políticos, nuestra lucha no debe limitarse a una lucha estrictamente política, programática. Es necesario poner en cuestión y transformar el conjunto de valores, modos de vida y de cuestiones pre-políticas totalmente asumidas e interiorizadas por la clase trabajadora y la militancia, que son un pilar fundamental que sustenta el actual estado de cosas. El arma para la agitación política y comunicativa que tiene la organización es su militancia. La agitación política es algo que se hace con palabras, es la herramienta para la política real cara a cara donde podemos medir nuestra capacidad individual y colectiva de hegemonizar con nuestro discurso entre a quienes nos rodean- compañeros de estudio y de trabajo o la zona de ocio, grupos de amigos, familia, etc…".

 

En este sentido se debe hacer un esfuerzo extraordinario para desarrollar todas las formas posibles de lucha de masas, dotándolas de contenido revolucionario y ligando los objetivos inmediatos con los estratégicos.

 

En el momento actual, es evidente que los sectores campesinos que se encuentran en condiciones más adecuadas para realizar luchas de carácter revolucionario son los asalariados agrícolas, pero no se deben despreciar las posibilidades de movilización de los semi-proletarios y de los pequeños campesinos, e incluso de los campesinos medios, contra la expoliación de que les hace objeto la burguesía comercial y financiera.

 

El proceso de incorporación a la lucha de los diferentes grupos sociales campesinos y el grado de conciencia de sus intereses, es muy desigual. Los comunistas deberemos saber analizar en cada momento cuáles son las necesidades concretas y cuál el estadio de conciencia de los distintos sectores campesinos, y expresar esto articulando las alternativas que han de orientar su lucha en la perspectiva socialista.

 

Por lo demás, las reivindicaciones transitorias del proletariado agrícola coinciden casi plenamente con las del proletariado industrial. En lo que respecta a los semi-proletarios y pequeños campesinos, lo específico de sus reivindicaciones transitorias viene dado por sus necesidades propias, crédito barato, precios accesibles de maquinaria agrícola, abonos, etc. y por tanto, nuestra agitación se concretará en evidenciar el control de las operaciones de transporte, crédito y comercio relacionadas con la agricultura.

 

De entre todas ellas destaca por su importancia el control de los precios agrarios, que se debe realizar simultáneamente en el mercado de origen para garantizar una remuneración razonable a los campesinos, y allí debe ser realizado por la organización de clase de los proletarios agrícolas y las organizaciones de lucha de los pequeños campesinos y los semi-proletarios; y en el mercado final, para controlar las ganancias de los intermediarios. Misión importante de los comunistas es hacer comprender a la clase obrera y pueblo trabajador de las ciudades que la lucha de las masas trabajadoras del campo no va contra los intereses de la primera, como pretende hacer creer la burguesía responsabilizando a los campesinos de las subidas de los productos alimenticios, sino que converge con la de ellos al enfrentarse al enemigo común: la explotación capitalista.