Por la reconciliación nacional
Declaración del Partido Comunista de España de junio de 1956 en el que llama a una resolución pacífica y democrática del conflicto español con motivo del vigésimo aniversario del comienzo de la Guerra Civil.
Por la reconciliación nacional. Por la resolución democrática y pacífica del problema español.
Se acerca el XX aniversario de una fecha histórica, del 18 de julio de 1936, en que comenzó la guerra de España.
Este aniversario coincide con una nueva situación nacional e internacional que exige de las fuerzas políticas españolas definir su posición ante los importantes problemas que están al orden del día. El Partido Comunista de España fija la suya en el presente documento.
La fecha del 18 de julio ha tenido hasta ahora dos significaciones:
Una, la oficial, que celebraba la victoria de las fuerzas franquistas y que entrañaba la perpetuación del espíritu de guerra civil, el odio contra republicanos y demócratas, el tono de cruzada frente a más de media España.
Otra, la de los que fuimos derrotados, pese a defender una causa justa. Nuestra celebración, a su vez, significaba la reiteración de nuestra confianza en el restablecimiento de la democracia, la no aceptación de una derrota injusta, el legítimo orgullo de haber resistido heroicamente cerca de tres años a fuerzas superiormente armadas y –¿por qué no decirlo?– cierto ánimo de revancha.
Pero en los últimos años se ha producido una importante evolución. Fuerzas considerables, que en otro tiempo integraron el campo franquista, han ido mostrando su discrepancia con una política que mantiene vivo el espíritu de guerra civil.
En el campo republicano son más numerosas e influyentes las opiniones de los que estiman que hay que enterrar los odios y rencores de la guerra civil, porque el ánimo de desquite no es un sentimiento constructivo.
Un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles, va ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra civil.
Ya en el curso de ésta, el Partido Comunista vio la necesidad de llegar a un acuerdo entre los españoles, que garantizase la independencia nacional y la convivencia civil. Ese acuerdo no fue posible entonces, a pesar de que también en el campo opuesto había fuerzas que lo deseaban.
En su carta a la redacción de «Mundo Obrero», de marzo de 1938, el Secretario General del Partido Comunista, José Díaz, escribía refiriéndose a la unidad que necesitaba nuestro pueblo:
«Esta unidad debe comprender importantes capas de la población, que en la zona facciosa están bajo el yugo y quizá bajo la influencia de la propaganda fascista, debe comprender a todos los españoles que no quieren ser esclavos de una bárbara dictadura extranjera.»
Consecuente con esta posición, el Partido Comunista fue uno de los inspiradores de la política expresada en los «Trece puntos» del gobierno republicano, política que se proponía un acuerdo entre los dos campos en guerra, sobre la base de un compromiso que garantizase la independencia de España; que no hubiera represalias y el derecho del pueblo a elegir libremente sus gobernantes.
Esta orientación ha sido una constante de nuestra política de unión nacional. Se encuentra en nuestro manifiesto de septiembre de 1942, donde proclamábamos: «la reconquista de España para la libertad y la democracia no puede ser obra de un partido o una clase, sino el resultado de la conjugación de esfuerzos de todos los grupos políticos nacionales, desde los católicos hasta los comunistas.»
Posteriormente, en la clandestinidad y la emigración, no hemos cesado de preconizar la unión nacional de los españoles, de insistir en la necesidad de cerrar el foso abierto por la guerra civil entre unos y otros, de encontrar un terreno común para impulsar el desarrollo nacional y elevar el bienestar de los españoles.
Ese es el sentido de nuestra política de unión y de frente nacional reafirmada por el V Congreso de nuestro Partido celebrado en noviembre de 1954, línea que hemos defendido consecuentemente, incluso cuando la mayor parte de los elementos representativos de las fuerzas de izquierda y de derecha la rechazaban.
El Partido Comunista sabe que las ideas y soluciones, por muy justas que sean, no se abren camino de la noche a la mañana, simplemente con formularlas. Hace falta luchar por ellas hasta conseguir que ganen la conciencia de las gentes, hasta que maduren las condiciones para que esas ideas o soluciones sean transformadas en realidad.
Hoy, la idea de una solución pacífica de los problemas políticos, económicos y sociales de España, sobre la base del entendimiento entre las fuerzas de izquierda y de derecha, ha ganado mucho terreno, aunque todavía queden serios obstáculos que vencer.
En la presente situación, y al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco.
Fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia; violencia para defender lo actual que se derrumba; violencia para responder a la brutalidad de los que, sabiéndose condenados, recurren a ella para mantener su dominación.
El Partido Comunista no quiere marchar por ese camino, al que tantas veces ha sido lanzado el pueblo español por la cerril intransigencia de las castas dirigentes a todo avance social.
Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte.
Las fuerzas democráticas españolas no pueden continuar como hasta ahora, al margen de la vida de España, imposibilitadas de enriquecerla y servirla con su aportación cultural y su experiencia política.
Una política de azuzamiento de rencores puede hacerla Franco, y en ello está interesado, pero no las fuerzas democráticas españolas.
Existe en todas las capas sociales de nuestro país el deseo de terminar con la artificiosa división de los españoles en «rojos» y «nacionales», para sentirse ciudadanos de España, respetados en sus derechos, garantizados en su vida y libertad, aportando al acervo nacional su esfuerzo y sus conocimientos.
Es un hiriente sarcasmo que once años después de la derrota del fascismo en el mundo, España sea casi el único país que conserva un régimen fascista. De esta situación sufren todas las clases sociales, excepto un pequeño grupo de monopolistas y gente corrompidas.
La pervivencia de este régimen es funesta para el país. No existen leyes que garanticen verdaderos derechos a los ciudadanos; no hay instituciones políticas estables respaldadas por el consenso popular. Se mantiene el principio del Partido único fascista. Se persigue a los españoles por motivos ideológicos y políticos. Si la represión se ceba en los comunistas, socialistas, cenetistas y nacionalistas vascos y catalanes, las persecuciones políticas alcanzan también a monárquicos, democristianos, liberales e incluso a los falangistas disidentes. La censura campa por sus respetos, irresponsable, y en muchos casos, analfabeta. La menor expresión discrepante es reprimida utilizando un sistema judicial de excepción que es, de hecho, la continuación de la jurisdicción militar de tiempo de guerra.
El general Franco continúa amenazando con la guerra civil y con lanzar de nuevo la «ola de camisas azules y de boinas rojas» contra las fuerzas de derecha e izquierda que discrepan de la dictadura.
Si las fuerzas sociales que retiran su apoyo a Franco se pronunciasen por la reconciliación nacional, el entendimiento que no pudo lograrse entre los españoles durante la guerra civil, podría hacerse hoy, tendiendo un puente entre el pasado y el presente, de cara al porvenir, en el camino de la continuidad española.
El Partido Comunista de España, al aproximarse el aniversario del 18 de julio, llama a todos los españoles, desde los monárquicos, democristianos y liberales, hasta los republicanos, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, cenetistas y socialistas a proclamar, como un objetivo común a todos, la reconciliación nacional.
En el presente documento el Partido Comunista expone su posición sobre cuestiones fundamentales de la política exterior, de la política económica y del desarrollo político del país, formulando algunas proposiciones concretas que somete a la consideración de todas las fuerzas políticas españolas con el ánimo de encontrar una base común de entendimiento y acción.
I. Premisas de una política exterior española
El actual clima internacional de coexistencia y colaboración pacífica entre los Estados favorece la posibilidad de cambios políticos pacíficos en España, la reconciliación nacional de los españoles.
España no puede permanecer indefinidamente aislada de esta poderosa corriente mundial. Política y económicamente no le es posible mantenerse al margen de los cambios que tienen lugar en la situación internacional.
Convivimos en un mismo planeta con otros países y so pena de marchar por el camino apocalíptico de una guerra termonuclear, cosa que nuestro pueblo, como todos los pueblos, rechaza, no hay más solución que la coexistencia pacifica entre los Estados, independientemente de las diferencias de régimen social.
La política internacional del general Franco está condenada al fracaso precisamente porque parte de la negación de esa realidad.
Las ideas pueden discutirse, pero no es posible negar los hechos. Y éstos demuestran que en la situación mundial vienen produciéndose cambios sustanciales. El rasgo característico de nuestra época es que el Socialismo no es un «fenómeno ruso», como quisieron presentarlo ciertas gentes. El Socialismo es hoy un sistema mundial que ejerce poderosa influencia sobre la situación y la política internacionales. Este es el hecho más importante de la época actual. ¿Quién que no cierre los ojos a la realidad puede negarlo?
Otro de los cambios que han quebrantado la base del imperialismo es el hundimiento del sistema colonial. China, India, Birmania, Indonesia, Egipto, Siria, Líbano, Sudán, Jordania y otros países, coloniales en un pasado reciente, con 1.200 millones de habitantes, o sea, casi la mitad de la población de la Tierra, han conquistado su independencia estatal en los últimos años.
El ocaso del colonialismo influye poderosamente en el curso de los acontecimientos internacionales y así lo confirma, por lo que respecta a España, la independencia de Marruecos. Expresión política de la voluntad de independencia de los pueblos de Asia y Africa ha sido la conferencia de Bandung. Los 29 países en ella representados se pronunciaron contra el colonialismo en cualquiera de sus formas y por el derecho de los pueblos a la independencia. Bandung condenó la política de bloques militares y proclamó los principios de la coexistencia pacífica y de la colaboración amistosa entre todos los Estados, en condiciones de igualdad.
Se ha formado una extensa «zona de paz» que abarca a Estados socialistas y no socialistas, en la que viven casi 1.500 millones de habitantes, o sea, la mayoría de la población de nuestro planeta, y la política de neutralidad se extiende a un número cada vez mayor de países.
Estos cambios revolucionarios han transformado la faz del mundo. Su significación histórica salta a la vista. Toda la marcha de las relaciones internacionales contemporáneas lleva su sello.
Bajo la presión del ambiente universal que condenaba la guerra y reclamaba la solución pacifica de los problemas internacionales en litigio, se celebró en Ginebra la Conferencia de los jefes de gobierno de la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Allí nació lo que se ha dado en llamar «espíritu de Ginebra». El espíritu de Ginebra significa que el método de la discusión y la negociación es el que debe regular las relaciones entre Estados, independientemente de su régimen político y social.
Opuesta al espíritu de Ginebra es la política imperialista de bloques agresivos, de «guerra fría», que preconizan los círculos imperialistas dominantes en los Estados Unidos.
El profundo contraste entre la peligrosa y aventurera dirección de la política norteamericana y la consecuente política de la Unión Soviética y de otros Estados en pro de la coexistencia pacífica aparece cada vez más claro para los pueblos, incluido el pueblo español. Esto, unido a los éxitos en la edificación del socialismo, explica el creciente prestigio e influencia mundiales de la Unión Soviética, prestigio e influencia que son una realidad también en España. Ignorarlo sería un profundo error.
Aspectos evidentes de la mejoría en la situación internacional son el restablecimiento de relaciones normales y amistosas entre la Unión Soviética y Yugoeslavia; la firma del Tratado de paz con Austria; el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Federal Alemana; la creciente amistad y el desarrollo de las relaciones comerciales y culturales entre la Unión Soviética y la India, Indonesia, Birmania, Afganistán y otros países emancipados del yugo colonial; la ampliación del intercambio comercial y cultural de la Unión Soviética con Gran Bretaña, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria y otros países europeos; con Egipto, Siria, Yemen y otros países árabes.
Según la prensa española se ha duplicado el intercambio comercial de los países socialistas con numerosas repúblicas de América Latina.. Nuestro vecino Portugal, por intermedio del Banco de Estado, desarrolla y aumenta su comercio con Checoslovaquia, Polonia, Hungría y la República Democrática Alemana.
El viaje de Bulganin y Jruschov a Inglaterra, así como la visita de Guy Mollet y Christian Pineau a la Unión Soviética son nuevos e importantes pasos en el mejoramiento de las relaciones internacionales.
Tiene extraordinaria importancia para el ulterior alivio de la tirantez internacional, la consolidación de la paz y la unidad del movimiento obrero mundial, la visita a la Unión Soviética del Presidente de la República yugoeslava, camarada Iosip Broz-Tito, y el feliz resultado de las negociaciones soviético-yugoeslavas.
Al mejorar las relaciones con todos los Estados que están dispuestos a ello, la URSS no trata de enemistar a esos países con los Estados Unidos. La propuesta que el gobierno soviético hizo a los Estados Unidos, a comienzos de este año, de firmar un pacto entre ambos países con fines de paz y colaboración, es una prueba fehaciente de las sinceras intenciones que guían a la Unión Soviética.
La vitalidad del principio de la coexistencia pacífica ha tenido una de sus confirmaciones más elocuentes en la normalización de las relaciones entre la Unión Soviética y Alemania Occidental. Al recuerdo y a las huellas de la terrible guerra provocada por el hitlerismo con su agresión a la URSS, se sobrepone la necesidad de la coexistencia pacifica entre Alemania y la Unión Soviética.
La desmovilización de 1.200.000 hombres de las Fuerzas Armadas y la reducción proporcional de los armamentos y gastos presupuestarios para la Defensa, acordadas por el Gobierno soviético, marca un nuevo camino, práctico y eficaz, para la solución del problema del desarme. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Si las potencias occidentales siguen el ejemplo de la URSS, se aliviará la pesada carga que la carrera armamentista representa para los pueblos.
Las posiciones públicas del Papa a favor del desarme y de la prohibición de las armas atómicas, su cambio de tono al referirse a ciertos problemas del mundo contemporáneo, son el reflejo de las poderosas corrientes que se extienden entre los católicos de todos los países en pro de la paz y la colaboración internacional.
El principio de que la Iglesia católica puede coexistir con diferentes regímenes sociales y políticos se abre paso en la conciencia del mundo católico, y está llamado a ejercer una influencia muy beneficiosa en el desarrollo histórico de España.
En la extensa «zona de paz» que se está formando en el mundo, desempeñan un papel importante Estados como Austria, Suecia, Finlandia, Suiza, –refiriéndonos sólo a Europa– que han adoptado una política de neutralidad. Dinamarca, Noruega, Islandia, han iniciado el mismo camino. En Alemania occidental se desarrollan poderosas corrientes en esa dirección.
La neutralidad ha sido también en el pasado la política de España. Incluso durante la segunda guerra mundial Franco no pudo ignorarla del todo –aunque sí la comprometió con una no-beligerancia activa–. El Pacto con los Estados Unidos es un pacto de guerra, que obliga a España a abandonar la neutralidad, que tan beneficiosa ha sido para nuestro país. Los factores que aconsejaron en el pasado la política de neutralidad siguen actuando. En las nuevas condiciones mundiales la neutralidad podría ser la forma concreta de incorporación de España a la gran corriente de la paz y de coexistencia. Así lo entienden, además del pueblo, importantes fuerzas de la burguesía española, que reclaman, con mucha razón, la vuelta a la neutralidad tradicional.
Los alentadores progresos conseguidos en el camino de la paz no deben impedir ver los peligros que subsisten. Las fuerzas que se benefician con los conflictos bélicos no se resignan e intentan reavivar la «guerra fría» con la esperanza de transformarla en «caliente». Multiplican las bases militares en países extranjeros. No cesan en sus campañas contra los países socialistas y otros países pacíficos. Provocan incidentes en diversos lugares del globo y se resisten a todo paso efectivo en la vía del desarme, prolongando la carrera armamentista. Se oponen al cese de las experiencias termo-nucleares, pese a la demanda de la opinión pública mundial, que ha sido apoyada por la voz del Papa, y fomentan la creación de nuevos bloques agresivos como la SEATO, el Pacto de Bagdad y el proyectado Pacto del Mediterráneo.
Hoy las fuerzas de la paz son suficientemente poderosas –como la vida está demostrando– para impedir una nueva guerra mundial. El poderío creciente de los Estados socialistas está al servicio de la paz. En aquellos países capitalistas cuyos dirigentes aún no dieron pasos resueltos hacia una política de paz, se desarrollan fuerzas poderosas que comienzan a imponer cambios positivos en la actitud de los gobiernos. Expresión de ello son las recientes declaraciones del jefe del gobierno francés y de su ministro de Relaciones Exteriores exigiendo la revisión crítica de la política internacional de Occidente. Igualmente lo es la posición del presidente de la República Italiana, el demócrata cristiano Gronchi, el cual declaró ante el Congreso norteamericano que la política Atlántica en sus viejas formas, no corresponde ya a la actual situación internacional.
Estos son otros tantos signos de los tiempos, que demuestran el cambio en la relación mundial de fuerzas a favor de los que preconizan una política de paz y coexistencia. La guerra ha dejado de ser fatalmente inevitable. Si los pueblos no debilitan sus esfuerzos en la lucha por la paz, la humanidad puede librarse para siempre del terrible azote de la guerra.
El pueblo español, como todos los pueblos del mundo, debe permanecer vigilante y alerta. El Gobierno de Franco, aplicando los acuerdos con Estados Unidos, realiza una política de rearme. La construcción de las bases militares previstas en esos acuerdos entraña un grave peligro para España, como de hecho ha reconocido en Washington el señor Martín Artajo.
El pacto con los Estados Unidos compromete la seguridad de España y el interés nacional exige que sea denunciado, estableciendo las relaciones entre España y los Estados Unidos en el marco de la neutralidad española, que no excluye la colaboración ni la amistad, fundadas en el respeto de la soberanía nacional y de los intereses recíprocos.
La diplomacia norteamericana trata de que España entre en la OTAN y en el proyectado Pacto del Mediterráneo. El interés nacional de nuestro país no aconseja entrar en nuevas combinaciones militares que atenten a su seguridad, sino salir de aquellas que ya la comprometen –como el Pacto de 1953 y el Bloque Ibérico– e incorporarse, por el camino de la neutralidad, a la gran corriente de la coexistencia pacífica y de la colaboración internacional.
España está también vitalmente interesada en que se den pasos efectivos hacia la solución de uno de los grandes problemas que retienen en este momento la atención de la opinión pública mundial: el desarme. Con ello se aliviarían las cargas que pesan sobre la economía española y se facilitaría la solución de urgentes necesidades nacionales. La opinión pública de nuestro país debe exigir que la representación española en la ONU apoye toda proposición e iniciativa eficaz en ese sentido.
Uno de los rasgos principales del mejoramiento de la situación internacional es el desarrollo del comercio entre los países capitalistas y socialistas.
Paulatinamente, una serie de países capitalistas van rompiendo las trabas que los Estados Unidos habían impuesto a su comercio. Este es uno de los principales aspectos del proceso, por el que esos países van liberándose de una dependencia que perjudicaba a sus intereses nacionales.
Las exigencias del desarrollo industrial y agrario de esos países, una vez recuperados de los daños causados por la segunda guerra mundial, les impulsan necesariamente al desarrollo del comercio exterior, a la búsqueda de nuevos mercados. Al restringirse el mercado mundial capitalista y nacer el vasto mercado socialista, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, el Japón y otros países capitalistas se orientan a extender su comercio exterior hacia ese mercado, cuya capacidad adquisitiva crece incesantemente. ‘
En los medios industriales, comerciales y agrícolas de nuestro país, lo mismo que entre los trabajadores y la intelectualidad, se comprende cada día mejor los perjuicios que causan a la economía española el que España sea el único país de Europa sin relaciones comerciales directas con los países del mundo socialista.
En estos medios, acostumbrados al trato desigual que España ha recibido tradicionalmente de ciertos Estados, produce gran impresión la actitud de la URSS en sus relaciones comerciales con los demás países. La Unión Soviética no sólo observa el principio de la igualdad y del provecho mútuo, sino que presta su ayuda técnica y científica a los países débilmente desarrollados sin imponerles condiciones políticas de ningún género. Así sucede con la India, Afganistán, Birmania, Egipto, Siria y otros países. Ofrecimientos similares ha hecho la Unión Soviética a los países de América Latina.
España necesita renovar gran parte de la maquinaria y del instrumental de su industria y desarrollar ésta; reponer el parque ferroviario y adquirir otros medios de transporte; mecanizar la agricultura; obtener materias primas para su desarrollo industrial. A cambio de esas mercancías, España podría colocar una parte de sus productos de exportación: minerales y agrícolas, textiles y conservas, &c. Los astilleros españoles podrían construir barcos para países con los que hoy no tenemos relaciones.
Sólo la política exterior del actual gobierno impide a España comerciar con la Unión Soviética y los países socialistas. Comerciar con éstos, no significa suprimir o disminuir el comercio con los países capitalistas, incluida Norteamérica, de acuerdo con los intereses nacionales de España y sin depender de nadie. Es indudable que el desarrollo del comercio con los países socialistas ayudaría a la agricultura y a la industria españolas a conseguir mejores condiciones en los países capitalistas.
No menos que las relaciones comerciales interesa a España el intercambio cultural y técnico con todos los países sin discriminación. Tanto la economía como la ciencia y la técnica españolas están profundamente interesadas en el intercambio de experiencias y conocimientos con países de alto desarrollo industrial y cultural como la URSS, Checoslovaquia y Alemania Oriental, con países de tan antigua cultura como China y otros Estados socialistas.
Pero no se puede desarrollar el comercio, fomentar el intercambio cultural, científico, técnico y deportivo, y practicar al mismo tiempo una política de hostilidad, de «cruzada», contra los países con los que interesa tener relaciones.
Por esta razón, en nuestro país se extiende la opinión de que deben realizarse cambios importantes en la política exterior y se debe volver a la política de neutralidad, interrumpida por la dictadura de Franco,
Durante los años de la segunda guerra mundial, Franco supeditó la política exterior de España a los intereses de Hitler y Mussolini. Al producirse la derrota militar del Eje, Franco pasó al servicio de los Estados Unidos. Las onerosas concesiones de Franco al imperialismo norteamericano aumentaron de año en año, hasta culminar con la firma de los tratados de septiembre de 1953.
De esta manera, Franco ha colocado a España en la humillante situación de apéndice de los Estados Unidos, de instrumento de su política belicista y de coto libre para el capital norteamericano.
Cuando el Partido Comunista denunció esa política y señaló los graves perjuicios que ocasionaría a España, hubo no pocas personas que consideraron infundadas nuestras previsiones. Pero éstas han sido confirmadas por los hechos y hoy la mayoría de los españoles coincide en esta cuestión con la opinión del Partido Comunista.
Para justificar esa política exterior, extraña a los intereses nacionales, Franco ha especulado siempre con el absurdo supuesto de una pretendida amenaza de «agresión soviética» a España. Nunca existió semejante amenaza.
Esa especulación ha sido desmentida constantemente por la invariable política de paz de la Unión Soviética. La disposición de la URSS a admitir a España en el pacto de seguridad colectiva de Europa, su voto favorable al ingreso de España en la ONU demuestra, al mismo tiempo que la falsedad de la propaganda franquista, que el País del Socialismo está animado de los mejores sentimientos de amistad y colaboración hacia España.
¿Es posible cambiar el rumbo de la política exterior española?
Sí. Es posible si las fuerzas interesadas en ello –desde la burguesía hasta la clase obrera– actúan conjuntamente en esta dirección. No hay gobierno que pueda resistir la presión combinada de esas poderosas fuerzas interiores y de la irresistible marcha del mundo por el camino de la paz y de la coexistencia.
Una prueba de ello son los acontecimientos de Marruecos.
No ha sido la buena voluntad de Franco lo que ha decidido el reconocimiento de la independencia y unidad territorial de Marruecos, con la consiguiente liquidación del régimen de protectorado. Cuando la propaganda oficial trata de presentar esos actos como un éxito de la política de Franco, pone al mal tiempo buena cara. Franco ha tenido que capitular, modificando radicalmente su primera actitud de hace pocos meses. Se ha visto obligado a capitular como consecuencia de la prolongada y heroica resistencia del pueblo marroquí y de la oposición española, contraria a toda aventura en Africa, que ha dado sus frutos victoriosos en el marco de una situación nacional e internacional en la que ya no es posible la defensa del colonialismo. La realidad es que el obligado abandono de Marruecos significa un golpe para el general Franco y los generales franquistas que encabezan el ejército, los cuales, casi sin excepción, obtuvieron sus grados combatiendo contra el pueblo marroquí en las fuerzas colonialistas de la Policía Indígena, la Legión y Regulares. Un golpe para el prestigio, el poder y los intereses de esos generales y no, como pretende la propaganda reaccionaria, para el prestigio del Ejército, muchos de cuyos oficiales vieron siempre con repugnancia la aventura marroquí y mostraron su antipatía hacia los africanistas y a su avidez de ascensos y condecoraciones.
Las concesiones hechas por Franco en el problema marroquí hubieran sido inimaginables hace varios años. Pero los tiempos cambian y la debilidad de la dictadura de Franco ya no le permite hacer frente a la voluntad del pueblo marroquí, como no podrá seguir haciendo frente indefinidamente a la voluntad de los españoles.
Esto no quiere decir que el gobierno de Franco no intente incumplir los acuerdos adoptados con el Sultán, dificultar la solución de los problemas pendientes. El interés nacional de España está en que esos acuerdos se cumplan sin reservas y en que se resuelvan los problemas territoriales pendientes sobre la base del reconocimiento del derecho del pueblo marroquí a recuperar la totalidad de su territorio.
El Partido Comunista considera que actualmente una verdadera política exterior nacional, capaz de encontrar el apoyo de las diversas clases y capas sociales del país debería incluir medidas como las siguientes:
1. Restablecimiento de la política de neutralidad española, interrumpida por el general Franco.
2. Relaciones comerciales con todos los países, tanto del campo capitalista como del socialista, sobre la base del interés recíproco.
3. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, China y todos los Estados con los que hoy no existen, independientemente de su régimen social.
4. Fiel cumplimiento de los acuerdos que reconocen la independencia de Marruecos y cooperación amistosa con el nuevo Estado marroquí.
5. Observancia de los principios de la Carta de la ONU y de sus organizaciones dependientes en las cuales participa España.
II. Premisas de una política económica nacional
La exigencia nacional de cambios profundos en la dirección política de España tiene una de sus razones principales en la situación económica a que ha llegado el país después de 17 años de dictadura.
Los datos y declaraciones oficiales dicen que la producción industrial duplicó en 1955 el volumen global de la producción de 1929-31. La Renta Nacional aumentó en el mismo período en más de un 50%; la renta por habitante en más de un 20%.
Según esta valoración oficial –de cuya exactitud es legítimo dudar, teniendo en cuenta las falsificaciones habituales y los métodos estadísticos empleados– podría parecer que la economía española se encuentra en buen camino.
Sin embargo, basta asomarse a la vida cotidiana del país para comprobar que, al mismo tiempo que las estadísticas oficiales muestran los más altos índices de producción industrial registrados hasta la fecha, se produce la vigorosa protesta de todas las clases sociales –desde los obreros hasta amplios sectores burgueses– por la situación económica en que se encuentran.
Los únicos que están satisfechos, como puede comprobarse leyendo las crónicas de las reuniones de las Juntas de accionistas y de los Consejos de administración, son los miembros de la oligarquía monopolista, cuyos beneficios alcanzaron en el año 1955 las cifras más altas de su historia. Con razón los financieros franceses que participaron en un Congreso bancario español calificaron nuestro país de «paraíso de los banqueros».
Entre tanto, los salarios de los obreros, los sueldos de los empleados, las remuneraciones de todo aquél que vive de su trabajo manual o intelectual, siguen el camino inverso. Lo mismo sucede con los ingresos reales de los campesinos, de los pequeños comerciantes e industriales. La proletarización de las clases medias de la ciudad y del campo se acentúa de día en día.
Las cifras oficiales del incremento medio de la Renta Nacional por habitante disimulan, en realidad, uno de los más claros exponentes del carácter de clase de la dictadura del general Franco: la redistribución que en estos 17 años se ha operado de la renta del país en favor de un grupo de grandes potentados.
De acuerdo con diversos estudios aparecidos en publicaciones oficiales y en la. prensa, mientras el 83% de la población española dispone sólo del 30% de la Renta Nacional, un puñado de oligarcas se queda con la mayor parte del 70% restante.
Del relativo desarrollo industrial se beneficia solamente un reducido sector de la burguesía, constituido por los grupos del capital monopolista que más directamente tienen en las manos los resortes del Estado.
No es un azar que los aumentos en la producción industrial registrados en los últimos años, correspondan precisamente a las ramas más altamente monopolizadas, como la energía eléctrica, el combustible, la química, la siderurgia, &c.
En cambio, la producción de la industria textil –la rama de mayor peso específico en el conjunto de la industria española– gira en torno al nivel de 1929-31.
Algo similar ocurre con otras ramas industriales que producen artículos de amplio consumo. Dentro de ellas sólo prosperan algunas grandes empresas con influencia decisiva en el aparato estatal. Pero miles de empresas individuales, e incluso sociedades importantes del textil, del calzado, de la industria de conservas, de salazones y otras ramas de la alimentación, del vidrio y porcelana, de la industria de la madera, de los talleres de confección y del comercio al por menor, se encuentran en situación difícil, acosadas por la crisis de venta en el mercado interior, las cargas fiscales, la falta de mercados exteriores, la carencia de divisas para reponer la maquinaria y otros factores.
El mal estado del transporte, tanto ferroviario como por carretera y marítimo, es de todos conocido.
El comercio exterior se ha reducido considerablemente en relación con 1929, y el déficit de la balanza comercial, que era de 359 millones de pesetas oro en 1953, ha llegado a 574,5 millones en 1955.
La agricultura, aunque en los últimos años inicia en ciertos sectores una ligera recuperación, aún está lejos de recobrar los niveles de 1931-35. La producción agrícola por habitante, en 1954, fué un 83,3% de la de aquellos años. La ganadería está en decadencia. La gravedad de estos hechos en un país como el nuestro, que sigue siendo preponderantemente agrícola, no necesita comentario.
¿Cuáles son las causas de esta situación? El desarrollo monopolista del capitalismo, en virtud de sus propias leyes objetivas, entraña invariablemente –en España como en todo el mundo capitalista– la acumulación acelerada de la riqueza en un polo y de las privaciones y la miseria en otro. Característica de este desarrollo, es su forma extremadamente desigual y anárquica que se traduce en el avance de unas ramas a costa del estancamiento o decadencia de otras; en el desaprovechamiento crónico de la capacidad de producción de las empresas; en la deformación militarista de la economía; en las crisis de superproducción; en la agravación extrema de todas las contradicciones sociales, inherentes al capitalismo, entre el capital y el trabajo, entre la ciudad y el campo, entre la oligarquía financiera monopolista y las demás clases y capas sociales a las que aquélla oprime, incluida la burguesía no monopolista.
Pero en las condiciones de España, las consecuencias de ese desarrollo del capitalismo monopolista se agravan por dos razones.
Primera: porque el desarrollo industrial del país entra en contradicción cada vez más aguda con las supervivencias feudales en la economía española, cuyo exponente más importante es la gran propiedad terrateniente y latifundista, causa principal, entre otros males, del paro estacional que sufre la gran masa de braceros y de la estrechez del mercado interior.
La dictadura de Franco no sólo no ha hecho nada práctico para resolver ese problema, pese a sus promesas de reforma agraria, sino que los grupos monopolistas que operan a la sombra de la dictadura extendieron sus tentáculos al campo, y a la opresión secular del terrateniente sobre el campesino ha venido a sumarse la del capital financiero.
Segunda: Por la política económica del gobierno, dirigida a forzar dicho desarrollo en beneficio de la oligarquía financiera so pretexto de industrializar el país.
Franco proclamó que la idea directriz de su política económica era la industrialización de España. Toda industrialización exige acumular e invertir grandes sumas de capital. Cuando la política de industrialización es propiciada por un Estado que representa los intereses nacionales, se extraen los recursos, en primer lugar, de aquellos grupos sociales cuya situación económica es más privilegiada. Pero cuando el Estado se encuentra en poder de dichos grupos, y la «industrialización» se lleva a cabo con el sólo fin egoísta de aumentar sus beneficios, los recursos se extraen de las masas trabajadoras y de las capas más débiles de la burguesía. Este es el caso de España. Tal es la esencia de la llamada política de industrialización que el general Franco practica desde que subió al poder.
La masa dineraria que así se obtiene es canalizada hacia los grandes Bancos y trusts monopolistas.
Algunos de los economistas en boga llaman a esos métodos de capitalización, fomento del «ahorro forzoso».
Pero, ¿cómo se obliga a «ahorrar» a los que apenas tienen para comer y vestir, y cómo se les obliga a entregar sus «ahorros» a los monopolios? Los métodos son muy variados y la historia del régimen actual es pródiga en ellos.
El método principal es reducir al mínimo posible el pago de la fuerza de trabajo y prolongar al máximo la jornada, con el fin de aumentar los beneficios de los capitalistas, lo que significa pagar salarios inferiores al mínimo vital indispensable para el sostenimiento de los obreros, aunque ello conduzca a su agotamiento prematuro, atentando a la principal fuerza productiva, creadora de todos los bienes materiales de que dispone España: los trabajadores de la ciudad y del campo.
Esto explica que el salario mínimo vital que reclaman los propios Sindicatos Verticales represente el doble, o más del doble, de los actuales ingresos efectivos del obrero. Y esta es una exigencia mínima, cuya justicia es reconocida incluso por prelados de la Iglesia y por economistas formados en las filas de Falange.
En ningún país europeo la clase obrera llegó a ese extremo, a ese distanciamiento increíble entre el salario real y las exigencias mínimas del restablecimiento de su fuerza de trabajo.
Esta ha sido una de las fuentes principales del «ahorro forzoso» a costa de la clase obrera, que durante 17 años ha alimentado las cajas fuertes del capital monopolista. Y si ese «ahorro forzoso» no ha sido mayor, se debe únicamente a la resistencia y a la lucha de la clase obrera en defensa de su derecho a la vida.
Es evidente que el aumento de salarios concedido por el gobierno en marzo de este año no resuelve el problema, máxime, cuando las nuevas alzas de precios lo están anulando rápidamente. La clase obrera –como demuestran las últimas huelgas– no cejará en su lucha por un salario mínimo vital con escala móvil por ocho horas de trabajo, por salario igual a trabajo igual; por un seguro de paro.
Por debajo de las necesidades mínimas que impone el costo de la vida y las exigencias propias de su profesión, están también los sueldos de los médicos, maestros, ingenieros, arquitectos, catedráticos, profesores y de otras profesiones liberales; los sueldos de los funcionarios del Estado y empleados privados, de las fuerzas de Orden Público y de la mayor parte de los mandos del Ejército, Marina y Aviación. Todos contribuyen al «ahorro forzoso» que la oligarquía financiera impuso al país desde que llegó Franco al poder.
Debe señalarse que la burguesía no monopolista no obtiene, en la práctica, beneficios suplementarios de la superexplotación de la clase obrera, porque el Estado, mediante la política de precios, la inflación, los impuestos y otras cargas y medidas, se apodera de una parte de la plusvalía obtenida por esa capa de la burguesía, canalizándola hacia el capital monopolista.
Otro de los principales instrumentos de ese famoso «ahorro», ha sido el sistema fiscal. La política de Franco en este orden fue simple: apretar cada vez más la tuerca fiscal a las clases más débiles económicamente. Durante la dictadura, la cifra total y el peso específico de los impuestos trasmisibles e indirectos –que son los que principalmente recaen sobre estas clases– han aumentado sin cesar.
La reforma de la contribución sobre la renta realizada en 1955, es un ejemplo escandaloso de esa política fiscal a favor de los millonarios. Redujo en un 28,57% la contribución por ingresos superiores al millón de pesetas.
Las cargas fiscales crean una situación difícil a amplios sectores de la industria y del comercio. En particular, agobian a la gran masa rural. Sobre los campesinos pesan hoy un sinnúmero de impuestos y gravámenes por todos conceptos, que constituyen una carga insoportable. Particularmente irritante y gravoso es el impuesto sobre la riqueza provincial. En cambio, los latifundios, los grandes Bancos y las empresas monopolistas, gozan de privilegios especiales, además de contar con el poder político y las influencias suficientes para burlar la ley.
La lucha contra los impuestos abusivos se ha convertido en una bandera permanente de las Hermandades, de los Sindicatos, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, de todos los sectores sociales.
La exigencia de una profunda reforma fiscal que establezca un sistema más justo, es una reivindicación general que se refleja en las columnas de la prensa y que hacen suya todas las fuerzas políticas de oposición.
Otro de los métodos favoritos de la política económica de Franco destinado a allegar los recursos que necesita la oligarquía financiera para la expansión de sus negocios, ha sido la emisión de deuda pública y de papel moneda, no respaldada por un incremento correspondiente de la producción.
El resultado es un proceso inflacionista cada día más profundo y difícil de atajar, una depreciación constante de la peseta. A los 17 años de gobierno, Franco no ha conseguido todavía estabilizar la moneda, lo que ocasiona grandes quebrantos a la economía nacional.
La inflación es una de las causas decisivas de la subida continua de los precios, y ésta disminuye día a día el poder adquisitivo de sueldos y, salarios. Puede decirse que el fomento de la carestía es parte consustancial de la política del gobierno.
Sólo en el año 1955, se ha emitido deuda pública por valor de 16.724 millones de pesetas y papel moneda por cerca de 4.000 millones, llegando la circulación fiduciaria al final de 1955 a la cantidad de 47.045 millones de pesetas, lo que representa un aumento de casi 11 veces sobre 1929, mientras la producción industrial sólo ha aumentado el doble y la agrícola por habitante es inferior al nivel de aquél año.
A la política de bajos salarios y sueldos, de altos impuestos y de inflación, se une la política de precios dictada por los monopolios, que utilizando su propio poderío económico y los resortes del Estado, imponen altos precios a los artículos que les interesan, como por ejemplo a las materias primas básicas, con grave perjuicio para las empresas más débiles. Así, han aumentado los precios de la energía eléctrica, del carbón, del acero, del hierro, del cemento, del transporte y de otras materias y servicios básicos altamente monopolizados. Desde que está Franco en el poder, los precios industriales han experimentado un alza constante y general.
Mientras tanto, la tendencia general de los precios agrícolas (los precios que recibe el campesino) en los últimos cinco años ha sido de baja. Y aún aquellos que han experimentado cierta subida, como el del .trigo, han ido quedando muy rezagados de los precios industriales. Este fenómeno no ha sido determinado únicamente por la crisis agraria de superproducción, que afecta a diversos productos del campo, sino también por la intervención de los monopolios, que de una u otra manera, valiéndose en unos casos del Estado, como sucede con el Servicio Nacional del Trigo, o de otros organismos, monopolizan la comercialización de los productos agrícolas. Y mientras el campesino recibe precios no rentables por sus productos, el consumidor tiene que pagar altos precios. Por este procedimiento, una parte de los ingresos que debía percibir el campesino se la apropian los Bancos y los monopolios industriales o comerciales.
Estos son algunos de los principales métodos, mediante los cuales el capital monopolista, sirviéndose de la dictadura de Franco, ha ido expoliando a la inmensa mayoría de los españoles y engrosando a costa de ellos sus gigantescos beneficios.
Pero este proceso no podía por menos de influir, desde el comienzo, en la restricción del mercado interior de productos de amplio consumo, pues si de un lado se mantiene la propiedad latifundista, que impide el ensanchamiento del mercado interior, de otro se reduce la demanda solvente de millones de compradores de la ciudad y del campo.
La dictadura franquista pretende «industrializar» el país sobre la base de un mercado interior cada vez más angosto e insolvente. Semejante política económica lleva en sí el germen de su propia negación. ¿Cómo puede propiciarse la industrialización, si se ciega el cauce natural de toda expansión económica: el mercado?
La dictadura del general Franco, que se debate en esta contradicción, ha buscado la salida en la militarización de la economía.
Durante un período, los sectores monopolistas han podido desarrollar la producción sobre la base del mercado que este mismo desarrollo creaba y de los pedidos del Estado, cada vez más importantes en la medida que se ampliaba el capitalismo estatal.
Los pedidos del Estado, financiados con el dinero de los contribuyentes, con la deuda pública o con la inflación, tuvieron en gran parte, desde el primer momento, carácter bélico. Las construcciones de carácter militar, la creación de reservas industriales y agrícolas con fines bélicos, la fabricación de armas y municiones, las construcciones navales y ferroviarias militares, el equipamiento y manutención de un ejército desproporcionado a las necesidades del país, constituyeron una parte, cada vez más importante del mercado estatal.
La importancia de esa orientación belicista de la política económica de Franco puede medirse por el gran peso de los capítulos militares en el presupuesto estatal y en los presupuestos de otros organismos paraestatales. El carácter semimilitar del Instituto Nacional de Industria fué declarado públicamente desde su fundación, y el papel que en su dirección técnica y administrativa desempeñan los oficiales y jefes del Ejército lo confirma. Análogo carácter militar tienen otros organismos y empresas del capitalismo estatal.
El pacto de 1953 acentuó la orientación bélica de la política económica de Franco. Los compromisos militares adquiridos por España entrañaban un esfuerzo mucho mayor en la fabricación de armamentos y, muy especialmente, en la construcción de las bases militares. Además, importantes empresas españolas empezaron a fabricar armas para las tropas americanas de ocupación en Europa.
Así se acentuó aún más la deformación militarista de la economía española en beneficio de los monopolios y en. perjuicio de los intereses generales del país. El Pacto con Estados Unidos ocasionó además otros perjuicios, no menos graves, a la economía española. Rompió unilateralmente la tradicional barrera proteccionista, facilitando la penetración de las mercancías norteamericanas en el mercado español. La agricultura y la ganadería han sufrido ya duros golpes como consecuencia de las importaciones de excedentes agrícolas norteamericanos. La siderometalurgia, la producción carbonífera y otras ramas industriales viven bajo el temor de idénticos peligros. Es sabido que las importaciones de petróleo, de gas-oil, fuel-oil americanos son una de las causas principales de la crisis iniciada en nuestra industria del carbón. El cine español vive aplastado bajo el monopolio que detenta Hollywood en el mercado nacional. Lo mismo ocurre en otros sectores de la economía española.
Los privilegios concedidos a los Estados Unidos perjudican además al desarrollo multilateral del comercio exterior, tanto en sus direcciones tradicionales, como en el aprovechamiento de las nuevas posibilidades que abren los mercados del Este.
En definitiva, la militarización de la economía, realizada por la dictadura de Franco, en lugar de ampliar los mercados interno y externo, los ha reducido. El mercado que la militarización ha abierto a determinadas ramas es artificioso y precario. La economía española, en lugar de emanciparse de su tradicional dependencia económica y política del capital extranjero, ha caído en una dependencia aún mayor del más rapaz de los imperialismos contemporáneos.
La conclusión que se desprende de este somero análisis de la política económica del general Franco, es que bajo la bandera de la industrialización, con la que quería adquirir una apariencia nacional, en realidad servía los intereses estrechos de un grupo de la oligarquía financiera española y del capital extranjero. Unos y otros explotan a España como si fuera una colonia.
La política económica de Franco se ha presentado como antimonopolista, pero bajo su dictadura los monopolios han crecido como los hongos después de la lluvia. Nunca como hoy la industria y la Banca, las riquezas del país, estuvieron concentradas en tan pocas manos. Nunca como hoy, los puestos de la administración pública estuvieron tan directamente controlados por los monopolistas y grandes terratenientes.
En las altas esferas de la economía nacional reina la arbitrariedad y la corrupción. La dictadura del general Franco es la dictadura de los March y los Villalonga, de los Barrie de la Maza y los Nicolás Franco.
Los organismos y empresas del capitalismo estatal, que de existir un poder democrático, verdadero defensor de los intereses nacionales, podrían jugar un papel beneficioso en el fomento de la economía nacional, en la defensa de ésta frente a los monopolios españoles y extranjeros, en manos de la actual dictadura son, por el contrario, un poderoso instrumento de esos mismos monopolios para imponer su ley en la economía española.
Sirviendo dichos intereses, la política económica del general Franco ha conducido a forzar caóticamente el desarrollo industrial en algunas ramas a costa del estancamiento y retroceso de otras y del empobrecimiento de la población. Esto ha agudizado las contradicciones entre los intereses de un reducido grupo de oligarcas y los de la inmensa mayoría de los españoles.
Así se explica que, aunque las estadísticas oficiales hablen de algunos avances en la producción de la industria, la dictadura no se haya fortalecido; por el contrario, es hoy mucho más débil, y su base social se ha reducido considerablemente.
El camino seguido por la política económica de Franco conduce por su propia dialéctica interna y por sus efectos acumulativos, a una situación que amenaza con desembocar en la catástrofe.
Al país, que estaba prácticamente libre de Deuda Exterior, se le ha impuesto en los últimos años un pesado fardo de obligaciones frente a otros Estados, que hipoteca en gran medida y por un largo periodo los ya menguados recursos que nutren nuestra balanza de pagos.
Más exorbitante todavía es el volumen alcanzado por la Deuda Pública, en relación con la capacidad económica real del país. La última Memoria del Banco de España recoge el hecho de que de los 16.724 millones de Deuda Pública, emitidos en 1955, más de 7.500 «no han podido todavía ser filtrados en el público» y fueron absorbidos por la Banca, que a su vez se los endosa el Banco de España.
Junto a ello está la abrumadora «cuenta de contrapartida», originada por los acuerdos yanqui-franquistas de 1953 y por la compra de los excedentes agrícolas, que según los cálculos del Servicio de Estudios del Banco Hispano-Americano, alcanzaba el 31 de diciembre último la cifra de 8.521 millones de pesetas. Esta contrapartida –exigible en todo momento– coloca al Estado español a merced de una potencia extranjera.
Para hacer frente a estas agobiadoras cargas financieras el gobierno aumenta la presión tributarla. Con el pretexto de modificar la prima del oro ha comenzado por duplicar un impuesto indirecto de tan inmediata repercusión sobre los precios, como la Renta de Aduanas.
Pero por intensa que sea la nueva sangría tributaria, el ulterior recurso a la inflación monetaria y crediticia es inevitable. Sus consecuencias en la coyuntura presente –nacional e internacional– causan profunda inquietud en las más diversas fuerzas sociales, incluyendo una parte importante de los propios círculos dirigentes del capital financiero.
En su aspecto exterior, un nuevo impulso inflacionista dificultaría aún más las exportaciones, el acceso de nuestros productos a los mercados, hoy escenario de enconada competencia; al mismo tiempo, elevaría el coste de las importaciones, comprometiendo el ya precario abastecimiento de materias primas y la adquisición del limitado equipo industrial que hoy se recibe del exterior.
En el orden interno, la nueva disminución del poder adquisitivo de la peseta, combinada con el aumento de la presión tributaria, no sólo haría aún más insostenible la ecuación precios-salarios, sino que –dadas las actuales condiciones económicas– comprometería igualmente la ecuación coste de producción-precio de venta que constituye la base de sustentación, de viabilidad de todas las empresas.
Esta ecuación se presenta ya hoy bien difícil para todas las empresas que no pertenecen al círculo reducido de la oligarquía. Un nuevo impulso inflacionista aceleraría de tal forma la depreciación de sus activos y de sus reservas, que constituiría una verdadera expoliación en masa de toda la burguesía no monopolista, multiplicando las liquidaciones y las quiebras, el cierre de fábricas y el paro obrero.
Este cuadro no quedaría completo, si no tuviésemos en cuenta que España, como todo el mundo capitalista, marcha hacia una crisis general de superproducción. Si ésta sorprende a nuestro país sin haber dado, por lo menos, los primeros pasos en la reparación de los daños ocasionados por la política económica de la dictadura franquista, las consecuencias pueden ser sumamente graves para nuestra Patria.
¿Es que a las fuerzas conservadoras les interesa esa perspectiva que además de la bancarrota económica, entraña la posibilidad de violentas conmociones sociales?
¿Es posible una política económica que impulse la industrialización de España sin acarrear los graves daños de la «industrialización» franquista y que, por el contrario, sirva para elevar el nivel general de vida de los españoles y para vencer el atraso económico de nuestro país?
Sí. Es posible sí las diferentes clases sociales interesadas en el desarrollo económico de España –la clase obrera, los campesinos, las capas medias urbanas, la burguesía nacional no monopolista– mancomunan sus esfuerzos en esa dirección.
Frente a la política franquista de pretendida «industrialización» basada en la reducción del mercado interior, el Partido Comunista propugna una política de auténtica industrialización que se asiente firmemente en la ampliación de dicho mercado. El primer postulado de esta política podría resumirse en esta fórmula que se agita hoy en toda España: una más justa redistribución de la renta nacional.
Pero, ¿cómo distribuir más equitativamente la renta nacional? No hay más que un camino: aumentar los ingresos reales de los obreros, de los campesinos, de las profesiones liberales, de la burguesía no monopolista.
Unicamente sobre esta base es posible la ampliación del mercado interior; la reanimación y el ulterior desarrollo de las industrias de amplio consumo, del comercio y los servicios, la normal acumulación capitalista y su inversión para renovar el equipo industrial, con la consiguiente disminución en el precio de coste y el incremento de la productividad nacional, creando así mejores condiciones para competir en los mercados exteriores.
En los últimos tiempos, importantes fuerzas sociales y políticas adoptan posiciones coincidentes con una serie de reivindicaciones que, respondiendo a esa necesidad de una mejor distribución de la renta nacional, el Partido Comunista había inscrito en su Programa. Este hecho tan significativo demuestra la existencia de una base común de colaboración entre el Partido Comunista, que representa los intereses de la clase obrera, y las fuerzas políticas –católicas, liberales, republicanas– que representan intereses de determinados grupos sociales.
La política económica, de Franco, al golpear indistintamente a esos grupos, sin distingos entre los que estuvieron en un campo y otro de la guerra civil, ha llevado a estos a comprender mejor que, a pesar de las contradicciones existentes entre ellos, hay intereses comunes, que permitirían concertar un programa común de transformaciones económicas.
Este programa sería la base económica de la reconciliación nacional.
Partiendo de esas coincidencias el Partido Comunista considera que entre las medidas económicas por las que en el momento actual podrían luchar unidas todas las fuerzas partidarias de la reconciliación nacional, facilitando con ello el paso pacifico a una legalidad democrática, podrían figurar las siguientes:
1. Medidas a favor de la clase obrera, dando satisfacción a las reivindicaciones presentadas por los sindicatos, en particular las de un salario mínimo vital con escala móvil, por una jornada de 8 horas; salario igual a trabajo igual y seguro de paro.
Elevación sustancial del sueldo de los funcionarios del Estado, civiles y militares, empleados, maestros, profesores, médicos y demás profesiones liberales.
2. Medidas a favor de los campesinos, dando satisfacción a las reivindicaciones presentadas por las Hermandades, en particular la reducción de los impuestos, libertad de cultivos y de comercio, revalorización de los precios agrícolas; ayuda con créditos a largo plazo, &c.
Salario mínimo vital para los obreros agrícolas, extensión a éstos de los seguros sociales, medidas eficaces de protección contra el paro estacional.
Ayuda suficiente a los campesinos damnificados por las heladas y otras calamidades de índole semejante.
3. Revisión a fondo del sistema fiscal vigente, en el sentido de que el peso principal de las cargas públicas, recaiga sobre las altas rentas y los grandes beneficios de tipo monopolista, reduciendo la contribución de los que viven de su trabajo manual o intelectual, de los campesinos, industriales y comerciantes modestos.
No podrá exigirse el pago de ningún impuesto que no haya sido aprobado previamente por una ley.
4. Nueva orientación de las inversiones públicas, reduciendo a las proporciones indispensables las de carácter militar y canalizando los recursos así liberados al fomento de la industria y de la agricultura, a la modernización del transporte, a la solución del problema de la vivienda, &c.
5. Medidas para sanear las finanzas, equilibrar los presupuestos del Estado, frenar la inflación y la carestía y estabilizar la moneda.
Supresión de las Cajas autónomas y restablecimiento del control único sobre todas las finanzas del Estado,
6. Medidas que limiten el poder de los monopolios industriales y financieros, con el fin de atenuar los perjuicios que su actividad ocasiona a la economía nacional.
7. Supresión de los privilegios arancelarios de que gozan las mercancías norteamericanas, con el fin de proteger la agricultura y la industria nacionales.
8. Fomento del comercio exterior y del intercambio técnico con todos los países en condiciones de mútuo beneficio.
III. Posibilidad de un cambio pacífico en España
La guerra civil provocada por el general Franco y sus dolorosas consecuencias han sido una dura experiencia para los españoles. Incluso entre los más declarados adversarios de la República son numerosos los que piensan que, para llegar a donde se ha llegado en España con el gobierno franquista, no valía la pena haberse sublevado.
Una enseñanza profundamente aleccionadora derivada de esa experiencia es la necesidad de acabar con el fanatismo, el sectarismo y la intolerancia en la vida y costumbres políticas españolas.
España se encuentra ante una coyuntura en la que si las fuerzas de derecha y de izquierda tienen en cuenta la dura y terrible lección de la guerra y de la etapa fascista, es posible poner fin a un largo período histórico de pronunciamientos, guerras civiles e intervenciones extranjeras, e inaugurar una nueva era de paz civil. La reconciliación nacional de los españoles es una posibilidad real y una necesidad impostergable.
¿En qué se basa el Partido Comunista para afirmar que la reconciliación es una posibilidad real? ¿En qué nos fundamos al declarar que en España es posible un cambio pacífico, que es posible reemplazar la dictadura del general Franco sin violencia, sin insurrección, sin guerra civil?
Para afirmar esto el Partido Comunista se funda en el hecho de que se está creando una nueva situación en la que la pasada guerra civil deja de ser la línea divisoria entre los españoles, y en primer plano, aparecen ante éstos los problemas de la libertad, de la soberanía nacional y del desarrollo económico del país.
En esta situación se perfilan los contornos de nuevas formaciones políticas, surgidas del seno de las fuerzas que constituían la base social de la dictadura y hoy se alejan de ella. Dichas formaciones son ya una realidad en la vida política española, influyen sobre ella, aunque algunas no aparecen aún abiertamente con su fisonomía propia.
Entre esas formaciones nuevas las que se han mostrado hasta aquí de manera más abierta son: la llamada tercera fuerza monárquica, en la que aparece como ideólogo Calvo Serer; el movimiento liberal, en el que se destacan hombres como Pedro Laín, Dionisio Ridruejo, el doctor Marañón y los dirigentes universitarios encarcelados recientemente por la dictadura, y la democracia cristiana.
La llamada «tercera fuerza» monárquica, es sin duda la que se caracteriza por una posición más derechista. En la práctica, es la expresión del pensamiento católico y monárquico tradicional. Entre sus concepciones y las del Partido Comunista, por ejemplo, hay enormes diferencias. Sin embargo, es perfectamente posible la participación en un régimen parlamentario de unos y otros, con nuestros diferentes y opuestos puntos de vista.
El movimiento liberal abarca variados matices: desde ciertos núcleos tradicionales liberales, pasando por toda una serie de personalidades del campo intelectual que han abandonado Falange y evolucionado hacia posiciones democráticas, hasta la juventud universitaria que adopta una actitud más progresista.
A través de discursos, libros y artículos, este movimiento, bajo el lema de integración, y con todas las limitaciones que la censura impone, defiende de hecho una línea de reconciliación nacional, de libertades democráticas. Los liberales han apoyado la lucha de los estudiantes contra Falange, lucha cuyo alcance político democrático es evidente.
La democracia cristiana, que se desarrolla en pugna con los elementos más fascistas y reaccionarios del catolicismo es el más importante movimiento político de las fuerzas de derecha que aparece en la arena política española. Este movimiento está inspirado por Acción Católica y por aquellas jerarquías de la Iglesia más sensibles al desarrollo histórico y que quieren diferenciar la política de la Iglesia de la política de la dictadura.
Este movimiento manifiesta sus discrepancias con la política del general Franco en problemas importantes, como la censura, la exigencia de justicia social, la crítica de las formas fascistas del Estado y la defensa de ciertas libertades de tipo democrático. Algunos de sus representantes han defendido la posición integradora que, como ya hemos dicho, mantienen también los liberales.
La ideología de la democracia cristiana es opuesta a la ideología del comunismo. Pero en los artículos publicados por Monseñor Zacarías de Vizcarra en «Ecclesia» y en algunas actitudes de jerarquías o católicos destacados hay un tono conciliante, civil, al hablar del Partido Comunista, que contrasta con los llamamientos a nuestro exterminio físico hechos por otros católicos en otros períodos. En dichos artículos no se plantea la lucha en el terreno de la guerra civil, sino en el terreno ideológico. Nosotros pensamos igualmente, que la discusión, la polémica, la lucha de ideas, y no la violencia física, son las formas que deben utilizarse para dirimir las diferencias políticas e ideológicas.
La cristalización de un partido demócrata cristiano en España es un hecho que está produciéndose. Los comunistas y la democracia cristiana en otros países han colaborado en la lucha contra el fascismo e incluso han participado juntos en diferentes gobiernos, conviven dentro de la democracia parlamentaria. España no tiene por qué ser una excepción.
Al mismo tiempo que tras la ruptura del llamado Movimiento Nacional se perfilan estas nuevas formaciones, se producen significativos cambios dentro de las organizaciones políticas y de masas de la dictadura.
Falange ha perdido la mayoría de sus miembros y se halla descompuesta y dividida en diversos grupos, enfrentados violentamente entre sí. Su fracción más activa e importante toma posición contra el dictador, al que acusa de haber traicionado los principios falangistas entregándose en manos de las fuerzas capitalistas y reaccionarias. Y esa actitud se expresa a través de una activa campaña de hojas y octavillas en las que se preconiza la necesidad de una «nueva revolución».
Cambios muy importantes se producen en el seno de los Sindicatos Verticales y de las Hermandades. Pese a la actitud de ciertos altos jerarcas franquistas, que actúan de freno, la presión de los trabajadores y la actitud de toda una serie de enlaces, de miembros de las secciones sociales y de no pocos funcionarios sindicales ha conducido al sector obrero de dichos Sindicatos a tomar en los Congresos de Trabajadores acuerdos en franca oposición con la política del régimen, y que corresponden a los intereses de clase de los trabajadores.
Las Hermandades agrarias se están transformando de instrumentos de dominación sobre las masas campesinas, en organizaciones de resistencía contra la política catastrófica de la dictadura en el campo, organizaciones que utilizan los campesinos para defender sus intereses amenazados.
Es decir, que las organizaciones sociales y políticas en que se sustentaba el franquismo, bajo la presión del desarrollo social, van modificando su carácter y contenido. Naturalmente, se trata de un proceso iniciado, cuyo desenlace depende de la actividad de las masas. Pero ya puede afirmarse que lo que antes era un régimen político social que contaba con el amplio apoyo de las clases dominantes, hoy está quedando reducido a una dictadura ejercida personalmente por el general Franco y su camarilla.
Esta dictadura se sostiene hoy sobre el Ejército y demás fuerzas armadas. Pero la ruptura de la unidad política del Movimiento, la evolución de los sectores que lo integraron, afecta también a las fuerzas armadas, que no se hallan al margen de la sociedad. Una parte importante de los mandos del Ejército se encuentra en desacuerdo con la política exterior y económica de la dictadura. La situación material de los militares que no poseen medios de fortuna o puestos en los Consejos de Administración –y son la mayoría– está muy por debajo de su papel y sus funciones. Por todo eso, Franco ya no cuenta con el respeto y el apoyo incondicional de los mandos del Ejército.
Al dictador le será cada vez más difícil continuar sirviéndose del Ejército y restantes fuerzas armadas como instrumento coercitivo contra los partidos y grupos que se le oponen, buscando solución a los angustiosos problemas de España.
Las corrientes de reconciliación nacional encuentran y encontrarán sin duda, cada vez más, el apoyo de mandos del Ejército que pondrán el patriotismo y el sentido del interés nacional por encima de un mal entendido compañerismo.
Todas estas razones dan motivos para suponer que, llegado el momento de un acuerdo político entre las fuerzas de izquierda y de derecha, el Ejército y otras fuerzas armadas podrían retirar su apoyo a la dictadura y abrir cauce a la manifestación de la voluntad nacional. De este modo, prestarían un gran servicio a la Patria, haciendo posible el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.
Esta perspectiva de cambios pacíficos, de la supresión de la dictadura del general Franco, sin guerra civil, hubiera sido inimaginable años atrás, cuando aún no se había producido la ruptura del llamado Movimiento Nacional, el enfrentamiento entre sí de los diferentes núcleos que lo componían y la aparición de nuevas formaciones políticas. Entonces, el enorme aparato militar y represivo se mantenía al lado de Franco. La labor de nuestro Partido en ese período estaba centrada en la propaganda de la política de unión nacional y en activar el movimiento de masas capaz de hacer madurar las condiciones para que esa política encarnase en la vida.
Y esa actividad del Partido ha dado frutos importantes. La conciencia de la necesidad de la reconciliación nacional ha hecho enormes progresos. En nuestro país se han producido ya acciones de masas y actos políticos importantes que encierran un comienzo de realización de la unidad de los españoles.
Las luchas intelectuales y estudiantiles, que tanta resonancia han tenido, son movimientos en los que han coincidido hombres de los más diversos horizontes.
En ciertos casos, los llamados falangistas de izquierda, católicos, democristianos, liberales y comunistas hemos hecho ya ensayos de colaboración sobre bases de un contenido democrático. Y aunque esos ensayos hayan tenido hasta ahora un carácter limitado, la experiencia, para unos y para otros, ha sido positiva. Se ha puesto de manifiesto que el hecho de haber luchado hace veinte años en campos opuestos no era un obstáculo infranqueable para marchar unidos.
¿Qué son las huelgas, manifestaciones y protestas de la clase obrera sino acciones realizadas sobre la base de la más amplia unidad? Las reivindicaciones fundamentales aprobadas por los Congresos de los trabajadores en 1955 son producto de la acción común de los obreros de las más diversas tendencias. En ella han participado, dentro de los Sindicatos Verticales, desde comunistas, socialistas y cenetistas, hasta elementos de tendencia liberal, católica e incluso falangista.
En las recientes huelgas de Navarra, Guipúzcoa, Barcelona, Alava y Vizcaya han actuado juntos comunistas, socialistas, católicos, tradicionalistas y nacionalistas vascos.
Es decir, hoy podemos hablar de la reconciliación de los españoles, de un amplio entendimiento o frente nacional, no como de una línea para el futuro, sino como de algo que empieza a brotar, pleno de vida y que madurará.
Fuerzas sobre las que durante años pesó una propaganda insidiosa, calumniando a los comunistas y presentándolos como una fuerza extraña a los intereses nacionales nos van conociendo, se dan cuenta de que sus opiniones sobre el Partido Comunista deben ser revisadas; de que el Partido Comunista es una poderosa fuerza nacional enraizada en las masas; que nada de lo que es humano y auténticamente nacional es ajeno a los comunistas; que tenemos puntos de vista realistas y constructivos sobre los problemas nacionales; que poseemos un Programa y una política coherente en consonancia con la situación nacional, y que es posible la colaboración con los comunistas.
Las acciones de masas y los actos políticos diversos llevados a cabo conjuntamente, la fuerza alcanzada por el deseo de realizar la reconciliación nacional, han conducido ya, aun bajo la dictadura del general Franco, a arrancar concesiones favorables al desarrollo del movimiento nacional y democrático.
Esa presión múltiple, cada vez más poderosa, ha obligado al gobierno en los últimos años a poner en libertad a miles de presos, a autorizar la vuelta al país (si bien con restricciones) a los exilados que no se destacaron por sus actividades políticas. Le ha obligado a atenuar la represión y a observar una actitud defensiva frente a las posiciones, cada vez más importantes, que los adversarios del régimen van ganando en las organizaciones legales. El gobierno ha tenido que ceder, bajo la presión reivindicativa de la clase obrera y de otras clases sociales; ante las exigencias de la burguesía de establecer los primeros cambios comerciales con países del Este; en el problema de Marruecos y en otras cuestiones. Ha tenido que restablecer el Primero de Mayo como Fiesta del Trabajo.
El incremento de la acción de las masas y el acuerdo entre diversas fuerzas de oposición pueden crear, incluso antes de que la dictadura del general Franco desaparezca, condiciones más favorables para una solución democrática a los problemas de España.
Los comunistas estamos dispuestos a establecer los acuerdos, pactos, alianzas y compromisos necesarios, para lograr reivindicaciones parciales, políticas o económicas, de sentido democrático, en cualquier sector de la vida nacional, incluso con fuerzas que no se plantean aún luchar por la abolición de la dictadura, y que por el momento sólo propugnan demandas de carácter parcial. Los comunistas estamos dispuestos a apoyar todo lo que represente un paso adelante en el mejoramiento de la situación del pueblo y a marchar con cuantos vayan por ese camino, aunque discrepemos en otros aspectos.
La perspectiva del cambio pacífico, de la supresión de la dictadura sin guerra civil, presupone un cierto período durante el cual las fuerzas de izquierda y de derecha, al mismo tiempo que actúan contra la política de la dictadura en diferentes terrenos, van reagrupando sus fuerzas, relacionándose entre sí, al principio con objetivos parciales, mientras no maduren las condiciones para realizar acuerdos sobre objetivos más amplios.
En ese periodo nos encontramos ya. El objetivo de terminar con la dictadura del general Franco no debe impedir luchar por toda reivindicación económica y política, aunque parezca pequeña; y los comunistas apoyaremos la lucha de todas las clases y grupos sociales contra las arbitrariedades de la dictadura.
La utilización de las posibilidades legales adquiere hoy una significación y una importancia práctica mayores. Porque esas posibilidades son mucho más amplias que hace unos años, pese a que no ha cambiado la letra de las leyes. Lo que ha cambiado es la disposición, la mentalidad, las opiniones de las gentes. Y hoy en cualquier entidad social u organización se encuentran hombres discrepantes de la dictadura que están dispuestos a dar ciertos pasos. En un momento en que el régimen se desmorona, la más mínima posibilidad legal se amplía y puede facilitar acciones de considerable repercusión política.
La frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal con arreglo a las leyes franquistas, se desdibuja. Es legal el derecho de petición; no lo son las manifestaciones en la calle. Pero entre el ejercicio del primero por los estudiantes y el paso a las manifestaciones públicas no hay ninguna muralla china, y lo uno sigue a lo otro.
Son legales los acuerdos de los Congresos de los trabajadores, pero la huelga no lo es. Mas tras los acuerdos y la actitud del gobierno, respondiendo con medidas que nada resuelven a lo que piden los obreros, vienen las huelgas de Navarra, Guipúzcoa, Vitoria, Barcelona y Vizcaya. Es decir, el movimiento democrático de masas va incrementándose y, partiendo de iniciativas que tienen una base legal, se desarrolla, rompe los marcos restrictivos de la legalidad fascista y alcanza un grado mucho más elevado, sin que la dictadura pueda impedirlo.
Aumentarán las posibilidades de acción en defensa de sus opiniones e intereses para cada una de las fuerzas que discrepan de la dictadura, si en las fábricas, en los Sindicatos y Hermandades, en las organizaciones profesionales y económicas, en las Universidades y centros docentes, en todos los lugares donde sea posible, liberales, democristianos, católicos, monárquicos, falangistas disidentes, republicanos, socialistas, cenetistas y comunistas, nos entendemos para plantear y defender juntos aquello que interese en cada momento.
Acuerdos parciales para obtener reivindicaciones políticas o económicas, desarrollarán el clima de reconciliación nacional y crearán la base para un acuerdo político de todas las fuerzas que se oponen a la dictadura o discrepan de ella, entendimiento que conducirá a la democratización de España.
Los comunistas estamos sinceramente dispuestos a marchar por ese camino. Ello significa que nosotros no tratamos de imponer a nadie nuestra política y nuestras soluciones, por la fuerza y la violencia.
Pero no es suficiente que la clase obrera y su Partido tengan esa disposición de ánimo. Es preciso que otras fuerzas y formaciones procedan del mismo modo.
Ningún Partido político cuenta hoy con el apoyo de la mayoría de los españoles. La vida impone una política de coaliciones de fuerzas políticas sobre la base de programas mínimos comunes. La vida impone encontrar un terreno en el que podamos convivir y donde cada uno pueda propugnar libremente sus ideas y soluciones. Y ese terreno, en esta situación concreta, no puede ser otro que la democracia parlamentaria. Para alcanzar ese terreno debemos entendernos todas las fuerzas que discrepamos de la dictadura franquista.
El entendimiento entre las diversas fuerzas de izquierda y de derecha es la condición para que los cambios hacia la democracia se produzcan pacíficamente. Pero el entendimiento no depende sólo de nosotros ni de las fuerzas de carácter popular. Depende en mucho de la comprensión de las formaciones políticas que surgen de entre las fuerzas que hace veinte años estuvieron en el campo adverso.
Si estas formaciones no comprendieran la presente oportunidad histórica de evitar sufrimientos y dolores al país, la posibilidad de un cambio pacifico podría frustrarse. Y entonces, el camino hacia la liquidación de la dictadura y hacia la democracia sería el de la violencia. Si la clase obrera, las masas populares y las fuerzas democráticas se vieran forzadas a marchar por el camino de la violencia revolucionaria, la responsabilidad recaería íntegramente sobre las clases dominantes, que demostrarían así no haber aprendido nada en la experiencia de estos veinte años.
Porque el triunfo de la democracia en España es ineluctable. Y el interés no sólo de las masas, sino de la burguesía nacional es que los cambios políticos en España se produzcan sin violencia.
Al propugnar el restablecimiento de las libertades y la supresión de la dictadura por vía pacífica, los comunistas lo hacemos para evitar nuevos sufrimientos al pueblo, nuevos quebrantos al país.
Uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional es, en unos el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron; en los otros el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades.
Es notoriamente perjudicial para España mantener esta situación; es absurdo contemplar pasivamente cómo se agravan y enconan los problemas nacionales, sin tratar de impedirlo, por temor a la clase obrera y al pueblo.
El Partido Comunista representa sin duda a la parte del pueblo que más ha sufrido en estos veinte años, a la clase obrera, los jornaleros agrícolas, los campesinos pobres, la intelectualidad avanzada. Si de hacer el capítulo de agravios y duelos se tratase, nadie le tendría mayor que el nuestro.
La miseria, la pobreza y la represión han hecho estragos en las clases y capas sociales que representamos. La dictadura del general Franco se ha ensañado ferozmente con nosotros.
Pero el odio y la venganza no son los sentimientos que determinan nuestra política; no lo fueron nunca, pese a que la propaganda del dictador ha esparcido esa idea falsa sobre nosotros. Los comunistas sabemos sobreponernos a los sentimientos personales e inspirarnos en los intereses superiores del pueblo y de la Patria. El odio y la venganza no deben ser tampoco los sentimientos que inspiren a otras fuerzas democráticas y a las masas populares.
Nosotros entendemos que la mejor justicia para todos los que han caído y sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España. La idea de que cualquier cambio podría acarrear la repetición por parte de las fuerzas democráticas, contra sus adversarios, de las atrocidades que Franco ha cometido contra ellas, es falsa e infundada. Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad.
¿Cómo interpretamos los comunistas estos conceptos? Cuando nosotros hablamos de paz civil, de reconciliación de los españoles, no nos referimos a un estado idílico, irreal en España o en cualquier otro país capitalista, en el que desaparezca la lucha de clases en sus diversas manifestaciones: económica, política e ideológica. Mientras exista el capitalismo, tal cosa no es posible.
Ofrecer eso sería un engaño grosero, una negación de la realidad a la que nadie podría dar crédito.
La interpretación que damos los comunistas al concepto de paz civil, de reconciliación de los españoles, parte del principio de que la democracia que se restablezca en España no puede ser exclusivamente para las fuerzas de izquierda o para las de derecha. Ambas han de tener cabida dentro de esa democracia. La norma de conducta debe ser, para unos y otros el respeto a la legalidad democrática; el compromiso de no recurrir a la guerra civil ni a las violencias físicas, para dirimir las diferencias político-sociales; el respeto a la voluntad popular expresada regularmente en elecciones libres.
Dentro del respeto a la legalidad democrática, la más amplia libertad a cada clase y capa social para la defensa de sus intereses; a cada Partido para la propaganda de sus doctrinas. El mayor respeto para las creencias religiosas de cada cual, así como para aquellos que no profesen ninguna.
Antes de 1936 no era posible hablar así, porque entonces las fuerzas de derecha, hostiles a todo progreso reaccionaban con violencia contra cualquier cambio político o social, provocando la misma violenta respuesta de las fuerzas de izquierda, y especialmente de la clase obrera que era y es, la más consecuente defensora de la democracia. En todo caso, la violencia surgió siempre de las fuerzas de derecha.
Hoy algo ha cambiado en la mentalidad de las derechas. La dictadura de Franco, que era en 1936 el intento violento de impedir el desarrollo progresivo, no ha podido impedir la acción de las leyes del desarrollo social de España.
La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico, empieza a ser comprendida por sectores sociales que antes se oponían a ello violentamente, y esto crea premisas para el entendimiento entre las diversas fuerzas politicas y sociales de nuestro país.
La clase obrera a su vez, ha adquirido una mayor madurez política, una experiencia revolucionaria, mayor conocimiento y comprensión de su papel en la sociedad y no se dejará arrastrar por propagandas infantiles, aparentemente revolucionarias, pero contrarias a sus verdaderos intereses.
La guerra no ha pasado en balde, y su experiencia es para todos fuente de aleccionadoras enseñanzas.
Por ello creemos que las formaciones políticas que se están perfilando, a pesar de sustentarse en las mismas fuerzas sociales, e incluso contar en sus filas con personalidades que ya actuaron en el pasado con la dictadura del general Franco, no pueden considerarse como una mera reedición de los viejos partidos de derecha.
Nadie hubiera podido concebir en 1936 una colaboración sobre la base de objetivos concretos, entre la CEDA, por ejemplo, y republicanos de izquierda, socialistas y comunistas.
Sin embargo, esa colaboración entre un Partido democristiano y las fuerzas democráticas y obreras, aparece hoy como una posibilidad real y como una necesidad.
En 1936 los liberales Españoles se caracterizaban por su indiferencia, cuando no por su reaccionarismo, frente a los problemas de las masas trabajadoras, frente a las cuestiones sociales.
Dentro del movimiento liberal que hoy se desarrolla existe, en cambio, un gran interés por esas cuestiones, y se dibujan corrientes progresivas que simpatizan con los trabajadores.
Por otro lado, no hay que olvidar que estas formaciones políticas surgen en una coyuntura mundial totalmente distinta a la que existía entonces y esa coyuntura imprime su sello al desarrollo de todos los países.
Mientras que en 1936 el fascismo, sostenido por las fuerzas del imperialismo y de la reacción mundial, se encontraba en un período de auge, hoy está derrotado en el mundo y su ideología ha hecho bancarrota. En cambio se desarrolla y hace sentir su influencia en la arena internacional, el campo mundial del socialismo, que abarca ya a más de 900 millones de seres humanos y que obtiene victorias y éxitos extraordinarios en la construcción de una nueva forma de sociedad.
La existencia del campo mundial del socialismo realza el papel de la clase obrera en cada país capitalista, su fuerza moral, su autoridad como clase llamada a realizar transformaciones históricas extraordinarias.
En los individuos más inteligentes de otras clases y capas sociales, hay un gran interés, una curiosidad, a veces plena de simpatía, hacia una clase que desempeña tal papel y a la cual está ligado el porvenir de la sociedad.
La clase obrera y las masas trabajadoras de España son cada vez más conscientes de su papel y de su fuerza. Las huelgas y luchas recientes de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Barcelona, como antes las huelgas y manifestaciones de la primavera de 1951, lo ponen de manifiesto.
Son justamente esas acciones de lucha de la clase obrera, de los estudiantes e intelectuales, de las masas populares en general, la palanca poderosa que acelera el desarrollo de los acontecimientos hacia nuevas conquistas democráticas, hacia la supresión de la dictadura del general Franco.
Y las nuevas formaciones políticas que se perfilan en España no pueden sustraerse al influjo de las nuevas corrientes que dominan este periodo de la historia.
Algunos pueden, quizá, preguntarse ante nuestros planteamientos: «¿Pero es posible que los comunistas sean sinceros cuando hablan de marchar juntos con fuerzas con las que social, ideológica y políticamente han estado enfrentados y de las que les separan tantas cosas? ¿Pueden ser sinceros cuando proponen la reconciliación nacional a fuerzas que les han perseguido?»
A quienes se interrogan así podemos contestarles que el Partido Comunista no orienta su política por reacciones frente a agravios, y mucho menos aún por incompatibilidades personales de sus dirigentes con los de otras fuerzas, como sucede con frecuencia en tantos partidos.
El Partido Comunista es un partido que establece su política sobre la base del análisis científico de una situación histórica dada y elabora su táctica y realiza alianzas en función de las tareas propias a esa situación, susceptibles de impulsar el desarrollo democrático, de hacer progresar al país y de mejorar la situación de la clase obrera y de las masas populares.
Utilizando ese método, el Partido Comunista llega a las conclusiones que se establecen en este documento y propone alianzas, decidido a cumplir lealmente, una vez más, los compromisos que contraiga con otras fuerzas.
El camino para democratizar España, para poner fin a la dictadura del general Franco, sin guerra civil ni convulsiones violentas, quedará abierto si todas las formaciones políticas de izquierda y de derecha se pronuncian en favor de la reconciliación nacional de los españoles y aplican esta política en los hechos.
En vísperas del XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de España se dirige a todas las fuerzas políticas llamándolas a deponer los odios y el espíritu de venqanza y a tenderse la mano para emprender la tarea de sacar a España de la difícil situación en que se halla.
Una parte de esas formaciones, por el peso que ejercen aún dentro de la actual situación –y nos referimos particularmente a demócratas cristianos y monárquicos– podrían impulsar grandemente la reconciliación de los españoles, tratando de conseguir una verdadera amnistía que cancele todas las causas judiciales de la guerra y del período posterior.
El Partido Comunista considera que una verdadera amnistía, que permitiera el regreso de los exilados, sin discriminación ni vejaciones; la liberación de los presos políticos; la reconstrucción de decenas de miles de hogares deshechos y la reparación de las injusticias cometidas, allanaría el camino al entendimiento y crearía el terreno apropiado a la convivencia nacional, dando a los españoles las posibilidades de vivir libres del temor a la persecución y a la venganza.
El Partido Comunista considera que sobre esta base puede cancelarse el pasado. Ello significa que el Partido Comunista desea que se inicie una nueva etapa en la historia de nuestro país, donde no se persiga a los hombres por lo que fueron ayer; donde sean respetadas las opiniones políticas y convicciones religiosas; donde a los trabajadores se les asegure, además de una vida digna y humana, el derecho a tener sus propias organizaciones, que representen y defiendan sus intereses vitales.
Mientras siga la represión contra quienes combatimos en el campo republicano, mientras sigan presos o en el exilio, o en libertad vigilada cientos de miles de españoles, entre los que se hallan muchas de las más grandes figuras de la ciencia, la literatura y el arte nacionales, el espectro de la guerra civil seguirá rondando en nuestra patria.
El Partido Comunista estima que la desaparición de la dictadura del general Franco y el restablecimiento de las libertades democráticas, dando la posibilidad al pueblo de expresar su voluntad en elecciones libres, debe ser en esta etapa el objetivo fundamental de todas las fuerzas nacionales y democráticas; considera que ese objetivo puede alcanzarse sin guerra civil y sin violencia, por medio de la acción unida de las masas populares y de los más amplios sectores sociales y políticos de la nación y del Estado.
Pero la lucha por la democracia en España es el conjunto de las acciones por ese objetivo fundamental y por una serie de objetivos parciales que hoy están ya planteados y que pueden extenderse y ampliarse más; acciones en las cuales se unen y agrupan las fuerzas democráticas, atrayendo a nuevos núcleos y sectores sociales, y conquistando posiciones cada vez más ventajosas para nuevos avances.
De acuerdo con esa concepción del camino a seguir, el Partido Comunista considera que en el momento actual, además de la lucha por las medidas ya propuestas en este documento, relativas a la política exterior y a los problemas económicos, las fuerzas de oposición deben luchar unidas por los siguientes objetivos:
1. Amplia amnistía que devuelva la libertad a los presos y permita la vuelta al país de todos los exilados políticos con plenas garantías.
2. Supresión de la censura para la prensa y otras publicaciones, para el cine y el teatro. Libertad de prensa y expresión, incluyendo la libertad de escribir y expresarse en los idiomas de las nacionalidades.
3. Funcionamiento democrático de los Sindicatos. Elecciones democráticas, por votación directa, de los enlaces y las secciones sociales. Elección de los dirigentes provinciales y nacionales en congresos celebrados sobre la base de la elección democrática de los delegados.
Supresión de la participación patronal en los sindicatos, que deben ser exclusivamente sindicatos obreros. Libertad para que los patronos creen sus propias organizaciones económicas al margen de los sindicatos.
4. Funcionamiento democrático de las Hermandades, comprendiendo la elección de sus dirigentes en la escala local, provincial y nacional.
5. Respeto al fuero universitario. Reposición de los profesores y catedráticos represaliados. Libertad de cátedra. Libertad para que los estudiantes celebren su Congreso y resuelvan democráticamente sus problemas.
6. Supresión del sistema de Partido único. Libertad para la reorganización y funcionamiento de todos los partidos y organizaciones políticas.
Y por todo género de reivindicaciones de contenido democrático aunque sea parcial, que puedan contribuir al desarrollo de las fuerzas de la democracia.
El Partido Comunista está dispuesto a colaborar con todas las fuerzas que mantengan una actitud favorable a todos o algunos de estos puntos; a propiciar todo lo que signifique un paso adelante en la democratización de España, en la supresión de la dictadura.
El Partido Comunista considera que aun antes de la desaparición de la dictadura es posible obtener resultados parciales en la aplicación de las medidas que se proponen en este documento, tanto en lo que se refiere a la política interior, como a la política exterior y a las reivindicaciones económicas.
El Partido Comunista apoyará a cualquier gobierno que dé pasos efectivos hacia la realización de una política de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, de paz, independencia nacional y restablecimiento de las libertades democráticas.
COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
Junio de 1956.
