La reforma universitaria que se viene

En los últimos meses viene hablándose con fuerza de la reforma universitaria.

Es una de las promesas que el ministro Wert ha anunciado para antes del fin de esta legislatura, es decir, para el próximo curso 2014-2015. No sabemos a ciencia cierta si esta promesa se materializará realmente, si se tratará de una nueva ley universitaria, o como parece más probable una reforma de la LOMLOU en determinados puntos esenciales mediante reales decretos o proyecto de ley. Lo que sí debemos saber es que de hecho exige una hoja de ruta para dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización endógena de nuestras universidades y que, con independencia de que haya una reforma formal o no, hay una reforma material del sistema universitario que viene a profundizar el papel de la enseñanza superior en la división social del trabajo para hacerlo más funcional a la burguesía en el contexto de crisis del capitalismo. En este sentido la organización del sistema universitario español y la función del conocimiento que hemos conocido van a sufrir irremediablemente importantes transformaciones por el propio devenir que está sufriendo actualmente nuestro capitalismo.

 

Marco legal histórico de la enseñanza superior1

 

El modelo universitario que tenemos actualmente es heredero directo de las reformas en esta materia iniciadas durante el franquismo y continuadas hasta la actualidad. El capitalismo español ha comprendido el papel cualifiador de la mano de obra de la universidad y la ha adaptado en cada momento a los intereses concretos que necesitaba, articulando una serie de reformas como cobertura educativa a las necesidades que ha ido requiriendo su aparato productivo.

 

En el franquismo

La reforma universitaria va destinada a frenar el avance político y cultural de las universidades cuyas reivindicacione son peligrosas si se extienden. El objetivo es que la masificación, cada vez más inevitable, sea lo más funcional posible para la oligarquía. Para ello se redacta el Informe Matut de 1969 para la reforma universitaria: reducción del número de estudiantes en las carreras técnicas como las ingenierías, segregación de titulados en función del nivel de conocimientos, creación de un Patronato que gobernara las universidades con presencia empresarial; así como la Ley General de Educación de 1970: fuerte inversión en educación para paliar las necesidades de cuadros técnicos que tenía la etapa desarrollista.

 

En los 80

El gobierno del PSOE necesita elevar los estándares educativos españoles pues el país está ya en la Comunidad Europea, en el ámbito universitario hay que elevar el número de centros y egresados fundamentalmente para ocupar los nuevos puestos laborales relacionados con el sector servicios y rellenar el esquema de cuadros técnicos y funcionarios que surge al hilo del desarrollo de las administraciones autonómicas. Se aprueba la Ley de Reforma Universitaria en 1984:

  • Se introduce la selectividad como prueba para poner trabas al acceso masivo que se produce a la universidad (de 167.000 alumnos a finales de los 60 a casi 900.000 en 1985), y que termina por configurarse como un filtro para determinadas carreras.

  • Se da un proceso de funcionarización del profesorado. Desde el movimiento de los profesores no numerarios antifranquistas el colectivo de profesores en condiciones precarias había exigido la contratación permanente en régimen laboral. La reforma procedió a darles calidad de catedráticos a buena parte de ellos, instalándose la red de departamentos y endogamia que conocemos hoy.

  • Se crea el Consejo Social como órgano que representa los intereses empresariales en la Universidad

  • Se realiza una reforma de los planes de estudio para devaluar las carreras técnicas frente a las denominadas científicas

 

En los 90 y 2000
La universidad está sobredimensionada en un capitalismo de turismo y servicios y por tanto es preciso mercantilizar la universidad mediante la desvalorizar los títulos y precarizar las condiciones de estudiantes, PAS y PDI. Así la CRUE redacta en el 2000 el Informe Bricall para el diagnóstico de una futura reforma universitaria, y en 2001 se aprueba la Ley Orgánica de Universidades por el PP:

  • Transferencia de competencias al Consejo Social (aprobación de presupuestos, etc.)

  • Creación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) para supervisar la docencia y aprobar los estudios ofertados por las universidades, órgano privado en un primer momento.

  • Empieza a hablarse del concepto becas-préstamo en una ley, del sistema europeo de créditos y de la convergencia europea, o de la falta de una rendición de cuentas de la universidad a la “sociedad”.

  • Rectores y decanos pasan a poder ser elegidos mediante sufragio.

  • Se produce en la década de los 90 un crecimiento de las universidades privadas que pasan de 4 a 18, y se crean universidades públicas para perseguir la “excelencia” como la Carlos III o la Pompeu Fabra.

Posteriormente tendrá lugar la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior, Proceso de Bolonia, como un plan de ajuste estructural de la cualificación de los títulos universitarios, que sustituirá el modelo de licenciatura de 5 años por el de grado de 4, con másters de 1 ó 2 años elitizados. La Estrategia Universidad 2015 vendrá a profundizar este proceso con los ejes de financiación y gobernanza.

 

La reforma al hilo del Informe de Expertos2

 

El informe de expertos publicado en 2013 por el Ministerio “propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” recoge una hoja de ruta de propuestas en torno a las que debe girar la reforma universitaria. No está claro que vayan a recogerse todas ni en la misma medida todos los ejes que se proponen, pero lo que es seguro es que en el mismo se exponen los conceptos y líneas maestras en torno a los que girarán parte de las reformas que se avecinan. Por eso es interesante detenerse en cada uno de los ejes del informe a analizar alguno de los conceptos claves señalados y descifrar qué van a suponer para la universidad en términos de clase.

 

Con respecto al PDI cabe señalar la tendencia a la desfuncionarización del personal docente e investigador a través de la liberalización de criterios de acreditación para el profesorado contratado y del endurecimiento de estos mismos para el profesorado funcionario. Así, una clave es aumentar el ratio de profesores que la universidad pude directamente contratar (superando el límite de la LOMLOU de un 49% del totoal de la plantilla). Así, se propone la implantación de un modelo importado de la universidad americana, los “tenure track”, formas de contratación a doctores con menos de 10 años de antigüedad para un periodo de 5 años, prorrogable indefinidamente si la universidad estima que se han cumplido los criterios y se ha realizado una elevada investigación científica. Si la principal reivindicación de los profesores antifranquistas era la contratación laboral pero con carácter permanente, el panorama futuro se presenta como un giro de 180º en este sentido, con una política de desfuncionarización pero no en base a la contratación permanente y con derechos de cara a acabar con las prácticas endogámicas y de nepotismo que se reproducen en los departamentos, sino a costa de la pérdida de derechos y estabilidad laboral, fomentando un modelo de profesorado en condiciones precarias similares a la de los no numerarios del franquismo.

 

Se persigue dar vía a la libre contratación y despido de profesores por las universidades, de manera que compitan entre si en un mercado marcado por la desigualdad económica entre universidades públicas y privadas, quedando claramente perjudicadas las primeras. También se mantienen las condiciones de precariedad del profesorado más joven en modalidad de ayudantes y asociados. Así mismo, otra de las propuestas estrella es la importación de las “named chairs”, otro producto americano consistente en cátedras financiadas por el sector privado que subvencionará la parcela de conocimiento que más le interese. Un ejemplo del sector empresarial que está interasado por potenciar la investigación y la ciencia en nuestras universidades es la multinacional Burger King, que abrió recientemente una cátedra en la Universidad de Extremadura.

 

Otro de los ejes de la reforma es el de la mencionada como calidad. La cuestión fundamental en este ámbito es la pretendidamente nueva concepción de la calidad, no basada ya en la docencia, sino sobre todo en la investigación. La razón es conocida, se dice que las universidades españolas tienen unos niveles de investigación muy bajos y que es necesario potenciar la transferencia Universidad-sociedad dado que éste es el criterio, el número de patentes científicas producidas y puestas en mercado, para medir la calidad y no la docencia que imparte el profesorado a los estudiantes. Esto se desmonta no sólo porque históricamente la universidad ha funcionado siempre como un factor productivo de primer orden bien por la vía de la investigación bien por la vía de la cualificación de los cuadros técnicos que requería la sociedad, cuestión de hecho sigue realizando, sino también porque la universidad española ya es el principal agente en la producción de investigación de impacto internacional (un 65% del total del país se realiza en centros universitarios) con un 27% del presupuesto de I+D y un 33% de trabajadores de este sector. La cuestión no debe ser si hace falta más investigación sino qué investigación y para qué, qué supone afirmar que hace falta más investigación cuando en 2010 sólo se ejecutó un 69% del presupuesto destinado a I+D, en un contexto en que nuestro sistema productivo está cada vez más cercano al subdesarrollo y donde el mundo de la empresa que se interesa por la producción investigadora universitaria es Burger King. La apuesta mil veces mencionada por los expertos por la investigación en vez de por la docencia más bien parece una cortina de humo para ocultar lo que verdaderamente importa de sus intenciones: desplazar la cuestión de la calidad de la docencia para así justificar un desmantelamiento de la red pública de universidades.

 

Esto supone fundamentalmente el estímulo y sanción financiera a las universidades en función de sus resultados en investigación, la especialización de las universidades en determinadas ramas de conocimiento, y la creación de una red paralela de universidades de primera y de segunda. La especialización de un red reducida de universidades en torno a la oferta de posgrados está relacionada con la vuelta a un modelo de universidad franquista adaptado a las condiciones actuales, un modelo de universidad dual donde los centros de los principales núcleos urbanos puedan albergar universidades dedicadas exclusivamente a la investigación y a la oferta de posgrados y las periferias queden relegadas a una educación generalista. Por otra parte, ser una universidad de posgrado está directamente relacionado con ser una universidad capaz de generar recursos propios, y esto los rectores saben muy bien que pasa fundamentalmente por obtener ingresos derivados de las tasas de matrícula que en los másters ascienden a precios desorbitados y tienen una cobertura de becas sensiblemente menor que las de grado, todo ello bajo la lógica de la financiación en función de los resultados y la búsqueda de fuentes de financiación propia por las universidades ante una inversión pública que debe reducirse progresivamente. La apuesta por atraer un mayor número de estudiantes extranjeros está íntimamente relacionada con esta necesidad de obtener fondos propios y no con la búsqueda de la “excelencia”, pretendiendo copiar el modelo de las universidades americanas de prestigio internacional que obtienen una buena parte de sus presupuestos de las altas tasas pagadas por alumnos inmirantes adinerados. Todo este proceso estaría articulado a través de ránkings universitarios cuyo papel sería clasificar los centros en función de su producción investigadora y ser un baremo para la financiación pública de los mismos y su competencia internacional.

 

En cuanto a la gobernanza los expertos se marcan una ambiciosa hoja de ruta de reformas que vendrían a remodelar todo el procedimiento mínimamente democrático que ha podido conseguirse en las universidades. Se fusionarían Consejo Social y Consejo de Gobierno en un Consejo de la Universidad que, a semejanza del Patronato franquista, une a representantes elegidos por la comunidad universitaria y mundo empresarial, y cuya mitad de miembros pueden ser elegidos a dedo por el gobierno autonómico correspondiente. Por otra parte se recomienda que la elección del rector vuelva a ser obligatoriamente indirecta, a través del claustro, así como que los decanos pasen a ser puestos a dedo por el rector. Las medidas sugeridas se plantean en un sentido de acabar con la excesiva burocracia existente en las universidades y fomentar la eficacia y la agilidad, para un modelo de universidad dedicada a la producción de “investigación” se requieren mecanismos de toma de decisiones capaces de dar respuestas rápidas a las necesidades de trabajo con que funciona el mercado.

 

La reforma de la gobernanza recae en un mito fundamental con el que pretende justificarse la reforma en general: la necesidad de “desburocratizar” la universidad. La simplificación de procedimientos adminsitrativos en las universidades es una propuesta que va contra el propio curso de los acontecimientos por dos razones: por un lado, si hay un hecho que ha acompañado el proceso de masificación universitaria en los países capitalistas desarrollados ha sido el de la creación de todo un entramado de servicios y trámites burocráticos que pudiera atender las necesidades de una de las instituciones sociales más grandes y complejas; por otro, si en algo están insistiendo las medidas propuestas por los expertos es en la implantación de cada vez más niveles de administrativos no académicos encargados de gestionar de una manera eficiente las universidades. Este modelo desarrollado en las universidades americanas ha supuesto el aumento de los cargos gestores no democráticamente elegidos, además de una multiplicación de los niveles burocráticos pues la necesidad de una gestión “ágil y flexible” de una universidad marcada por la precariedad e inseguridad de muy distintos perfiles laborales de profesores equivale al establecimiento de una administración de tipo empresarial marcada por la jerarquización y el fomento de las labores burocráticas de la misma3. Otra cortina de humo para justificar el recorte de la democracia.

 

La universidad de la reforma es la de la financiarización y la deuda. El principal eslógan aquí es el de la financiación en función de los outputs en lugar de la financiación en función de los inputs, es decir financiar a las universidades conforme a sus resultados y potenciar la obtención de recursos propios, como se mencionó antes. Para ello se plantea elaborar un método de contabilidad analítica así como desarrollar una nueva ley de mecenazgo que incremente las donaciones privadas a las universidades. Se pretende profundizar una lógica que ya ha llevado a que las universidades tengan adeudados más de 1.000 millones desde y que provoca a su vez una tendencia al endeudamiento de las propias institiciones que se convierte en la soga de subyugación de la Universidad a los intereses del capital financiero. De hecho, en caso de “desequilibrio presupuestario”, los gobiernos autonómicos - según lo previsto en el RD14/2012 - podrán intervenir las cuentas de las universidades y lo más probable es que haya fusiones de las mismas, como ocurrió con las Cajas de Ahorros. La metáfora de “la pescadilla que se muerde la cola” cobra aquí especial sentido, las universidades contraen líneas de crédito con las entidades financieras ante los brutales recortes en financiación, pero éstas exigen rendimientos y reembolso de los préstamos a medio y largo plazo, lo que refuerza la sumisión de las universidades al capital privado y el recrudecimiento de la presión financiera que soportan.

 

Otra cuestión fundamental es la de las becas-préstamo, es decir, a falta de becas y ante unas matrículas tan elevadas, a los estudiantes no les queda más opción que contraer créditos para pagar sus estudios que deban reembolsar a la entidad financiera una vez terminados los estudios con los consiguientes intereses.

 

Conscientes de las dificultades que puede suponer un modelo de tasas elevado, que los expertos proponen mantener y profundizar, además del modelo de préstamos se propone un sistema de high-tuition, high-aid model4 (matrículas altas, modelo de becas alto). Sin embargo, lo que demuestra este modelo implantado en EE.UU., uno de los ejemplos de deuda estudiantil más elevada, es que de cada dólar que se han incrementado las tasas sólo ha habido 60 centavos de incremento en las ayudas, con lo que se ha disparado el coste neto de la enseñanza secundaria para estudiantes y familias, disparándose la burbuja de deuda de los estudiantes. Si volvemos a nuestro país, vemos que por un lado el incremento de las matrículas universitarias en la mayoría de autonomías ha elevado en índices de más del 100% su precio, así como que las ayudas al estudio no han hecho más que reducirse en cantidad y cuantía, habiendo actualmente sólo un 16% de universitarios que reciben alguna ayuda al estudio según la CRUE. Por lo tanto no resultaría sorprendente que en el futuro la vía por la que se optara para hacer sostenible un modelo de tasas altas y becas insuficientes sea la del endeudamiento de los estudiantes, y de hecho algunas autonomías, como Valencia, ya han puesto en marcha iniciativas en este sentido.

 

Los títulos y estudios se adaptarán, al igual que los centros, al modelo de universidad donde se prima la investigación. Se apuesta así por avanzar en la mayoría de carreras al modelo 3+2 mayoritario en el resto de europa, 3 años para el grado y 2 para el máster, con lo que se incrementa la descualificación y devaluación de las enseñanzas de grado. Ante el pretexto de que se logra así una mayor especialización, de nuevo hay que cuestionar especialización para qué, dado que si la realidad es que las universidades tienen que aumentar sus recursos propios y en eso tiene un importante papel el hacer abusivos los precios de los másters, de lo que estamos hablando es de bajar el nivel general de formación de los egresados y elitizar la adquisición de conocimientos que corresponderían al periodo de especialización.

 

El sentido clasista de la reforma

 

En primer lugar conviene señalar críticamente el concepto de “sociedad del conocimiento” entendida como fase en la que el desarrollo de las cualificaciones es una clave de ascenso social en el mercado laboral. Así, en los datos de la OCDE reluce la tendencia al crecimiento de los empleos no cualificados y, por otra parte, el descenso del empleo para los trabajadores no cualificados: mientras la cualificación media de los trabajadores occidentales ha aumentado lo ha hecho también el porcentaje de empleos que requieren una cualificación básica, así como el porcentaje de parados entre los trabajadores menos cualificados. Es decir, el conocimiento se configura como un ascensor social negativo de manera que el acceso a él no excluye la precariedad y el desempleo, y por contra su ausencia prácticamente los hace crónicos5. En segundo lugar, queda de manifiesto por lo expuesto más arriba el escaso interés que nuestro modelo productivo y sector empresarial tienen por la investigación universitaria.

 

En este panorama marcado por la polarización de los empleos en función de las cualificaciones a la baja y por la incapacidad de nuestro modelo productivo de absorber las innovaciones que se dan en la universidad es donde hay que situar el proceso de reforma universitaria: ésta es la sociedad real a la que pretenden adaptar el sistema universitario. Adaptar la universidad a esta sociedad pasa entonces por devaluar y descualificar la formación de los futuros trabajadores y hacer funcional el modelo universitario al modelo social que se ha descrito, de forma que la división social del trabajo de la enseñanza superior adapta la mano de obra a las condiciones de paro y precariedad generales.

 

Por lo tanto comrendemos este significado clasista de esta reforma, que va más allá de los ataques concretos que se suceden en el día a día, y que se refiere a readaptar una función histórica de la universidad al capitalismo de nuestros día. De esto se puede deducir que el problema de fondo no son las reformas legales en sí, no es la concreta subida de tasas o los concretos recortes de la financiación, el problema en términos de clase es el proyecto de universidad que se está construyendo para reforzar el dominio de la burguesía. De la misma forma que la reforma no trata de hacer más empleables a los jóvenes sino formarlos para un mercado laboral de miseria, el problema de la misma no son los “recortes”, su solución no es “más financiación”.

 

La reforma universitaria es la concreción en la universidad del programa de ajuste estructural de la burguesía. El sector social al que nos dirigimos cuando analizamos los recortes, al igual que cuando analizamos la reforma universitaria, no son sólo los estudiantes en tanto que tales sino el conjunto asalariado. Porque objetivamente todos los sectores sociales que viven de un salario a título principal están interesados en erradicar una base económica, política y universitaria que va dirigida a desvalorizar y precarizar su formación y su base laboral. Esto se busca para bajar los salarios, generando una nueva generación de jóvenes titulados masificados que son futuros asalariados descualificados. Por otra parte, el endeudamiento producto de la subida de tasas y reducción de becas es un instrumento para mantener un número estable de estudiantes en las universidades y permitir la acumulación de beneficios al sector financiero, cada vez más importante en esta institución.

 

De ahí el movimiento estudiantil “de nuevo tipo”6, que realiza una lucha ya no meramente cultural, democrática e ideológica sino también salarial: luchar contra la precariedad laboral bajo un enfoque socio-político de las reivindicaciones sectoriales. No se reivindica “lo estudiantil” como lo que interesa a un grupo por sus intereses propios sino que desde lo estudiantil, desde lo sectorial, se reivindican los intereses de la clase asalariada en los distintos ámbitos sociales, laborales y políticos. Es decir, el estudiantado en su mayoría posee actualmente unas condiciones objetivas que le configuran como sujeto de clase y cuyas luchas por tanto poseen un contenido de clase por lo menos implícito en varios sentidos. Por un lado, la lucha por la educación pública no es sino una faceta más de la lucha por los servicios públicos, es decir, de la lucha de la clase obrera por los salarios indirectos que se derivan de unas prestaciones sociales que elevan el nivel de ingresos y mejoran momentáneamente las condiciones materiales de la clase. Por otro lado, defender la educación pública pasa para la clase obrera necesariamente por defender el máximo nivel y cantidad de contenidos que permitan a la clase en formación acceder en las mejores condiciones al mercado laboral. Esto es hoy antagónico al papel que cumple la universidad española en el capitalismo periférico de nuestro país, lo que confiere a la lucha del movimiento estudiantil un carácter singularmente clasista en el sentido de que reivindicar educación pública no es solamente reivindicar un privilegio gremial sino que supone que la principal batalla se da contra la misma función de la universidad en la actual división social del trabajo.

 

Este sujeto estudiantil que deja la presente reforma es relevante de cara al modelo de intervención y las herramientas de organización y movilización que vamos a desarrollar. Analizando la base económica entendemos que la precariedad no es algo coyuntural (no es algo de un momento concreto) sino estructural (una característica estable de nuestras condiciones estudiantiles y laborales) y necesitamos por tanto instrumentos organizativos permanentes (no valen instrumentos de carácter temporal, inestables, sin análisis sólidos). Esto no quita que haya momentos donde la prioridad es centrarse en reivindicaciones concretas, específicas, y a través de frentes asamblearios más flexibles. Frente a los ataques del actual capitalismo necesitamos estructuras estudiantiles que no aparezcan y desaparezcan sino que sean constantes y permanezcan en el tiempo. Frente a planteamientos maximalistas que insisten bien en la desaparición de la clase obrera de la universidad, a pesar de que la realidad demuestra de momento lo contrario, bien en la novedad que supone el que la universidad esté ligada al interés de la clase dominante, a pesar de que ha sido una de sus misiones fundamentales históricamente; y frente a planteamientos corporativistas que insisten en que la lucha por la educación pública sólo puede ganarse con luchas exclusivamente concretas y gremiales, las organizaciones permanentes son la herramienta que nos permite dar la batalla por las lucha contra la reforma y conectarla con la necesidad de transformaciones políticas como condición para la victoria sobre ésta.

 

Notas:

1. Ver Por una universidad democrática, de Francisco Fernández Buey, y los artículos de historia del movimiento estudiantil de la UJCE: http://archivo.juventudes.org/estudiantes-0

 

2. Ver el análisis de Estudiantes en Movimiento sobre el informe de expertos:

http://estudiantesenmovimiento.org/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Expertos-EeM.pdf

 

3. En un artículo traducido en SinPermiso Noam Chomsky habla de este proceso estudiado por académicos americanos: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6738

 

4. Ver el artículo de Jordi Mir y Paula Veciana al respecto:

http://www.eldiario.es/catalunya/diarieducacio/precio-carreras-muro-acceder-universidad_6_157544259.html

 

5. Ver Educar y formar bajo la dictadura del mercado de trabajo de Nico Hirtt para ampliar datos: http://archivo.juventudes.org/textos/Nico%20Hirtt/Hirtt_educar_bajo_dictadura.pdf

 

6. Ver Explicación de campaña sectorial de estudiantes 2009/10 y documentos de estrategia de este curso